En ocasiones, los asuntos se enredan y se enturbian por falta de claridad en los objetivos y de sinceridad en las declaraciones. Esto viene a cuento por las recientes acechanzas al órgano administrativo electoral nacional por parte de instancias gubernamentales para que les hagan el traslado de las bases de identificación biométrica de los ciudadanos, bajo la supuesta intención de evitar duplicidades en esfuerzos y con ello disminuir gastos, pero con la indebida consecuencia de afectar potencialmente la debida confidencialidad de esta información proporcionada bajo el entendido de que sería resguardada por la autoridad que actualmente dispone de ella para fines específicos y delimitados por la norma.
El registro de los electores
Uno de los grandes avances y de los logros en el esfuerzo por disponer de un marco para la convivencia democrática en nuestro país fue la creación del padrón electoral del que actualmente disponemos, y cuya construcción es producto de una tarea que nos ha ocupado ya por tres décadas con el fin de compendiar, actualizar y resguardar de empleos indebidos la información que identifica y diferencia a los ciudadanos con derechos electorales en nuestra nación.
En la última década del siglo pasado se turnó de dependencias gubernamentales a instancias autónomas la creación y mantenimiento del sistema de registro electoral ciudadano. Con ello se logró que todos los concurrentes a los procesos electorales gozaran de idénticas condiciones para su acceso y utilización regulada. Hoy día, el registro federal electoral es un modelo imitado por otras naciones y que constituye sin duda uno de los pilares que sustentan la credibilidad y armonía en los procesos electorales en el país.
Pretender regresar el control de este registro a una oficina gubernativa que no cuente con autonomía del Ejecutivo sería atentar contra los fundamentos de la confianza en este instrumento. Y suponer que parte o toda la información recabada por este registro puede ser trasladada al gobierno federal por quien la resguarda, es no sólo desatender las leyes que nos hemos dado para acotar su eventual mal uso, sino no entender la lógica con la que se ha construido el andamiaje institucional que salvaguarda nuestra democracia.
El registro de infantes
Pero es verdad que el registro de electores carece de datos de quienes no han llegado a la mayoría de edad. Resultaría más sencillo y barato simplemente extender la competencia del actual sistema de credencialización de los ciudadanos para que abarcara también a las personas de origen mexicano que no han alcanzado la edad para tener derecho a votar, observando en su registro y acreditación las mismas reglas que actualmente rigen este sistema. Y ojalá, de paso, se fueran eliminando esos modelos imperfectos e innecesarios de identificación, como la clave única de registro poblacional, ahí sí para ahorrarnos recursos que pueden destinarse a mejores fines.