En nuestro país estamos expuestos constantemente a los mensajes que los partidos políticos emiten a través de la radio y la televisión, mejor conocidos como spots, cuyo número se incrementa durante las campañas electorales. A través de ellos, los institutos políticos comunican a sus militantes, simpatizantes y a la sociedad en general sus posiciones frente a diversas coyunturas, sus propuestas de gobierno y legislativas, sus logros alcanzados, entre otros aspectos. De esta manera, buscan mantener la confianza de sus seguidores y, en su caso, obtener el apoyo de nuevos adeptos, así como confrontar sus posturas frente a otras instituciones políticas o actores con ideologías distintas.
Ya es común que en los procesos electorales la ciudadanía se vea sometida a una elevada repetición de la propaganda política de los partidos en los medios electrónicos, por medio de spots que a lo largo del día tratan de llegar a la mayor parte de votantes posible. Para ello, los institutos políticos tienen acceso permanente a los medios masivos de comunicación mediante los tiempos oficiales que corresponden al Estado, cuyo fin es promover la participación de los mexicanos en la vida democrática, contribuir a la conformación de los órganos de representación política y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen.
Los partidos políticos han privilegiado el uso de este tipo de medios, dada la alta presencia que tienen entre la población mexicana, según lo demuestran algunos estudios. En su reciente Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales en Radio, Televisión e Internet 2015, el Instituto Federal de Telecomunicaciones reportó que 98% de los hogares tiene al menos un televisor, mientras que 81% de los entrevistados señaló que acostumbra ver los canales de tv abierta. Por otra parte, también se revela que siete de cada diez encuestados cuentan con radio en su casa. Lo anterior demuestra el papel estratégico que ambas tecnologías siguen teniendo para el posicionamiento de mensajes y personajes políticos, aun ante el creciente uso de medios electrónicos distintos, como son las redes sociales en Internet.
Ante tal intensidad y volumen de ofertas electorales, sería de esperarse que una vez terminadas las campañas, existieran mecanismos aptos para dar seguimiento a las acciones emprendidas por quienes se comprometieron en su calidad de candidatos a actuar en favor de distintas políticas y causas.
En ese sentido, el derecho de acceso a la información se convierte en un aliado estratégico para dotar a las personas de la capacidad de requerir a las instancias partidistas, los datos necesarios para contrastar si una vez en el ejercicio de la representación popular, su actuación es congruente con la oferta política transmitida en los distintos medios. Esto es particularmente útil si se toma en cuenta que más de 61.9% de la población considera que dichas entidades de interés público son actores influyentes en la política en México, como lo reporta la Encuesta Nacional de Cultura Política de la UNAM (2015).
Lo anterior, incluso, tiene correspondencia con lo señalado por el legislador cuando, en 2014, determinó que los partidos fueran sujetos obligados directos del derecho de acceso a la información. Al respecto, el Constituyente Permanente refirió que estas instituciones, al ser parte del régimen constitucional, juegan un papel importante en el desarrollo democrático del país, de ahí que la información en su posesión deba estar disponible en todo tiempo, siempre que no constituya una intromisión en su vida interna ni que se ponga en riesgo la información estratégica de su acción política y electoral.
De esta forma, la ciudadanía puede empoderarse como sujeto político ejerciendo su derecho a saber, para exigir cuentas sobre el cumplimiento de lo ofertado por los actores vinculados a algún partido, algo que inclusive propicia la construcción de una sociedad con mayores condiciones de participar en la vida democrática, al tener más elementos para evaluar a sus representantes y a los institutos políticos que los postularon.
Ello cobra mayor importancia, si se considera que en nuestro marco legal no se establecen medidas vinculantes para que estas instituciones impulsen la oferta comicial anunciada, ni tampoco prevé la aplicación de responsabilidades en caso de incumplimiento, a pesar de que ha sido un tema recurrente en las reformas político-electorales de los últimos 10 años.
Transparentar la forma en que los partidos políticos se conducen en la arena pública además de permitir a la sociedad incrementar su capacidad de escrutinio sobre ellos, coadyuvará a atender el desafío que tienen de recobrar la confianza, y con ello la legitimidad, que gran parte de los mexicanos les ha retirado, pues cabe recordar que sólo el 16% confía en esas instituciones, con lo que se ubican entre las que menos credibilidad tienen entre la población, según reporta el Informe País sobre la Calidad de la Democracia en México, del Instituto Nacional Electoral (2014).
El reto es vincular la democracia con la acción política y con la vida cotidiana de las personas, para que puedan reconocerse como representadas a partir del cumplimiento de las ofertas que les hicieron decidir por una u otra opción electoral. Se trata de darle el valor que merece la palabra empeñada, en un contexto en que se requiere que la política sea hecha por entidades confiables y no por instancias que hagan del cinismo o la evasión de la responsabilidad prácticas cotidianas.
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