Frente a la intensa discusión política que se vive en medios digitales y la frecuente imposibilidad de debatir sin caer en la polarización, el discurso público se ha llenado de lugares comunes que poco aportan a la solución de los problemas que tiene el país. Tal es el caso de la frecuente trivialización de la narrativa del privilegio que paradójicamente, con o sin intención, termina amenazando la sustancia del discurso e ideal de los derechos humanos. No quiere decir esto que la visibilización de los privilegios no sea pertinente, por el contrario, lo es en la medida en que ésta debería ser el eje para el fortalecimiento de los derechos humanos y su universalidad, no para su debilitamiento.
Han sido varios los debates que se han suscitado en redes sociales en los que pareciera que la necesidad de tomar posición en defensa del gobierno implica un ataque sistemático a algún sector de la población bajo el argumento de ser “privilegiado”. El problema de esta aproximación es la extrema simplificación de la sociedad en que vivimos; una en la que el 67% de las personas trabajadoras ganan menos de 15 mil pesos al mes, 29% gana menos de 3 mil pesos mensuales, y en la que para estar en el 4% con más ingresos basta con ganar más de 15,400 pesos mensuales. De acuerdo con la OCDE, un hogar de cuatro personas en México necesita entre 7 mil 561 y 20 mil 162 pesos por mes para estar en la clase de ingresos medios.
Las mujeres que exigen estancias infantiles o las familias que exigen medicamentos en los hospitales son casos claros de esta retórica que confunde, pero sobre todo distorsiona la función del gobierno en materia de garantizar el acceso a los derechos humanos, pues esos grupos no exigen privilegios.
Los mecanismos por excelencia para eliminar privilegios y universalizar derechos están en la política pública, muy particularmente en la política fiscal y en el presupuesto de egresos. Sin embargo, tampoco en este gobierno se han caracterizado por romper las inercias ni por cumplir con criterios como la perspectiva de género cuyo fin último es, justamente, extender todos los derechos humanos a las mujeres de manera igualitaria y terminar con el privilegio más evidente de todos. Como ese, se pueden mencionar otros criterios que no están siendo atendidos para acelerar la universalidad de derechos- que van mucho más allá de apoyos económicos- a toda la población: personas con discapacidad, personas LGBT+, niñas, niños, adolescentes, personas indígenas, entre otros grupos con sus distintas intersecciones.
Sin duda, la principal razón por la que a pesar de ser la economía 15 del mundo nos ubicamos en la posición 71 en cuanto a PIB per cápita y tenemos uno de los salarios medios más bajos del mundo, tiene que ver con el otorgamiento y reproducción de privilegios desde el poder político. La pregunta es si eso está cambiando.
La mayoría de la población en México busca vivir bien y que sus derechos le sean garantizados, no ser privilegiados. Sin embargo, segmentos de esa población son frecuentemente atacados si tienen alguna inconformidad con el gobierno mientras los hombres más millonarios de México en 2019 son públicamente halagados por el presidente, la competencia económica no es utilizada como un mecanismo disuasivo de concentración de riqueza ni de privilegios y la política fiscal no les ha tocado ni con el pétalo de una rosa, dejando hueco el discurso del combate a los privilegios y vaciando la posibilidad de que los derechos sean el centro de la agenda de gobierno. De continuar así y con un contexto económico adverso, se facilita el paso a gobiernos que suelen apostar abiertamente por la ampliación de privilegios y la restricción de derechos.