El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó[1] las conclusiones del informe sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa en Guerrero.
La llamada “verdad histórica” por el ex procurador general Jesús Murillo Karam a finales de 2014, señala que los estudiantes habrían sido calcinados en el basurero de Cocula en Guerrero, cuya versión fue puesta en entredicho al señalar el informe de expertos de la CIDH, que se hubieran requerido 30 toneladas de madera y 13 toneladas de llantas, ardiendo durante 60 horas para que los cuerpos hubieran quedado calcinados.
El informe del GIEI afirma que hay inconsistencias de tiempo, modo y lugar, como la inacción o pasividad de agentes federales y militares que tenían conocimiento de lo que sucedía y no intervinieron; la no concordancia entre declaraciones de detenidos, así como el supuesto incendio del basurero.
Como se sabe, en los primeros informes que se dieron al presidente, la única preocupación lo fue, la opinión pública; luego, la tardía respuesta durante semanas de Los Pinos obedeció a que subestimó el asunto, argumentando que “era un asunto de Guerrero”. Pero además, el ex jefe de la oficina de la Presidencia y ahora secretario de Educación, Aurelio Nuño, en un desafortunado que pasa como frívolo comentario dado en Diciembre pasado, señaló que “Ayotzinapa se olvidará”.
En redes sociales, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) debe incorporar a esas investigaciones, el informe de la GIEI, pero al hacerlo de esa manera, tendría que admitir que su ex procurador Murillo Karam mintió, por lo que la Unión Europea y organizaciones internacionales de derechos humanos deben cuestionar el nombramiento de Murillo Karam, como embajador mexicano en Portugal.
Esto podría significar que los diputados de Alemania al Parlamento Europeo pudieran protestar por la designación Murillo Karam al sentirse engañados, cuando en octubre de 2014 estuvieron en México para intercambiar ideas con la cancillería mexicana y el entonces titular de la PGR, sobre el destino de las armas que ese país envió a México, en el marco del convenio de colaboración en materia de armamento. Si se descubre que una sola arma alemana disparó en contra de los estudiantes las cosas se complicarán.
Además, en una conferencia de prensa[2] que dejó más dudas que certidumbres, la procuradora Arely Gómez González, dijo que en lo sucesivo la SEIDO será quien tome las riendas de las investigaciones, substituyendo a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, cuyo director Tomás Zerón de Lucio, debería ser separado e investigado.
Los que saben de derecho podrían despejarnos la duda, si el exprocurador Murillo Karam y Zerón podrían llevar responsabilidades en el desempeño de sus encargos.
Pero el informe de los especialistas del GIEI de la CIDH no aporta nuevas pruebas, sino que cuestiona y contradice las investigaciones del exprocurador Murillo Karam y los de la actual titular. Omitió deliberadamente dar a conocer la participación de militares y de un elemento de la Policía Federal; la PGR se negó a atraer en dos ocasiones, el proceso contra el ex alcalde de Iguala; podría ser falsa la evidencia mostrada por el ex procurador Murillo Karam dando por muertos a los estudiantes en el basurero de Cocula, entre otros.
Dicho informe señala también, las deficiencias en el trabajo de inteligencia a cargo del CISEN y otras joyas más.
Las cosas no deben andar bien en materia de seguridad para México, cuando se nombra al presunto autor de una serie de ilegalidades del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que le produjeron una multa de más de 600 millones de pesos en el pasado proceso electoral, como Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a Arturo Escobar, quien ignora los temas de la agenda seguridad.
Es incongruente haberlo designado al cargo preventivo en SEGOB cuando en un acto de incongruencia siendo diputado federal, a nombre de su partido se posicionó a favor de instaurar la pena de muerte en nuestro país y sobre quien pesa el rechazo social a esa designación, en un claro pago de favores políticos.
Como incongruente y absurdo resulta el nombramiento de Vanessa Rubio Márquez, quien por su perfil diplomático venía desempeñándose como Subsecretaria para América Latina y el Caribe de la cancillería mexicana, y que ha sido designada Subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en Sedesol.
Con estas designaciones, Los Pinos manda el mensaje de improvisación, que parecieran señales de pérdida del rumbo en el país, como si sus funcionarios fueran expertos todólogos.
Para terminar y mientras se transita del “Ya me cansé” del ex procurador Murillo Karam, al “Ya Supérenlo” del presidente Peña Nieto y de la “verdad histórica” al descrédito y descalificación de la PGR.
Twitter: @racevesj
[1]Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes Ayotzinapa. Consulta su página en internet aquí.
[2]Palabras de la Procuradora General de la República, Arely Gómez González. Procuraduría General de la República. Boletín 465 /15. México, D.F., a 06 de septiembre de 2015. Consultado y tomado de internet: Boletín de Prensa.