La libertad de prensa constituye un pilar de la vida en democracia, implica que los profesionales de la comunicación estén en posibilidades de actuar sin injerencia del Estado y, por supuesto, sin censura. La prensa libre garantiza que las personas reciban información certera, oportuna y fiable, lo que contribuye a la creación de las condiciones favorables para tomar decisiones en la vida comunitaria, para exigir rendición de cuentas a los gobernantes e, incluso, para conocer y ejercer plenamente otros derechos.
El periodismo siempre ha tenido una relación tensa con las estructuras de poder, tanto político como económico, particularmente cuando asume un papel crítico y analítico sobre la realidad social. En un mundo con cambios políticos que, en ciertos casos, apuntan hacia la configuración de regímenes autoritarios, es posible advertir el crecimiento de las agresiones hacia los profesionales de la información.
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), a la cual Naciones Unidas y la UNESCO le reconocen el estatus consultivo, lleva varios años documentando las diferentes expresiones de violencia de las que son víctimas los periodistas a nivel global. Del balance que publicó sobre la dinámica de la situación para el gremio periodístico en el mundo en 2021, se pueden citar datos de alarma, como es que existen 488 periodistas en prisión por el hecho de ejercer su profesión, 60 de ellos mujeres, una cuestión evidentemente represiva que busca cortar el libre flujo de información hacia la sociedad.
Se debe resaltar que la cifra de encarcelados representa un preocupante incremento del 20% con respecto al 2020, en un escenario en el que China tiene 127 periodistas arbitrariamente detenidos y Birmania 53. Bajo este contexto, no deja de ser impresionante conocer el caso del periodista Dawit Isaak, fundador y director de un periódico independiente, que lleva más de 20 años preso en Eritrea por haber suscrito una carta pidiendo reformas democráticas al régimen de aquel país. Cabe señalar que es considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional, además de que le fue otorgado el Premio Mundial UNESCO/Guillermo Cano de Libertad de Prensa en 2017.
El asesinato de periodistas es otro asunto urgente de atender. En el mismo documento de Reporteros Sin Fronteras, el conteo asciende a 46 casos en el mundo de informadores muertos por ejercer su oficio. Este dato representa una tendencia a la baja en el tema, sin embargo, no deja de ser preocupante. Debe señalarse que, con siete periodistas asesinados en el 2021, México se establece en el balance de RSF como el país que mayor número de casos tuvo. Lamentablemente, el 2022 inició con dos asesinatos más en el mes de enero, el del fotoperiodista Margarito Martínez en Baja California y el de José Luis Gamboa Arenas, director general del diario digital Inforegio, en Veracruz.
La institucionalidad en México tiene que trabajar con mucho mayor ahínco en la prevención y sanción de las agresiones a los comunicadores. Recientemente, la Secretaría de Gobernación, en el contexto de la apertura de los foros de diálogo rumbo a una nueva ley general para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, reconoció que la impunidad prevalece en relación con las agresiones y homicidios contra ellos, pues más del 90% de tales actos no son sancionados.
Otra muestra de los riesgos y el acoso a la labor periodística en el mundo fue hecha pública en los primeros días de 2022, cuando el periódico digital El Faro, de El Salvador, dio a conocer que, en diversos momentos de 2021, los teléfonos móviles de 22 de sus integrantes fueron intervenidos mediante el uso del software espía Pegasus, que sirve para monitorear los dispositivos y extraer contenido sin que se percaten los usuarios. Esta cuestión fue posible conocer gracias al trabajo de investigación de Citizen Lab, de la Universidad de Toronto en conjunto con el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional.
Esto sucede en el contexto de una ríspida relación de El Faro con el gobierno actual de aquel país, por la documentación que han hecho los periodistas sobre diversos casos de presunta corrupción. Se debe recordar que el programa informático, producido por la empresa israelí NSO, solamente es vendido a gobiernos de los países, lo que prefigura una sospecha grave sobre la vigilancia ilícita que pudiera estar ejerciendo el poder político del país centroamericano sobre los directivos, reporteros y personal en general del medio de comunicación.
No está de más traer a colación que fue con Pegasus que, entre 2016 y 2017, hubo una intromisión ilegal en las comunicaciones de diversos profesionales de la comunicación y activistas sociales en nuestro país, según lo documentó también Citizen Lab. Esto demuestra que la globalización y la intensificación del uso de tecnologías de la información y la comunicación tiene aspectos oscuros que pueden incidir de manera negativa en los derechos de las personas.
Las amenazas a la libertad de prensa deben ser combatidas por la sociedad internacional, las agresiones a los periodistas y la impunidad de quienes las ejecutan deben ser visibilizadas y condenadas de manera enérgica, por ser de elemental justicia, pero también por el importante rol que tiene los periodistas en las distintas sociedades.
El desarrollo democrático de la sociedad tiene una fuerte relación con la libertad de prensa y con otros aspectos que, en conjunto, le dan sustento, como son la transparencia gubernamental y el ejercicio del derecho de acceso a la información. La capacidad de incidencia de las personas en los asuntos públicos e, incluso, la toma de decisiones sobre su propia vida, dependen de que puedan tener acceso a datos sobre política, economía, salud, educación, así como a diferentes puntos de vista y opiniones sobre la realidad social. La confluencia entre el periodismo y la apertura informativa es necesaria para el bienestar y el progreso de la sociedad. Por esto, debemos defender al periodismo a toda costa.