Opinión

Delincuencia organizada sin control en Chiapas

Ninguna autoridad federal o local se hace responsable de la violencia cotidiana en la zona fronteriza. | Adolfo Gómez Vives

  • 22/05/2022
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Los hechos violentos generados en Chiapas por la delincuencia organizada tienen muy poca resonancia en el ámbito nacional. El gobierno local, encabezado por Rutilio Escandón Cadenas, se afana en ocultar los datos reales y en presentar una imagen de paz, que no se corresponde con la inseguridad que prevalece en algunos municipios de esa entidad.

Desde mediados del 2021, la violencia se ha recrudecido en varios municipios de Los Altos y de la frontera. Al menos dos organizaciones delictivas combaten por el control de la zona fronteriza: el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. Algunos medios locales han dado cuenta de agresiones contra elementos del 101 Batallón de Infantería, en las inmediaciones de Frontera Comalapa, pero las autoridades se niegan a informar sobre los hechos.

La presencia de la Guardia Nacional no ha logrado inhibir la comisión de delitos. Por ejemplo, en las calles de las orillas de Comitán de Domínguez, se observa como algo normal la venta de gasolina robada de los ductos de Pemex o traída de contrabando de Guatemala, lo mismo que el trasiego de madera sustraída de la Selva Lacandona.

En los alrededores de la comunidad denominada San Gregorio Chamic, se instalan periódicamente retenes de la delincuencia organizada, que cobran por transitar hacia las zonas turísticas o hacia la frontera con Guatemala y viceversa. Entre otros hechos delictivos, hurtan los teléfonos celulares de los migrantes con fines de extorsión.

Los delincuentes han despojado de sus terrenos a los pobladores del municipio de Frontera Comalapa y otros municipios fronterizos; asimismo, se tiene conocimiento que ha desaparecido más de un centenar de personas en los últimos dos años.

En los primeros tres meses del 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha registrado 38 delitos contra la libertad personal en Chiapas, los que se suman a los 828 consignados desde el primero de enero del 2018. Las organizaciones delictivas controlan el tráfico de migrantes, estupefacientes y armas, sin que sean molestados por las “fuerzas” del orden.

El 11 de marzo del 2022, Andrés Manuel López Obrador visitó Tapachula, municipio ubicado a 144 kilómetros de Frontera Comalapa. No se movió de la 36 Zona Militar, desde donde presumió las “bondades” de los programas sociales del gobierno federal. Sólo hizo mención del problema de la migración ilegal, mientras afuera un grupo de personas migrantes —que jamás fueron escuchadas por el jefe del Ejecutivo— se encadenaron a cruces de madera en protesta por los “actos represivos” de los elementos del Instituto Nacional de Migración.

De la violencia generada por las organizaciones criminales no dijo nada. Su presencia fue empleada por los gobiernos federal y local para presumir la “paz” prevaleciente en Chiapas, aunque veintitrés días después de su gira habría de cancelarse la elección extraordinaria de los integrantes del ayuntamiento de Frontera Comalapa, debido a la inseguridad.

Requerida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la Guardia Nacional respondió a través del oficio número GN/UAJT/UT/2091/2022, signado por Gustavo Romero Rosas, suplente del titular de la Unidad de Transparencia, que entre el primero de agosto del 2021 y el 10 de marzo del 2022 no ha sido detenida ninguna persona relacionada con los hechos delictivos que han ocurrido en esa zona; que sólo han asegurado seis armas y que no tienen conocimiento de que se hubieren iniciado denuncias por la comisión de delitos en Frontera Comalapa.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado, por voz de María Susana Palacios García, responsable de la Unidad de Transparencia, respondió que en ese mismo periodo no se tuvo conocimiento de enfrentamientos en esa zona, “ya que hasta el momento ninguna autoridad policiaca ha realizado Informe Policial Homologado (IPH) y/o parte informativo derivado de enfrentamientos que se hayan suscitado en la región, así como también en ninguna de las fechas citadas ha recibido denuncia anónima ni denuncia de civiles”.

Sin embargo, en su respuesta reconoce que el 9 de marzo, elementos de la Guardia Nacional pusieron a disposición del Ministerio Público, un vehículo Ram tipo Pick Up, con blindaje artesanal, completamente calcinado, en el que se localizaron diversos casquillos percutidos.

A similar solicitud de información, la Secretaría General de Gobierno del estado de Chiapas, por voz de Virginia Aguiar Gámez, responsable de la Unidad de Transparencia, también señaló que “carece de facultades para brindar respuesta a lo requerido”.

En el mismo tenor, la Consejería Jurídica del Ejecutivo local respondió que no es su competencia el conocer y denunciar los hechos delictivos ocurridos en Frontera Comalapa. Así lo afirmó María Gabriela Soberano Mazariegos, responsable de la Unidad de Transparencia; respuesta validada por el Comité de Transparencia de dicha consejería, del cual ella forma parte.

Al requerirse al Congreso del Estado de Chiapas en relación a las medidas que habrían podido realizar contra la violencia en la entidad, el jefe de la Unidad de Transparencia, Julio César Rizo Castellanos, también notificó la incompetencia del órgano legislativo. Nada de puntos de acuerdo, nada de exhortos a las autoridades ministeriales para investigar e informar de los hechos delictivos.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública exhiben la tendencia al aumento de ciertos delitos en Chiapas. Destacan las estadísticas de feminicidios, aseguramiento de armas de fuego y contra la salud.

En el caso de los feminicidios, Chiapas presenta un incremento de 119 por ciento entre 2018 y 2021, al pasar de 21 a 46 casos documentados, mientras que el aseguramiento de armas de fuego pasó de 176 a 273 en el mismo periodo, con un leve descenso en 2020 con 203 registros.

En el caso de los delitos contra la salud, en Chiapas se registraron 181 casos en 2018; 251 en 2019 y 284 en 2020. Extrañamente sólo se tiene registro de 174 casos en 2021, año en que se han documentado más hechos relacionados con la delincuencia organizada.

El ayuntamiento de Frontera Comalapa no atendió a la solicitud de información sobre los hechos de violencia ocurridos en esa demarcación. Veinticinco días después de que se promovió el respectivo recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas, éste no se ha dado por aludido.

Tal pareciera que todas las autoridades de Chiapas se encuentran coludidas para ocultar los hechos delictivos que se han suscitado en ese estado y para entorpecer el derecho de acceso a la información de los gobernados. Así opera el gobierno de la “cuarta transformación” de Escandón Cadenas.

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