Opinión

Del linchamiento al vigilantismo

Respuestas de la ciudadanía ante un Estado ausente I

  • 13/08/2016
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El clima de inseguridad que priva en el país tiene como uno de sus efectos más preocupantes algunas de las respuestas de la ciudadanía frente a la criminalidad. El ejemplo más emblemático de esto son los linchamientos.

 

Semana tras semana, a través de la prensa o las redes sociales, nos enteramos de un nuevo caso de linchamiento. Ya sea desde Ecatepec, Tabasco o Puebla, los testigos involuntarios o a veces los mismos linchadores transmiten imágenes y vídeos, muchas veces en vivo, del acontecimiento. En la pantalla del espectador aparece un grupo de ciudadanos que, de pronto, decide martirizar en la plaza pública a un presunto delincuente. Lo humillan, lo azotan, lo golpean, a veces lo cuelgan o le prenden fuego.

 

El objetivo de este martirio es doble. Por un lado, se busca hacer pagar a la víctima del linchamiento por los presuntos delitos que cometió o estuvo a punto de cometer. Por otro lado, se trata de consumar un castigo ejemplar que hace las veces de mensaje para todos aquellos que, en el futuro, se atrevan a atentar contra la comunidad.

 

Sin duda los linchamientos son un acontecimiento perturbador, tanto por su contenido violento y las secuelas en la víctima (quien muchas veces pierde la vida), como por los efectos que produce en el público. De ahí que los juicios de valor sobre el tema, así como las opiniones de expertos y medios de comunicación sean opuestos: a los linchamientos, o se les condena por su salvajismo o se les reconoce como un acto de justicia. Sin embargo, argumentar acerca de este fenómeno de forma tan maniquea deja de lado lo complejo del tema y oscurece las diversas aristas en que ocurren estos eventos.

 

La literatura científica cuenta con un amplio acervo de estudios acerca de este fenómeno. Para los académicos el tema resulta fascinante, dada su complejidad y el halo de misterio que le acompaña, pues de alguna manera manifiesta conductas que, en teoría, no corresponderían a la de ciudadanos de estados democráticos de Derecho. De ahí que en sus investigaciones los estudiosos del tema se pregunten, por ejemplo, ¿cómo es que de pronto un grupo de individuos decide martirizar a un ser humano hasta la muerte? ¿Qué mecanismos sociales detonan esta acción colectiva organizada? ¿Por qué? ¿Para qué? Y, todavía más importante, ¿cómo evitarlos?

 

En el tema necesariamente debe seguirse profundizando, sobre todo a la luz de los casos más recientes. Especialmente porque, en perspectiva histórica, el número de linchamientos en México muestra un marcado ascenso, lo que resulta preocupante.

 

Un estudio publicado por los colegas Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila sobre los linchamientos en México[1] registró 366 casos para el periodo comprendido entre 1988 y 2014. Por supuesto, no en todos los casos la víctima falleció, sino que en una buena parte de los eventos se trató de un linchamiento en grado de tentativa. Sin embargo, las cifras muestran un detalle que conduce a la reflexión: en estos 26 años han ocurrido tres momentos de enorme intensidad en el número de linchamientos y, peor aún, entre 2010 y 2014 se registró una oleada continua de estos eventos.

 

Los picos de linchamientos, como los describen los autores, son aquellos crecimientos atípicos en la cifra de eventos que se registraron en 1997 con 27 casos, en 2010 con 47 y en 2013 con 40. Por su parte, la oleada de eventos inició en 2010 y continuó hasta 2014, registrando un promedio de 32 casos por año. Sin embargo, se debe tener en cuenta que 2014 es el año en que concluye el estudio, por lo que no tenemos la certeza si esa oleada ascendente de casos se ha diluido o si, por el contrario, ha crecido por lo que ahora se asemeja más a una marejada.

 

En todo caso, es sumamente significativo que la tendencia creciente de linchamientos y dos de los picos más altos que se han registrado en 26 años hayan ocurrido, precisamente, en el periodo más intenso de combate contra las organizaciones del crimen organizado de drogas, el cual inicia en 2006 y se mantiene vigente como política de gobierno.

 

Es necesario advertir que esta relación de los linchamientos con la delincuencia se debe tomar con precaución, ya que no todos los estados en que estos eventos ocurren son necesariamente los más penetrados por el crimen organizado de drogas. En efecto, en el estudio se identifican al Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero como las entidades en las que se presenta el mayor número de linchamientos; en ese orden. Conocemos la situación de Guerrero, Morelos y Estado de México y habría cierta plausibilidad en el argumento, pero no ocurre lo mismo en Puebla y Ciudad de México.

 

Esto nos lleva a considerar una distinción sumamente importante al momento de explicar los linchamientos: evitemos confundir los factores causales con los factores detonantes. Dentro de los primeros, encontramos toda una historia de debilidad institucional, corrupción policial e indiferencia de las autoridades ante la situación de inseguridad de la ciudadanía. Dentro de los segundos, se encuentran los eventos concretos de los presuntos criminales: desde los individuos que efectivamente cometen delitos, lo cual no sucede exclusivamente en contextos de crimen organizado de drogas, hasta de aquellos que, a los ojos del grupo linchador, se perciben como potenciales delincuentes. 

 

Es cierto que la paleta de delitos que se ha incubado en el contexto de las organizaciones criminales de drogas ha desencadenado, aún más, los casos de linchamiento. Sin embargo, las causales estructurales como un Estado débil o incluso ausente y, por tanto, incapaz de proveer seguridad física, patrimonial y jurídica son, en el último de los casos, los puntos centrales de la explosión de linchamientos que vivimos en estos tiempos.

 

Y es precisamente en estos dos últimos puntos -los factores causales y detonantes- en los que se deben concentrar las políticas públicas. Los linchamientos no son una respuesta del México bárbaro a un evento de violencia criminal, como afirman algunos analistas. Son, más bien, las únicas herramientas a la mano con que cuentan comunidades enteras que se encuentran en una situación de fuerte vulnerabilidad y riesgo. Por más irracional que la violencia del linchar aparezca a los ojos de muchos observadores, al final del día, la lógica con que operan los grupos de linchadores es la de la sobrevivencia.

 

Con este argumento no se trata de justificar, sino de comprender y explicar para eventualmente promover políticas que vayan directo a la raíz del problema. Las políticas deben, precisamente atender ese desgaste institucional y la nula o poca seguridad pública en cientos de comunidades y poblaciones en riesgo. La empresa no es, de ninguna manera, sencilla y se antoja a muy largo plazo.

 

Mientras estos factores causales y detonantes continúen la ciudadanía seguirá dando respuestas ante la violencia. Los linchamientos son sólo una dimensión de esto. Pero la paleta de respuestas colectivas es sumamente diversa: desde policías comunitarias, hasta organizaciones de vigilantes pasando por autodefensas y justicieros anónimos. En las próximas entregas abordaré cada uno de estos casos.

 

@EdgarGuerraB

@OpinionLSR

 

[1] Rodríguez Guillén, Raúl; Veloz Ávila, Norma Ilse (2014), “Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014)” en El Cotidiano, núm. 187, septiembre-octubre, 2014, pp. 51-58 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco Distrito Federal, México.

 

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