Opinión

Derechos humanos, indispensables en la reconstrucción de nuestras realidades

Los derechos sociales como la educación, la salud, la vivienda y la alimentación, son forzosamente derechos humanos. | Leonardo Bastida

  • 05/12/2020
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Ser indígena o de origen afrodescendiente o mujer embarazada o persona discapacitada o extranjero o muchas otras condiciones de vida, pueden ser la diferencia entre tener o no acceso a una política preventiva de una posible infección de covid-19 o de atención a la misma. Lo anterior lo han aseverado diversos grupos de investigadores alrededor del mundo, quienes han observado que en ciertos sectores de la población, la vulnerabilidad hacia una infección de Sars-Cov-02 o la letalidad de la misma está directamente relacionada con las condicionantes sociales excluyentes en las que han vivido ciertos grupos sociales.

En Estados Unidos, a raíz de los recientes asesinatos de personas afrodescendientes en manos de la policía, se han visibilizado las grandes brechas existentes entre la posibilidad de atención médica que puede recibir una persona caucásica con una persona afrodescendiente. O la ubicación geográfica de los brotes de covid-19 en las ciudades norteamericanas y de otros países, siendo mayor en las zonas donde viven personas afrodescendientes, hispanas o asiáticas. Incluso, como se ha comentado anteriormente en este espacio, el acceso a los servicios de telemedicina, ha estado impactado por estas diferencias raciales y étnicas.  

En el caso de México, un artículo elaborado por investigadores de la Red Covid19 Social Science y el Centro de Estudios e Investigaciones en Antropología Social, mostró que la letalidad por covid-19 de las comunidades indígenas mexicana es casi de 18 por ciento, superior en un siete por ciento con respecto al resto de la población. Y se recuerda que hubo disponibilidad de materiales en lengua indígena sobre el coronavirus, después de la interposición de un amparo. En el caso de la población afromexicana, la información es nula. 

Las desigualdades no sólo han derivado por el origen étnico o color de piel de las personas. El género ha sido otra condicionante, se ha registrado un incremento en la violencia en contra de las mujeres; en desproporcionadas jornadas de trabajo, cuidado y trabajo en el hogar y en la pervivencia de la inequidad salarial entre hombres y mujeres. 

En el caso de la orientación sexual o identidad de género, también se han denunciado actos de exclusión, falta de medidas específicas para su atención, sobre todo, en el caso de las poblaciones trans, a quienes incluso, aún no se les reconoce su derecho a la identidad legal en más de la mitad de los países del mundo.

Hace algunos meses, organismos como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación cuestionaron algunas medidas implementadas en establecimientos comerciales que, en principio, buscaban proteger a grupos específicos de población, pero que podrían resultar excluyentes como sólo permitir el ingreso de personas adultas mayores, con discapacidad o mujeres embarazadas o con niños o niñas menores de 12 años en ciertos horarios, aunque no fueran los óptimos.

Por lo tanto, pidió a los establecimientos comerciales facilitar a las personas con ciertas condicionantes el poder comprar los insumos para su vida cotidiana en cualquier momento, pues su tiempo para hacerlo depende de otros factores como que alguien más les acompañe o que pueda llevarles.

La emergencia sanitaria en la que hemos vivido en los últimos nueve meses se ha encargado de visibilizar las grandes brechas de desigualdad existentes en todos los rincones del planeta y la exacerbación de estas motivadas por la pertenencia a ciertos grupos.  

En medio de ese panorama, la próxima conmemoración del Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre) está enfocada a exhortar su priorización durante y después de la pandemia derivada de la aparición de un nuevo coronavirus.

En su llamado, la Organización de las Naciones Unidas pide tomar en cuenta cuatro puntos: erradicar cualquier tipo de discriminación; actuar frente a las desigualdades; impulsar la participación y la solidaridad e impulsar el desarrollo sostenible. 

En los últimos meses se dirime mucho sobre el impacto de la pandemia en el desarrollo de los países, sobre todo, en aquellos denominados de ingresos bajos, en sus economías, pero poco en la vida cotidiana de las personas, a pesar de que se hable del bienestar.

El filósofo mexicano Juan Antonio Cruz Parcero ha señalado en varias ocasiones que derechos sociales como la educación, la salud, la vivienda y la alimentación, aunque sean puestos en duda, son forzosamente derechos humanos debido a que son parte de cualquier noción existente vigente de dignidad humana, pero también, su garantía, su accesibilidad y su justiciabilidad implica una redistribución de recursos más centrada en la persona, una acción más urgente que nunca.

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