México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años, esta situación ha desatado un mayor número de violaciones a los derechos humanos en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales. Lo anterior lo asegura en su último informe sobre nuestro país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe denominado “Situación de los Derechos Humanos en México”, advierte que las condiciones en materia de derechos humanos en las que actualmente nos encontramos son derivadas del exceso de militarización de la seguridad pública, aunado a ello está la débil procuración de justicia para las víctimas, que en nuestro país se percibe tan deficiente e incluso en algunas instancias llega a ser inexistente, por ende la Comisión la calificó como una “simulación”.
Y que aunque en materia de legislación, en nuestro país se han presentado grandes avances reconocidos por la propia CIDH y otros organismos internacionales como la ONU, Freedom House, Article 19, Amnistía Internacional, WOLA, que recientemente han presentado sus propios informes en materia de transparencia, derechos humanos, libertad de prensa, procuración de justicia, migrantes… todos coinciden en que el problema es la implementación, es ahí donde se presentan las deficiencias y obstáculos.
En su informe, la CIDH afirmó que constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país, en su acceso a la justicia, prevención del delito, y otras iniciativas gubernamentales. “Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una simulación”.
De igual forma, la CIDH coincide con las ONG referidas en cuáles son los temas de urgencia en materia de derechos humanos en México, en primer lugar está el aumento de las desapariciones y las desapariciones forzadas con algún tipo de autoridad involucrada, el último caso sucedió apenas el pasado 11 de enero en el estado de Veracruz, hasta el momento las investigaciones oficiales concluyen que policías estatales los “levantaron” porque les resultaron “sospechosos”.
De acuerdo con cifras oficiales, en México sólo se han emitido seis sentencias en el ámbito federal por el delito de desaparición forzada, lo cual habla de un alto grado de impunidad, pero también es consecuencia de la falta de denuncias por parte de los familiares de las víctimas, en contexto, en todos los lugares que la CIDH visitó se reunió con víctimas, familiares y defensores, quienes describieron los múltiples obstáculos que han encontrado en su búsqueda de justicia y su desconfianza en las autoridades.
El siguiente tema es todavía más preocupante porque las víctimas son prácticamente anónimas, se trata de la inseguridad y el peligro que viven los miles de migrantes que atraviesan el país rumbo a los Estados Unidos de América, su estado de migrante sin documentos, los convierte en personas casi invisibles para las autoridades y la sociedad, situación que es aprovechada por criminales sin escrúpulos que comercian con ellos, empresa en la que se han visto involucrados algunos servidores públicos, hecho que constató la Comisión con varios organismos nacionales.
La CIDH reiteró su beneplácito por la apertura del Estado mexicano al escrutinio internacional, y a la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en particular, para la investigación de crímenes como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No obstante después de observar los recurrentes casos de aparentes ejecuciones extrajudiciales por parte de elementos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, las 22 personas asesinadas en Tlatlaya, la CIDH considera necesario la implementación de un cuerpo independiente para la investigación y rendición de cuentas.
Finalmente la Comisión señaló que el reto del gobierno mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su apoyo irrestricto a los derechos humanos, por lo tanto, “el gran desafío radica en romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos”.
Como respuesta a este informe de la CIDH, el gobierno federal afirmó que “no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten”, asimismo, fue enfático al asegurar que en México no se vive una crisis de derechos humanos.
Sin embargo esta situación se está agravando y de no contenerse y actuar a tiempo se puede tener un escenario de profunda crisis. Todos tenemos la palabra, no sólo en la promoción de los derechos humanos sino también en la denuncia por violaciones a los mismos.
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