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Democracia paritaria e interseccionalidad

Resulta indispensable pensar la democracia desde un enfoque de interseccionalidad. | Fernanda Salazar

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Escrito en OPINIÓN el

Hace unos días, en el marco de la conmemoración del aniversario del voto de las mujeres en México, en redes sociales se discutía y cuestionaba si la participación política de las mujeres había creado impacto, o simplemente estaba reproduciendo los mismos resultados que la política, históricamente liderada por hombres. 

Resulta paradójico que esta narrativa pretenda medir con la misma vara esa participación a la luz de sistemas sociales que por siglos –en democracias antiguas, regímenes no democráticos y democracias liberales– han sido creados por y para los hombres (lo sabemos: un tipo específico de hombres a partir del cual se establecen todos los roles y modelos de liderazgo vinculados a una idea de masculinidad y éxito). Esto, a tan solo 68 años de que las mujeres tuvieron el derecho a votar por primera vez en México, y con el sinuoso camino que ha implicado el avance de su participación política. 

Pareciera que olvidamos que, en el proceso que ha llevado a la reciente incorporación de la paridad en nuestra Constitución, la lucha por condiciones de igualdad en la participación política ha estado llena de violencia y obstáculos que de manera estratégica las mujeres han podido librar con altos costos, incluyendo sus vidas. Tan solo antes de que terminara la primera década de este siglo y frente al incremento de cuotas para las mujeres, la respuesta de los partidos políticos (mismos que, representados en el Congreso, habían aprobado una mayor participación) fue hacer trampa y violentar a las mujeres a través de la sustitución de candidatas que, en su momento, fueron llamadas despectivamente “juanitas”. 

En ese mismo lapso de tiempo, México se ha convertido en uno de los países más violentos del planeta, con cifras y fenómenos aterradores para las mujeres. Esa violencia ha sido claramente trasladada al ámbito político en la medida que hay más presencia en distintos espacios de poder. Porque eso es lo que hay que entender: la violencia contra las mujeres se desplaza a donde están las mujeres y, por eso, no es de extrañar que los feminicidios ya no se den solamente en el ámbito doméstico, como lo ha documentado intersecta, sino en el espacio público. 

En ese sentido, quienes cuestionan el impacto de la participación política de las mujeres como si ésta fuera un hecho dado históricamente, ignorando las enormes luchas que se han enfrentado para alcanzarlas, lo hacen usando como recurso la falta de interseccionalidad de la misma, pero sin ver que las condiciones habilitantes para la participación política –que no son determinadas por las mujeres sino por el sistema social y político en el que vivimos– son profundamente discriminatorias. 

En ese sentido, si al menos un amplio sector del feminismo reconoce la interseccionalidad como el enfoque de sus luchas, lo que resulta indispensable es también pensar la democracia desde ese enfoque, y no recurrir a ideas que refuerzan la narrativa de que la participación de las mujeres no aporta nada o es innecesaria. 

Es importante entender que las reglas de los campos de poder, en este caso el político, no están definidas por todos sus participantes de la misma manera, ni las luchas de fuerza son “parejas”. Los campos, como explica Bourdieu, tienen normas de entrada que a su vez están determinadas por el capital con el que cuentan los individuos para ejercer poder o influencia. Hoy por hoy y a pesar de los muchísimos avances, el campo de la política –como prácticamente todos los demás– sigue estando marcado por las reglas del patriarcado y desmantelarlas no es tarea solo de un grupo de mujeres electas, sino de los hombres en el poder y de toda la sociedad, partiendo de la transformación de las expectativas. 

Esto no quiere decir, de ninguna manera, que las mujeres, por el hecho de serlo, no tengamos responsabilidad en la reproducción de esas normas, sino que fallar en comprender las dinámicas de asimilación que se dan en las estructuras de poder nos impide actuar de manera estratégica y ubicar las causas de la falta de impacto en las estructuras. 

La posibilidad de avanzar en una democracia realmente incluyente desde una perspectiva feminista e interseccional, está totalmente vinculada a cambiar las reglas, prácticas, políticas y creencias que las mantienen, y estas solo pueden ser abordadas a través del acceso de muchos más grupos sociales a los campos de poder; para transformar los campos y el ejercicio del poder en ellos. Incluso, para trascenderlos. Esto exige la pérdida de privilegios para quienes históricamente han detentado el poder –y siguen haciéndolo–. 

En este sentido, no es conveniente, ni abona al cambio social, una narrativa sobre la participación de mujeres que cuestione si deben o no participar, sino una que impulse una visión en la que todas las mujeres y todas las poblaciones que no tienen ni han tenido acceso a la toma de decisiones tengan las condiciones necesarias para participar en política en condiciones de plena igualdad y libres de violencias, de forma que los procesos de asimilación patriarcales y supremacistas dejen de operar con la fuerza que lo hacen aún hoy en día. Esto debe suceder a todos los niveles: desde el nivel comunitario, que en muchos sitios sigue excluyendo a las mujeres de posiciones de autoridad oficial, hasta la toma de decisiones nacionales e internacionales, en las que la diversidad de representación es mínima, a pesar de una mucho mayor presencia. 

Al respecto, Jone Martínez apunta hacia la necesidad de revisar los agentes que diseñan los dispositivos de la participación democrática. Categoría bajo la cual pueden caber muchos, pero que tienden a ser individuos y organizaciones liderados por personas con características e identidades similares a quienes terminan detentando las posiciones de poder político. Por ello, sugiere revisar el génesis de la reproducción social del poder. En el caso de México, esto no se podría entender sin la intermediación de partidos políticos y otros agentes de la sociedad que tienen que comenzar a cuestionarse su papel en la profundización democrática.