La despenalización del aborto en Oaxaca reavivó un debate que enfrenta posturas ideológico-religiosas con la defensa de derechos reproductivos de la mujer.
De llevarse al terreno jurídico la discusión quedaría sin efectos, pues lo que el legislativo oaxaqueño hizo fue dar cumplimiento al mandato de tratados internacionales que nuestro país ha signado.
En julio de 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (ONU), emitió sus observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México.
Específicamente en su punto 42, incisos a), b) y c) el Comité recomendó que el Estado Mexicano “Ponga mayor empeño en acelerar la armonización de las leyes y los protocolos federales y estatales sobre el aborto para garantizar el acceso al aborto legal y, aunque no haya sido legalizado, a los servicios de atención posterior al aborto”.
Además, que “Armonice las leyes federales y estatales pertinentes con la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, sobre la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, e informe y capacite adecuadamente al personal médico para que pueda ofrecer atención especializada a las mujeres y las niñas víctimas de la violencia sexual, lo que comprende la prestación de servicios esenciales de anticoncepción de emergencia y aborto”.
Finalmente, que “Elabore los protocolos necesarios para poner en práctica las modificaciones de la Ley General de Salud, que permiten la objeción de conciencia mientras no ponga en peligro la vida de la madre y no impida que las mujeres y las niñas accedan al aborto legal, y vele porque, en esos casos, las mujeres y las niñas sean derivadas a un profesional adecuado”.
Se trata de disposiciones derivadas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida por sus siglas en inglés CEDAW y considerada como el instrumento legal más importante en la historia de la lucha por los derechos de la mujer, en particular en el tema del combate a la discriminación.
En una sociedad como la nuestra, de arraigados conceptos y conductas discriminatorias, en la que el reconocimiento de los derechos de las mexicanas en todos los ámbitos ha llevado décadas, el tratamiento, discusión y convención sobre los derechos reproductivos de la mujer sigue siendo tabú. Falta mucho para concientizar a todos y a todas al respecto.
No se trata de convencer a nadie de adoptar una conducta a favor o no del aborto. Se trata de respetar los derechos de todos y todas, independientemente de nuestra forma de pensar. Y estos derechos están presentes a nivel constitucional, en virtud de los tratados que nuestro país ha firmado, entre ellos la CEDAW.
Soy madre y amo a mi hijo, y en libertad tomé la decisión de ser madre soltera. La misma libertad que amparan y protegen la Constitución, sus leyes y tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano. Aún así no he estado exenta de críticas, ataques, incluso amenazas por parte de personas que no aceptan este ejercicio de mis libertades.
Vivimos en un país en el que ser mujer es una lucha permanente por nuestros derechos, y un cotidiano riesgo de violencia y discriminación. Sólo estableciendo con claridad el respeto a nuestros derechos podemos dar pasos firmes hacia una sociedad tolerante, progresista y justa.