Opinión

Derecho a la alimentación y etiquetado

La reforma a la Ley General de Salud podría considerarse la más importante en cuanto a derecho a la alimentación se refiere. | Leonardo Bastida

  • 05/10/2019
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De manera tautológica se podría inferir que el derecho a la alimentación es el derecho que tienen todas las personas a poder contar con alimentos para su subsistencia diaria, a no padecer hambre. Sin embargo, este derecho no sólo busca garantizar eso, sino que pretende ampliar el concepto de alimentación a que esta sea adecuada, segura, saludable, culturalmente aceptable y accesible.

Al respecto, existen algunas normas internacionales que establecen recomendaciones para que todos los Estados protejan y garanticen este derecho, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que habla sobre la producción y distribución de alimentos, y el derecho que tienen todas las personas a la alimentación, de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha señalado que este derecho es una obligación legal de todos los estados, permite que las personas se puedan alimentar en condiciones de dignidad; las empodera; genera estrategias económicas racionales; hace frente a las causas fundamentales y su garantía es una cuestión de ética, en el sentido de que la inacción es una actitud falta de ética.

En el caso de México, este derecho está garantizado en la Constitución. Sin embargo, el panorama epidemiológico actual indica que más de 70 por ciento de la población registra problemas asociados a un aumento de su peso corporal por lo que la garantía del derecho a la alimentación no estaba siendo atendida en el marco de las políticas de salud pública.

Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó, casi de manera unánime, reformas a la Ley General de Salud en diversos rubros. El debate central estuvo focalizado en el etiquetado frontal de alimentos, pues se exigió que este fuera más claro para las personas y así seleccionen sus alimentos de manera informada y consciente de los riesgos a la salud que el consumo de algunos alimentos podría acarrear.

Así, se adoptara un etiquetado denominado de advertencia, similar al de Chile y Perú, en el que en la parte frontal de los alimentos empaquetados se colocará una advertencia si contienen altos índices de azúcar, grasas trans, grasas saturadas, sodio, aditivos.

Si bien este cambio representa un gran logro, la reforma a la Ley General de Salud fue más amplia, e incluso, podría considerarse la más importante en cuanto a derecho a la alimentación se refiere, pues estableció que es deber del Estado la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, y promover acciones a favor de una alimentación nutritiva y la realización de actividad física.

Igualmente, se habla que los programas de nutrición deben promover la alimentación nutritiva y considerar las necesidades nutricionales de la población, así como establecer las necesidades nutrimentales en las que se eviten los altos contenidos en azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio, y crear medidas de difusión para que la población en general no se exceda en el consumo de estos.

Asimismo, la Ley General de Salud definirá lo que son los nutrimentos críticos, que son aquellos componentes que pueden ser un factor de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles.

Si bien la propuesta original era aún más amplia y definía específicamente a cada uno de estos nutrimentos, la iniciativa de reforma generará un cambio sustancial en materia de regulación de los productos alimenticios.

El gran reto consistirá en que esta reforma sea aprobada por el Senado de la República, bajo la presión de los grandes consorcios de la industria alimentaria, pero también que en caso de aprobarse la reforma, se genere una estrategia integral que coadyuve a un mejor ejercicio informado del derecho a la alimentación mediante materias escolares de educación para la salud, campañas de difusión más intensas, mejor enfocadas y basadas en evidencia científica, ayuda y promoción a productores pequeños para la venta de sus productos, mejora en los precios de los alimentos y promoción de una oferta más saludable en tiendas, tiendas de conveniencia, supermercados, publicidad alimentaria y otros espacios de venta.

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