Estamos a unos cuantos días de que termine el periodo ordinario de sesiones y aún hay varios temas pendientes en la agenda legislativa que no pueden posponerse por mucho tiempo, pero dada su importancia y complejidad demandan un análisis muy serio por lo que la posibilidad de que se convoque a un periodo extraordinario pareciera inminente.
Entre las iniciativas pendientes -y en las cuales los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios en ambas Cámaras han acordado acelerar los trabajos- se encuentran la relativa a la Unidad de Medida y Actualización mejor conocida como de Salarios Mínimos, la Ley de Obras Públicas y la Ley de la Fiscalía General que ya fueron aprobadas en la Cámara de Diputados, además de los nombramientos de los Fiscales Anticorrupción y de Delitos Electorales que están en proceso en el Senado de la República.
No olvidemos que también se debe cubrir la vacante que dejó el Ministro Sergio Valls en la Suprema Corte, y que el plazo para emitir la legislación secundaria en materia de transparencia vence en un par de meses.
Pero las que sin duda exigen mayor atención ante la situación imperante en el país son la iniciativa enviada recientemente al Senado por el presidente Peña Nieto, así como la del Sistema Nacional Anticorrupción presentada por el PAN que se suma a otras que llevan cerca de dos años en la congeladora a pesar de las vehementes declaraciones de todos los actores políticos.
Como es natural, el Grupo Parlamentario del PRI ha intensificado las negociaciones para que se le dé prioridad a la aprobación de la iniciativa presidencial que principalmente tiene por objeto: crear el mando único policial estatal con la consecuente desaparición de las policías municipales, modificar el sistema de competencias en materia penal, y facultar a la Federación para asumir las funciones municipales cuando se tengan indicios de que han sido infiltrados por el crimen organizado.
Sin embargo, todo indica que no existen los consensos necesarios para alcanzar la mayoría calificada que se requiere por tratarse de una reforma constitucional, sobre todo en lo que se refiere al mando único estatal en el que existen puntos de vista divergentes.
Aunado a que la propuesta carece de un diagnóstico que demuestre que en su mayoría las policías municipales son controladas por la delincuencia organizada y tan solo hace referencia a su debilidad institucional y a las precarias condiciones de sus elementos, no aporta argumentos consistentes como para confiar en la solidez de las policías estatales siendo que en no pocos casos han sido objeto de señalamientos graves.
Siguiendo con esta misma lógica, tampoco hace sentido que se proponga la incorporación prácticamente en automático de los “temibles” policías municipales a las “impolutas” corporaciones estatales. A todo lo anterior hay que sumarle el creciente reclamo de organizaciones y especialistas quienes no fueron consultados.
Es claro que la discusión de esta iniciativa -e insisto también con la del Sistema Nacional Anticorrupción- no puede esperar al regreso de las vacaciones, pero a la urgencia no debe responderse con improvisación por lo que lo pertinente sería definir una ruta crítica y que se pongan a trabajar de inmediato para que a inicios de enero los legisladores se encuentren en condiciones de tomar una decisión informada y responsable.