Opinión

Defender el Estado laico en navidad

Plantear un proyecto de pacificación basado en la religión es incongruente e insostenible. | María Fernanda Salazar

  • 20/12/2019
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De acuerdo con diversos autores, la laicidad se refiere a la neutralidad que debe mantener el Estado en relación con las creencias religiosas que las personas quieran sostener en su vida privada. Garantizar la libertad de credo sin que ello implique un ejercicio diferenciado de derechos, libertades u obligaciones en ningún ámbito, ni coloque a un grupo de personas por encima de otras.

A pesar de ser un principio fundamental de la democracia liberal, la laicidad del Estado en las democracias constitucionales vuelve al centro del debate- no sólo en México sino en el mundo- a partir de los cada vez más visibles intentos de grupos religiosos de diversas denominaciones (según el contexto) para incidir en las políticas públicas y hacer sus convicciones extensivas al resto de la población, mientras que simultáneamente  

- aprovechando la libertad que ofrece la democracia-, ofrecen votos para impulsar perfiles políticos afines a sus creencias y concretarlas en regímenes no democráticos. El tema es suficientemente complejo desde lo filosófico, antropológico, sociológico y, por ende, legal. 

A nadie queda duda de que México es un país mayoritariamente creyente, cristiano, y que eso puede configurar una serie de valores que nos podrían ser comunes- al menos en teoría-. Sin embargo, es importante recordar que una de las claves para comprender los derechos humanos radica en prever que las decisiones tomadas por mayorías democráticas no impliquen una tiranía de éstas sobre las minorías. 

En México existe una tendencia de varios años en la que, igual que la militarización, el rol de las iglesias se vuelve cada vez más visible en el ámbito público y, a partir de la cual, servidoras y servidores públicos están dispuestos a llevar los principios y prohibiciones que conllevan sus creencias individuales a las instituciones y acciones de gobierno, bajo el pretexto de estar fundados en valores compartidos por la sociedad o en las libertades personales de las y los creyentes. Un ejemplo de esto es la mala reforma en materia de objeción de conciencia, las reformas para proteger la vida desde la concepción, el rechazo a reformar la constitución para reconocer el matrimonio entre el mismo sexo, y muchos otros ejemplos.  

Yo provengo, en parte, de una familia profundamente cristiana desde que los pocos evangélicos que había en México eran perseguidos o, por lo menos, discriminados. He escuchado historias familiares que narran que ni en la escuela pública se estaba a salvo de marginación u ofensas por autodenominarse evangélico. Eso cambió con el tiempo, gracias a que el Estado mexicano asumió una cierta neutralidad (aún así cuestionable si pensamos en las relaciones de poder Estado-iglesia que han prevalecido históricamente) que permitió el desarrollo libre de las  diversas iglesias, así como también la libertad para asumir posturas ateas o agnósticas sin temor al rechazo público.  

Es mi convicción defender y promover la libertad de las personas para ejercer sus libertades, la autonomía de las mujeres para elegir su proyecto de vida y sobre su cuerpo- incluyendo el aborto-, la libertad de cada quién para elegir a quién ama o cómo se identifica cada ser humano frente al mundo. Esto, porque es absolutamente claro que la única manera en la que podemos convivir pacíficamente en una democracia y florecer como los seres únicos que somos, es viviendo en libertad, y respetando la libertad de otras y otros. 

Quienes argumentan a favor de un modelo en el que el Estado promueva las creencias religiosas a través de medios de comunicación, financiamiento y participación activa en la política, como lo ha hecho la Senadora Soledad Luévano, omiten reconocer que, al hacerlo, reproducen relaciones de poder que ponen en condiciones de desventaja y discriminación a quienes no las comparten; omiten que lo que predican las religiones son valores previamente dotados de contenidos que en muchas ocasiones van en contra de las obligaciones legales, constitucionales e internacionales del Estado mexicano y que, los derechos humanos a los que nos hemos comprometido como país, ya contienen sólidos principios éticos que, con el tiempo, han buscado progresivamente la mayor inclusión y  tratado de evitar la división “nosotros” y “ustedes” a la que naturalmente llevan las religiones. 

En ese sentido, plantear un proyecto de pacificación basado en la religión es incongruente e insostenible. Lo anterior no implica negar que, en el fuero privado, esta puede llevar a transformaciones individuales radicales y positivas y que, en lo social, es un elemento que contribuye a la formación cultural. No obstante, esas elecciones deben quedar restringidas al ámbito individual y encauzadas desde ahí; no ser impuestas ni fomentadas desde el Estado y mucho menos cuando se trata de favorecer un dogma específico de la preferencia del gobierno en turno. 

Dice la Senadora Luévano que se trata de madurar como sociedad. Nuestra muestra de madurez, en realidad, es ser capaces de sostener lo que creemos sin sentir la necesidad de imponerlo a otras personas. La muestra de madurez democrática de nuestro Estado Constitucional de Derecho, es ser capaces de sentar bases éticas comunes que nos permitan ejercer todas nuestras libertades. 

Defender el Estado laico en tiempos de navidad puede parecer paradójico, pero hoy en México tenemos garantizada la posibilidad de darle contenido a estas fechas, en función de lo que para cada quién sea digno de celebrarse. También somos libres de no celebrar nada, si así lo deseamos, sin ser juzgados desde un lugar público. Mi deseo es que esa libertad perdure.