México encabeza este año la Alianza Para el Gobierno Abierto. Se trata de un esfuerzo global por construir y consolidar agendas de datos abiertos, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. En ella, la apuesta general es que la distancia entre ciudadanos y gobiernos se reduzca para que ambos puedan cooperar en temas de justicia, seguridad, economía, políticas públicas, legislación, etcétera.
El énfasis de la discusión, en muchos momentos, ha estado puesto en la apertura de datos sobre las finanzas de servidores públicos y también en la apertura de datos sobre el gasto público. Esto es comprensible, sobre todo en un país en el que la corrupción sigue siendo uno de los obstáculos más difíciles de sortear en el camino a la consolidación de una sociedad participativa y democrática. Pero también ha habido esfuerzos para que la labor de legisladores y jueces se abra y sea comprensible para los ciudadanos. Parlamento Abierto y Justicia Abierta han sido los conceptos utilizados para ilustrar estos esfuerzos. La llegada a buen puerto de cualquiera de éstos, sería una buena noticia para las democracias contemporáneas.
A este panorama habría que agregar un concepto que podría ser sustancial para detonar prácticas positivas de participación ciudadana: #DerechoAbierto. Éste apuntaría a que todos los ciudadanos de una república pudieran apropiarse de sus derechos (y por consecuencia de las obligaciones anejas a ello). Se trata de apostar a que el derecho no sea visto por la ciudadanía como una imposición autoritaria. Para ello es indispensable que todos y cada uno de los ciudadanos podamos comprender lo que dicen los textos donde se encuentran expresados nuestros derechos y que podamos apropiarnos de los cauces institucionales para defenderlos.
Ahora, es posible que al plantear este panorama, uno pueda imaginar que la cantidad de documentos que tendrían que “traducirse” para cumplir con una cabal “apropiación del derecho” es tan grande, que hablar de un Derecho Abierto es una empresa imposible, producto de una fantasía, una utopía pues. Creo que es un enfoque equivocado, esto sería tanto como pretender que para que existiera un Parlamento Abierto todos los ciudadanos tuvieran que comprender con exactitud todos los reglamentos y procesos del Congreso, cuando lo que se pretende más bien es reducir la brecha entre representantes y representados para la construcción de una cultura política propositiva e incluyente.
No se necesita de una comprensión absoluta del derecho que rige a la sociedad mexicana para hablar de Derecho Abierto, más bien, lo que se requiere es el fomento de una cultura constitucional y una cultura jurídica que le den herramientas a la ciudadanía para comprender el orden de la república. Si esto sucediera, ciudadanas y ciudadanos estaríamos en condiciones de apropiarnos de los cauces institucionales necesarios para poder participar activamente en la construcción de una sociedad más equitativa.
Apropiarse del derecho significa construir una sociedad capaz de procesar el conflicto de forma justa, democrática y duradera. Si el derecho no funciona como una herramienta para procesar los conflictos, se trata de un derecho que carece de autoridad y significado social. Esto debilita a la sociedad y abona un terreno fértil para la injusticia y la tiranía.
De algún tiempo a la fecha se ha fortalecido la creencia de que en el derecho sólo encontramos la voluntad del legislador. Sin embargo, en él podemos observar también una larga historia de conflictos sociales, anhelos de justicia y aprendizaje colectivo. Esto supone que de una u otra manera el rostro de cada uno de nosotros está proyectado en los documentos jurídicos, los cuales nos significan como individuos y como sociedad. Sentirnos apartados del derecho, supone entonces que ha habido un proceso de cierre que ahora nos impide vernos representados en el juego jurídico.
Así, la apertura del derecho implica un reencuentro con nosotros mismos y nuestra historia. Lograrlo apunta a fortalecer el tejido social, a reducir el uso de la fuerza bruta para la resolución de conflictos y a construir una sociedad capaz de cooperar.
Complementar la agenda del Gobierno Abierto con una de Derecho Abierto donde se utilice la tecnología, la innovación y el talento social para que el derecho sea visto como un bien público que todos debemos proteger, podría ser una aportación significativa de la presidencia de México de la Alianza Para el Gobierno Abierto.
El autor es Octavio Martínez Michel @Octavio_MMichel
Maestro en Filosofía Política por la UAM-I y Licenciado en Filosofía por la UNAM. Dedicado a la Historia y la Filosofía del Derecho desde hace 4 años, ha sido profesor de Historia del Derecho e Historia de los Derechos Humanos en la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana y el ITESM. Actualmente es Director General de Borde Jurídico.