Las condiciones políticas, sociales y económicas de los años sesenta del siglo pasado en nuestro país derivaron en muy diversos cambios en los mismos ámbitos referidos y que se institucionalizaron a finales de esos años con la reforma político-electoral de 1977. Reforma que no solo abrió espacios de incidencia a una oposición que eventualmente, supo aprovecharlos para organizarse y cobrar mayor relevancia; sino que además, abrió las puertas al desarrollo en México del derecho de acceso a la información y el del resto de los derechos emanados de las libertades de pensamiento y expresión, como el derecho a saber y el derecho a la verdad.
El cambio social, la transparencia y la apertura democrática construidos desde entonces, no ha sido sencillo. Ha costado mucho, incluso en términos de libertades y vidas de personas. Episodios de autoritarismo y violaciones graves a los derechos humanos de las personas eran comunes en el México del partido hegemónico y el hiperpresidencialismo que buscaban prevalecer a toda costa en un mundo en evolución.
Uno de estos episodios negros de la historia de México que año con año recordamos, es, sin duda alguna, los hechos ocurridos en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, perpetrada por el Estado y en la que no solo perdieron la vida muchas personas inocentes sino que igualmente fueron desaparecidas muchas otras. Todo ello, con la activa participación, coordinación, encubrimiento y complicidad de diversas instituciones del gobierno, así como por medio del engaño y, sobre todo, la traición a las personas al violentar sus vidas, su libertad y muchos otros derechos humanos, valores y principios que son la base de un verdadero Estado democrático constitucional.
Contra este tipo de eventos y acciones, por demás lesivos de las víctimas directas, de sus familiares y allegados, y de la sociedad en su conjunto, el derecho a la verdad es, como lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un derecho de carácter colectivo que permite a la sociedad tener acceso a información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos y un derecho particular para familiares de las víctimas, el cual permite una forma de reparación.
En nuestro país este derecho se encuentra previsto, aunque sin mención expresa, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente (artículos 5 y 8, fracción VI; 113, fracción III y 115, entre otros). Lo anterior, me parece que no permite la debida visibilización y pleno ejercicio del derecho a la verdad como lo que es un derecho humano exigible por las personas y debidamente garantizado por el Estado.
Más allá del tema estrictamente jurídico que ya es discutible, aunque la Ley General referida es por mandato del artículo 133 constitucional, Ley Suprema de toda la Unión; el derecho a la verdad, aún pensado como mera deducción lógica del derecho humano de acceso a la información y parte de la libertad de expresión, no puede sino tener y compartir la misma naturaleza de derecho humano. Mismo que por ello, en todo caso, debe ubicársele en la declaración de derechos de nuestro texto constitucional de modo expreso para darle plena visibilidad y una base para su ejercicio directo y construcción conceptual a través de su argumentación.
Hacer lo anterior, en un país como el nuestro, es de la mayor relevancia. El derecho a la verdad no se refleja en forma alguna con memoriales o placas declarando que fue el Estado el responsable u ofreciendo disculpas. Ello prevalecerá mientras no cambiemos el enfoque, pues no podremos trasladar efectivamente el sentir de la comunidad a las verdaderas personas responsables o siquiera, reconciliarnos, explicarnos e interpretarnos en el presente con base en certezas respecto del pasado. Solo seguiremos dejando constancias de hechos históricos, pero sin el necesario y debido, sello jurídico.
“El 2 de octubre no se olvida”.