Todavía no se cumple un año, y el actual grupo gobernante replica cada vez con mayor soltura aquellas prácticas que condenaba hace tan sólo unos meses -y que fue una de las principales razones por los que obtuvo el voto de una sociedad cansada de los abusos de las élites-, incurriendo en franca contradicción con lo que entonces postulaban como oposición. Parece que en su afán por ocupar todos los espacios a través de incondicionales -ya ni siquiera aplican las cuotas pues los números les dan para imponer a sus cuates sin tener que negociar con nadie- e ir desmontando cualquier contrapeso, no reparan en las consecuencias que ello puede tener para el país e incluso para su propio proyecto político.
En la modificación ex post de la constitución local en el caso de Baja California para ampliar el periodo de gobierno de Jaime Bonilla así como en el cuestionado proceso para designar a la presidenta de la CNDH, tenemos dos ejemplos nítidos del poco respeto a las reglas y la poca importancia que tienen las instituciones cuando interfieren con sus propósitos. Todo apunta a que ahora van por la captura del INE como se desprende de dos iniciativas de reforma constitucional presentadas por integrantes del grupo parlamentario del partido en el gobierno y de sus aliados (PVEM, PT).
Para efectos prácticos, lo que pretenden es la desaparición de los organismos electorales locales y que los consejeros locales del INE sean nombrados por la Cámara de Diputados -con lo cual podrían asegurar el control de la estructura pues a su vez estos son quienes nombran a los consejeros distritales-, además de disminuir a tres años la presidencia del Instituto -actualmente es por nueve años-, para lo cual destituirían al actual presidente cuyo periodo termina en 2023.
A ello hay que sumarle que en abril del próximo año, deben nombrar a cuatro nuevos integrantes del Consejo General y, dados los antecedentes, lo que se puede esperar es que se trate de personajes cercanos al gobierno con lo que lograrían contar con una autoridad electoral a modo causando un grave daño a nuestro sistema democrático. Si en el caso de instituciones como la CNDH su independencia del poder público es indispensable para gozar de credibilidad, con mayor razón si se trata del árbitro de las elecciones.
Es cierto que nuestra democracia es imperfecta y hay mucho que revisar como el costo del modelo de organización electoral -para lo cual el voto electrónico puede ser una alternativa viable- o el desvío de recursos públicos para campañas -por tratarse de delitos electorales corresponde investigar y sancionar a la Fepade cuyo titular es un hombre cercano al presidente López Obrador-, pero debemos reconocer que en términos generales el INE ha cumplido e incluso se le ha reconocido internacionalmente.
No es fortuito que en los últimos 18 años se hayan registrado en forma pacífica tres alternancias a nivel presidencial -en la última de las cuales López Obrador obtuvo la victoria con la actual integración del INE-, o que en 23 de las 35 elecciones a gobernador celebradas en los últimos 4 años haya triunfado la oposición de distinto origen partidario.
Una condición sine qua non en toda democracia es el respeto a las reglas del juego previamente acordadas, que estás no se modifiquen en beneficio propio, y la necesaria independencia de la autoridad electoral. En 2021 el INE habrá de organizar el proceso electoral más grande en la historia en México con elecciones concurrentes en las 32 entidades federativas por lo que no hay espacio para ocurrencias o improvisación. No pongamos en riesgo la legitimidad de nuestras autoridades y por tanto la estabilidad del país, aprendamos de la lección de Bolivia.