Opinión

Demoledor informe

Ayotzinapa es una herida abierta para México, como lo son las denuncias de 26 mil desapariciones forzadas a lo largo y ancho del país.

  • 26/04/2016
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"No nos dejen  solos", fue el grito con llanto de los familiares y los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

La súplica estremeció a los asistentes al último informe del GIEI este pasado domingo 24 de abril, no sólo por el dolor que representa para los padres la desaparición forzada de sus hijos, sino porque en el fondo lo que refleja es un sentimiento de desamparo, de orfandad de justicia y seguridad, que lastima la dignidad humana.

 

El informe es demoledor al señalar no solamente las múltiples falencias de la investigación, como la utilización de la tortura como medio para obtener confesiones en lugar de investigaciones basadas en pruebas periciales; su ocultamiento y dilación en el acceso a información por parte de las mismas autoridades que fragmentaron las averiguaciones; y omitieron varias líneas de investigación que debieron ser seguidas para dar con los responsables, no sólo materiales sino también intelectuales, porque además acusa el funcionamiento del sistema de justicia en México.

 

Las revelaciones del informe dan cuenta de la participación de más autoridades de estado que cercaron a los estudiantes durante horas, que supieron lo que estaba sucediendo y les negaron cualquier apoyo dejándolos a merced de sus victimarios.

 

El descubrimiento de un video tomado por periodistas locales donde se muestra al Director de la Agencia de Investigación de la PGR, Tomás Cerón, el 28 de octubre casi un mes después de los hechos, en el río de San Juan, en una diligencia que no consta en el expediente de investigación, donde se ven bolsas con restos humanos muy similares a los que después encontraron los buzos pero el 29 de octubre, hace sospechar la siembra de evidencias.

 

Estos hechos plasmados en el informe nos señalan un encubrimiento de las autoridades federales porque el ejército y la policía federal sabían que estaba sucediendo esa noche en Iguala pero no hicieron nada. Las policías locales de Iguala y al parecer de Huitzuco participaron de la persecución a los jóvenes y los detuvieron para supuestamente entregarlos al crimen organizado lo que señala la posible colusión con el crimen organizado.

 

El gobierno de Enrique Peña Nieto decidió no renovar el Acuerdo de Asistencia Técnica con la CIDH, que él mismo solicitó a ese organismo protector de los derechos humanos para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos, negando con ello el acompañamiento internacional para apoyar a nuestro incapaz sistema de justicia que mantiene el 98 por ciento de casos de impunidad de acuerdo al índice global de impunidad 2016 en México[1].

 

Aunque el coro de periodistas y “defensores de derechos humanos” afines al oficialismo descalifiquen lo que fue el último informe del GIEI, lo cierto es que ese grupo de expertos aportaron mucho al caso porque encontraron nuevas líneas de investigación que plantean como posibilidad de que el objetivo de la agresión fuera no permitir la salida de los camiones, debido a que pudieran ser utilizados para tráfico de heroína a Estados Unidos; nuevos posibles niveles de responsabilidad estatal e involucramiento de autoridades; develar que la “verdad histórica” del gobierno federal se basa en pruebas de dudoso origen científico; la importancia de escuchar a las familias y los testimonios de los normalistas sobrevivientes y a personas que viven en Guerrero y que hablan del miedo y de la colusión crimen organizado-autoridades.

 

El gobierno prefirió la confrontación con la CIDH, en lugar de reconocer sus responsabilidades en los hechos como Estado, la presencia del GIEI le incomodó hasta tal punto que ninguna autoridad asistió al informe. El GIEI y el Presidente de la CIDH, James Cavallaro no tuvieron a quien entregarle el informe que muestra de cuerpo entero graves violaciones a los derechos humanos. Es un mensaje aciago por parte del gobierno federal, no sólo a ese organismo internacional, sino también a las víctimas y a quienes les acompañan que reclaman desde hace un año y siete meses, verdad y justicia.

 

Ayotzinapa es una herida abierta para México, como lo son las denuncias de 26 mil desapariciones forzadas a lo largo y ancho del país, en las que en muchas de ellas hay participación directa de agentes estatales.

 

"Esperamos que la sociedad civil acompañe a las familias. Nos vamos preocupados por ellos", dijo en su último mensaje el GIEI, nosotros nos quedamos preocupados porque el gobierno al sacarlos del país, también confina el escrutinio internacional para la seguridad de las familias y su acceso a la justicia.

 

También confina ese escrutinio para que la sociedad mexicana conozca la verdad. En el contexto de violaciones graves de los derechos humanos, existe una obligación particular que exige que los estados informen acerca de lo ocurrido no sólo a las víctimas y sus familias, sino también al conjunto de la sociedad a fin de restablecer la confianza en las instituciones estatales y evitar la repetición de esos actos.

 

Gracias al GIEI y solidaridad con las familias. Existe exigencia al gobierno federal para esclarecer los hechos y su dudosa actuación por decir lo menos.

 

En otros temas

 

Se prevé que esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el amparo de la organización R3D que encabezan Luis Fernando García y Carlos Brito, en contra de los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones que permite la geolocalización en tiempo real y la intervención de las telecomunicaciones sin orden judicial u otra salvaguarda para proteger a los ciudadanos de su uso indebido por parte de las autoridades involucradas en temas de seguridad. Insisto, no es incorrecto la utilización de herramientas de monitoreo para combatir la delincuencia, lo incorrecto es la ausencia de disposiciones para que no se haga mal uso de ellas.

 

Un ejemplo de ese uso indebido lo muestra el último informe del GIEI, en el sentido de que los jóvenes habrían sido monitoreados por las autoridades que pudieron haber estado involucradas en el ataque y su posterior desaparición.

 

El proyecto de sentencia a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán propone negar el amparo interpuesto, lo cual sería una condición más para que autoridades corruptas puedan utilizar estas herramientas para violar derechos humanos, es indispensable que el resto de los ministros impidan este retroceso para nuestros derechos.

 

@callejag

@OpinionLSR

 

[1] http://www.udlap.mx/igimex/assets/files/IGI-MEX_CESIJ_2016.pdf

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