El 1 de enero del presente año, debido a los cambios realizados a la Ley General de Salud, desapareció formalmente el Seguro Popular, dando paso al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), una institución propuesta y creada por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el respaldo de sus aliados políticos en el Congreso federal.
Desde el primer día, surgieron inquietudes que derivaron en confusión, fallas en el servicio, carencias y por supuesto quejas de la población que supuestamente debía beneficiarse del nuevo instituto, pero que ahora ha quedado desamparada en medio de ausencias y malas implementaciones.
En un principio, las autoridades federales adujeron que las quejas eran ficticias, el propio presidente de la República exigió a la prensa en una conferencia matutina que le dieran nombres específicos de los perjudicados, pues hablar de hospitales que no dan servicio era hablar de abstracciones.
Entonces, la realidad los alcanzó, y nos alcanzó a todos: imágenes en vivo y en directo de personas sin atención médica, niñas y niños con cáncer de nueva cuenta sin medicamentos, desesperación de padres de familia por estas situaciones…
Se trata de hechos reales, actuales y dolorosos. Por todo el país se registran historias de terror de hospitales públicos rebasados por la falta de normatividad, de protocolos, de insumos, de medicamentos. Y el personal haciendo todo lo posible por atender a la gente, a pesar de esas carencias recurrentes.
¿Qué es lo que ocurre? Podríamos preguntarnos, ¿por qué el gobierno federal insistió en desaparecer de tajo un mecanismo de atención ideado por profesionales de la salud reconocidos internacionalmente, el Dr. Julio Frenk a la cabeza, que funcionaba para un porcentaje mayor de mexicanos?
Según la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social del INEGI (actualizada a 2017), de los 123.7 millones de persona en el país, 39.3% reconocieron estar afiliadas al Seguro Popular, un porcentaje mayor al de las afiliadas al IMSS (36.3%). En el ISSSTE los afiliados son un 5.6% del total, mientras que PEMEX, SEDENA, SEMAR e instituciones de los estados engloban a un 4.3%.
En total, el 82.7% de la población estaba afiliada a alguna institución de salud, y el gran reto era lograr la cobertura del 17.3% restante. Pero esto no se logra por decreto, ni por tanteo, mucho menos por ocurrencias.
El académico e investigador Carlos Urzúa, secretario de Hacienda hasta su renuncia en julio de 2019, ha señalado como un error “de párvulos” el hecho de que el flamante Insabi no tiene claro su sistema de financiamiento ni se indique en el PEF los recursos con que contará ni su mecanismo de coordinación con los Estados, pues permanece el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud que éstos reciben.
La situación es preocupante, y esta preocupación aumenta si se tiene en cuenta que para su operación este 2020, el Insabi ha echado mano de 40 mil millones de pesos provenientes del Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular, una fuente de financiamiento que no es renovable, esto es, que solo se podrá usar una vez.
¿Por qué es grave usar ese fondo? Porque las autoridades federales han dejado claro que el Insabi no incluye la cobertura y atención por las enfermedades denominadas “catastróficas”, que son precisamente las que cuestan más y son más difíciles de atender. Y el Seguro Popular sí las cubría, de ahí la existencia del Fondo.
Por eso los casos de confusión, la falta de instrucciones, planeación, métodos y garantías en un área muy sensible, de primera importancia como es la salud de los que menos poseen, de los más vulnerables.
Cuando empezaron a darse cobros por el servicio del Insabi en las unidades de salud, el presidente y el responsable del Instituto llamaron a la población a comunicarse directamente con ellos, el primero en sus conferencias matutinas y el segundo incluso ha proporcionado su teléfono celular en programas de radio y televisión para recibir quejas y denuncias.
Sin embargo, después de algunos paliativos que no alcanzaron a solucionar el problema de fondo (la falta de planeación y una adecuada implementación), el propio presidente López Obrador ha reconocido que “más o menos en diciembre” de este año se llegará a la gratuidad de los servicios.
El problema es que la atención a la salud no obedece a condiciones de tiempo, y mientras la confusión y el desorden son evidentes en el naciente instituto, millones de derechohabientes se enferman, padecen y en muchos casos, desafortunadamente, mueren sin ser atendidos.