Opinión

Debilidad de registros sobre extorsión impide su combate

Urge el desarrollo de unidades de inteligencia para evitar pensar que todos los delitos son iguales y se debe dar la misma reacción. | Francisco Rivas

  • 17/07/2019
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Esta semana se darán a conocer los datos oficiales de investigaciones iniciadas por las autoridades de procuración de justicia del país acerca de los delitos cometidos en el mes de junio.

Muy probablemente se confirmará que la tendencia de la incidencia delictiva sigue al alza.

Según esos datos oficiales, los primeros cinco meses de 2019 han sido los más violentos desde que se cuenta con registros comparables, además delitos que iban bajando han repuntado, ha crecido el número de entidades y municipios que sufren esta crisis y se han diversificado los delitos haciendo aún más complejo el escenario.

Uno de los delitos que muestra el mayor crecimiento es la extorsión, si se compara la tasa de víctimas de enero a mayo de este año contra la de 2018 vemos un incremento del 35.74% y una tendencia marcada al alza que, de mantenerse hará de este 2019 el segundo peor año de la historia de México en este delito, sólo por detrás de 2013.

Las entidades que en los primeros cinco meses de este año presentan las mayores tasas de este delito son respectivamente Baja California Sur, Zacatecas, Tabasco, Quintana Roo y Querétaro.

Las entidades en donde ha crecido más la incidencia de este delito en 2019 son Morelos con un 717% más respecto al mismo periodo del año pasado; Querétaro con un 214%; Quintana Roo con 145%; Ciudad de México con 96%; Chihuahua con 80%.

Estos datos, que deberían ser tanto un llamado a la acción urgente, como un insumo clave para entender cómo vamos en materia de seguridad, en realidad nos dicen muy poco sobre lo que pasa en torno a la extorsión en particular, como a la incidencia delictiva en general, ni explican qué tipo de fenómeno delictivo debemos atender, ni dan cuenta del tamaño del problema.

Los datos de extorsión son particularmente débiles comparados con otros delitos debido a que, por un lado, dentro de esta categoría se incluyen fenómenos tan diversos como los engaños y amenazas telefónicas y presenciales -sin que la autoridad desagregue esta diferencia-, como a la diversidad de criterios que cada entidad aplica para construir de la estadística oficial.

La extorsión telefónica

Por ejemplo, cuando hablamos de extorsión telefónica tenemos fenómenos muy sencillos que terminan una vez que colgamos, de otros más sofisticados.

Las llamadas más comunes son las de amenazas de delincuentes que simulan tener a un ser querido secuestrado, así como aquellas que prometen que, si depositamos tal o cual cantidad, seremos acreedores a un premio. En ambos casos, el delincuente puede o no contar con datos nuestros que facilitan que seamos víctimas del engaño.

Otra forma de extorsión telefónica es la denominada como secuestro virtual. Estos esquemas de engaño son más sofisticados, generalmente se consuma cuando nos hospedamos en algún hotel y puede durar días.

En estos casos los delincuentes nos contactan fingiendo ser alguna autoridad, nos avisan de un peligro inminente, nos aíslan de nuestros familiares, al tiempo que contactan a nuestros seres queridos para pedir un rescate. Debido a que la víctima se encuentra aislada, los familiares fácilmente pueden caer en el engaño.

La extorsión telefónica en teoría debería ser más fácil de resolver, según datos de la misma Secretaría de Gobernación, más del 50% de los casos de llamadas de extorsión provienen de los penales de nuestro país, es decir, el Estado ya tiene potencialmente la solución para abatir ese más de 50% de los casos y tiene ya detenidos a los delincuentes.

Tan sólo con cumplir lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se establecen protocolos que inhiben el ingreso de productos prohibidos -entre ellos los celulares-; se contase con los debidos bloqueadores de señal funcionantes y el sistema penitenciario funcionase como un sistema de reinserción social donde los internos son debidamente vigilados para que no infrinjan nuevamente la ley, se lograría frenar más del 50% del total de los casos.

Al mismo tiempo, si el Estado fuese capaz de tener un mayor control sobre las operaciones financieras, la validez de los documentos de identidad y los bloqueos a líneas telefónicas -que una y otra vez son usadas para extorsionar-, haríamos mucho más difícil que este delito se cometiese.

Otra lógica debe aplicar para la extorsión presencial, el denominado “derecho de piso”, que, según estimaciones, corresponde al 10% del total de las extorsiones del país.

La extorsión presencial

La extorsión presencial implica las amenazas de daño a individuos y/o empresas en caso de que las víctimas se rehúsen al pago de una cuota periódica.

Estos casos son mucho más complejos debido a que la víctima se encuentra mucho más expuesta, a que el peligro es real y a que, por lo general, hay complicidad con las autoridades.

La extorsión presencial se debe combatir depurando los cuerpos de seguridad y justicia, desarrollando un sistema de protección del denunciante, generando confianza en las instituciones, recuperando el territorio en mano a los delincuentes, estableciendo una política pública que va desde el internacional hasta lo local, en materia de combate al contrabando, comercialización ilegal y uso de armas de fuego y de nuevo, a través de un control financiero más eficaz.

Otro elemento para el desarrollo de insumos de inteligencia debe ser el fortalecimiento de los datos.

Pese a los esfuerzos llevados a cabo en el sexenio pasado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para homologar los criterios de registro de los delitos, en lo local se siguen privilegiando criterios discrecionales para iniciar o no una carpeta de investigación y, por ende, para construir estadística confiable.

Cuando algunas autoridades ante la denuncia de un ciudadano registran el delito aún en su grado de tentativa, otras descartan la tentativa y registran sólo aquellos delitos consumados, es decir, donde la víctima emitió un pago.

Por ello no debe sorprender que, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en 2017 la cifra negra de este delito, es decir, el porcentaje de casos en los que no se inició una investigación, fue del 98.2%.

Imposible combatir un fenómeno delictivo del que sabemos muy poco y que en ocasiones viene descartado a priori de ser investigado por privilegiarse la investigación de delitos más violentos.

A estas alturas resulta difícil que 2019 no termine siendo el año con la mayor tasa de homicidios dolosos, de narcomenudeo, de trata de personas, de feminicidio y como el segundo peor año de la historia en materia de extorsión.

Urge que las autoridades cumplan la ley, urge el desarrollo de unidades de inteligencia para evitar pensar que todos los delitos son iguales y se debe dar la misma reacción.

Es momento que nuestros gobernantes dejen las excusas y busquen culpables en el pasado; estas autoridades están obligadas a responder a los ciudadanos que les otorgaron el voto y, si les resulta tan difícil ¿para qué compitieron?