Han sido varios los temas de seguridad y derechos humanos que han puesto al Estado mexicano, en una crisis que ha trascendido fronteras.
En el primero de ellos se presentó en la noche del 30 de junio de 2014, en el que un testigo sobreviviente afirma que 22 personas fueron ejecutadas por un oficial y siete soldados del 102 batallón de infantería de la 22ª. Zona militar del Estado de México, en una bodega del municipio de Tlatlaya, muy cercano a la zona denominada de tierra caliente, aun cuando se habían rendido frente a los militares.
Luego vino la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa en Guerrero, que aún se encuentran en calidad de no localizados, en el que el presidente municipal de Iguala en Guerrero se encuentra junto con su esposa en la cárcel, y recientemente el subdirector de seguridad pública de ese municipio fue arrestado en Michoacán.
Este tema estuvo circulando constantemente en redes sociales e incluso, le dio la vuelta al mundo cuando los padres de los 43 muchachos acudieron a organismos internacionales en diversas partes del mundo, en búsqueda de justicia para sus hijos y reprimenda para el Estado mexicano.
Tan vigente se mantuvo este tema, que vinieron a nuestro país comisiones legislativas de países de la Unión Europea, de Naciones Unidas y de organizaciones internacionales no gubernamentales de derechos humanos, que buscaban sujetar al Estado mexicano, al marco jurídico internacional.
Nuevamente el escrutinio público se cierne sobre la seguridad mexicana, cuando el fin de semana pasado tuvo lugar un enfrentamiento en el rancho El Sol del municipio de Ecuandureo, próximo a Tanhuato en Michoacán, en cuyas imágenes divulgadas en redes sociales, hacen suponer que se trata nuevamente de una ejecución.
El Comisionado Nacional de Seguridad y el director de la Policía Federal, Monte Alejandro Rubido y Enrique Galindo Ceballos, respectivamente, afirman que son 43 las personas fallecidas. 42 personas presuntamente vinculadas con el Cartel Jalisco Nueva Generación y un policía federal.
Sin embargo, las fotografías dan cuenta de una realidad distinta. Cuerpos con armas sobrepuestas, ausencia de manchas hemáticas en el piso, descalzos, con poca ropa en algunos casos y en otros en ropa interior, evidentes fracturas sin haber sido causadas por algún proyectil de arma de fuego, lesiones abrasivas, con una evolución cadavérica aparente de por lo menos un día, cubiertos de tierra y ubicados una zona de pasto, entre otras inconsistencias forenses y periciales, abren la sospecha a la opinión pública que previamente los cuerpos fueron manipulados.
Los dichos de la Policía federal señalan además, que los ahora occisos eran recién reclutados en la delincuencia organizada y no estaban adiestrados en el uso de las armas. En contraste comienza a trascender que dos de los fallecidos de la delincuencia organizada eran policías del municipio de Zapotlán del Rey en Jalisco.
La situación de las imágenes no dan cuenta de que los abatidos hayan buscado refugio desde donde disparar a las fuerzas federales, ya que algunos de los cuerpos se encuentran en zona despejada. En síntesis, hay una sospechosa relación entre la forma, tiempo y lugar en que se encuentran los cuerpos y su concordancia con el ambiente que los rodea.
Dicen estas autoridades que un helicóptero artillado comenzó a disparar hacia tierra, pero luego entonces esta versión no contribuye a despejar las dudas con el derribamiento del helicóptero en Jalisco el pasado 1 de mayo, cuyos ocupantes pudieron haber disparado hacia sus atacantes causando por lo menos, lesionados en tierra, sin que se hayan reportado heridos.
De comprobarse la ejecución en Tanhuato, sería un grave frente de crisis para el gobierno federal, que vería mermado sus esfuerzos por mostrar que la reforma energética, política, hacendaria, fiscal, entre otras, comienzan a transformar a nuestro país.
Es tan grave, que el gobierno federal hace todo lo posible porque no trascienda a instancias internacionales, cuya gestión de cabildeo en otra ocasión le correspondió a la deplorable política exterior mexicana, quien en el caso Ayotzinapa descalificó al relator de Naciones Unidas por haber presentado sus conclusiones de manera acusatoria contra el Estado mexicano, de una manera tan atrevida y osada, pocas veces vista en la diplomacia mexicana y en su disminuido titular.
Junto con la corrupción, el tema de la seguridad son los que no domina la actual administración.
Twitter: @racevesj