Una de las crisis que ha detonado esta administración federal, es su incapacidad para resolver temas de derechos humanos y todo lo que tenga que ver con la protección de la persona humana.
El presidente Peña Nieto recibió una administración con una débil política de derechos humanos que se enmarcó en la denominada “guerra” contra la delincuencia. Crisis como el asesinato de los 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas; de los jóvenes de Villas Salvárcar en Ciudad Juárez o de los estudiantes del Tec de Monterrey, sin olvidar el casino royale en Monterrey que impactaron a la opinión pública, fueron cometidos presuntamente por la delincuencia y detonó la crisis humanitaria.
Esta administración conoció los asuntos de Tlatlaya y Ayotzinapa, cuyos caso han puesto al gobierno federal contra las cuerdas en la opinión, al participar fuerzas de seguridad en su materialización y que coloca a México en una difícil situación de derechos humanos, que ha sido censurado por gobiernos extranjeros y organismos internacionales de derechos humanos, en cuya defensa la Secretaría de Relaciones Exteriores ha podido hacer poco.
Nuevamente un tema se presenta a la opinión pública, como un ejemplo de la incapacidad de autoridades de los tres niveles de gobierno, que fueron sometidos presuntamente por una agencia internacional, cuando un equipo de varios policías federales, sustrajo de manera ilegal a la menor Alondra Luna Núñez, de su salón de clases de la secundaria en la que cursa su educación media, en Guanajuato capital, para llevarla a Houston, en Texas y entregarla a su presunta madre, sin alguna orden y sin practicarle a la menor pruebas de ADN para demostrar su verdadera filiación consanguínea.
Los medios dieron cuenta que se trataba de agentes de la Interpol, cuando en realidad eran policías federales, quienes entregaron a Alondra en la frontera a policías de ese país, como si se tratara de la extradición de un peligroso delincuente.
Sin duda alguna, a Alondra le violaron sus derechos humanos. No se le permitió a sus padres ejercer la garantía de audiencia, la sustrajeron por la fuerza y sin mostrar la orden de un juez.
Además fueron burladas y engañadas la jueza que ordenó su extradición sin demostrar la verdadera paternidad, la policía federal al involucrarse de manera ilegal, así como la cancillería mexicana y la Procuraduría General de la República, al presuntamente permitir que la Interpol permitiera ejercer funciones en territorio nacional. Vino el desmentido de Interpol que se deslindaba del operativo en Guanajuato.
Alondra regresó con sus padres en Guanajuato, luego de practicarle exámenes de ADN en Texas, que comprobaron que quien reclamaba la patria potestad y maternidad de Alondra, estaba equivocada.
No es sólo el “disculpe usted”, es el cómo es posible que una presunta autoridad internacional como lo es, la policía internacional o Interpol, pueda disponer de lo necesario, en bienes y recursos, para tomar a cualquier mexicano y de manera ilegal llevarlo sin su consentimiento y con la permisibilidad de las autoridades mexicanas para ser sujeto a lo que sea. Afortunadamente estuvo documentado con un video de un teléfono celular, que captó esas imágenes.
Esto viene a demostrar que todavía está lejos la política de derechos humanos en México; que en la discrepancia que hizo suya la cancillería mexicana con Juan Méndez, relator de Naciones Unidas sobre tortura, tiene razón el enviado de la ONU y otros temas más.
No obstante lo anterior, aspiramos a ser una sociedad de primer mundo, en donde todos los ciudadanos puedan acceder a estándares políticos, económicos y sociales de vida de primer mundo, pero con unos derechos humanos de tercer mundo. ¿Es posible convivir con esta paradoja?
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