La sabiduría popular, vía la metáfora, resulta ilustrativa para explicar, apoyar o debatir un tema como argumento inicial. Así la expresión: “no juzgar el libro por su portada”, se vuelve un ejemplo coherente para tomar con reservas la publicidad de resultados y estadística de la acción pública, sea cual sea el sentido de su primera impresión.
La exigencia democrática contemporánea, obliga formal e informalmente a las autoridades a la transparencia de su actuar y la muestra de resultados para fijar indicadores que orienten la implementación de políticas públicas. Hoy la pluralidad de canales de información y la globalización de contenidos, permite a las universidades, colegios de profesionistas, academia y sociedad en general, compilar datos y generar indicadores, a partir de los que expone la función pública; pero resultan aún insuficientes para valorar de manera puntual su actuar y la de sus servidores, por la opacidad y simulación con que aún se conducen muchos de ellos.
Hoy la producción oficial de información y la que generan particulares a partir de esta en temas sensibles y del dominio general, tiende comúnmente a propiciar un choque en las interpretaciones, y en ocasiones a la desinformación por el exceso de contenidos. A los mecanismos existentes para la transparencia y la rendición de cuentas, hoy se incorporan tres elementos novedosos que servirán también para la fiscalización ciudadana.
Así tenemos: 1. El acuerdo del INEGI que adiciona indicadores en materia de perspectiva de género al catálogo nacional de indicadores, 2. El acuerdo del pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del Consejo y crea las direcciones generales de gestión judicial, y la de archivo y documentación, y 3. El aval del Senado en comisiones para las reformas al artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que el Poder Judicial en todo el país, dé publicidad a sus sentencias.
El primero de ellos se publica en el Diario Oficial el 27 de agosto de 2019, en el mismo el INEGI ordena la publicación de indicadores en materia de perspectiva de género sobre la composición de los Congresos Locales, las Cámaras de Diputados y Senadores. Con ello se podrá revisar los avances en los objetivos de la reforma a la Constitución publicada el 6 de junio de 2019 sobre la paridad de género en la administración pública. En otras reflexiones, se detecta la necesidad de indicadores adicionales por el INEGI para los municipios, el Poder Judicial y las dependencias ajenas al legislativo ordenadas en el decreto.
El segundo de ellos, se da a conocer en el Diario Oficial el 23 de septiembre de 2019, que en complemento con la Ley Federal de Archivos publicada el 15 de junio de 2018, buscará la mejora de los procesos administrativos que atienden la estadística generada por los órganos jurisdiccionales. Uno de los fines de la publicidad de archivos, es conocer mediante la actuación histórica de las autoridades a través de documentos, la problemática social en temas concretos en un periodo y una región en específico, y con ello la evolución de las determinaciones jurisdiccionales.
La finalidad del último de los mecanismos, aprobado por Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado el 19 de septiembre de 2019, es la eliminación de la opacidad judicial en materia de publicación de sentencias. La propuesta avala a todas con el carácter de interés público, en contraposición con el criterio histórico de que solo determinados asuntos revisten el interés general de publicidad. El contenido de la reforma desde luego es discutible. De ahí que en otras reflexiones, concluimos que los tribunales electorales se han puesto a la vanguardia en publicación de sentencias y aventajan a los demás órganos jurisdiccionales. Será imprescindible el análisis de estos documentos, con el fin de identificar la actuación jurisdiccional y posibles violaciones a los derechos humanos en materia de acceso a la justicia.
Si bien, los tres nuevos mecanismos no vendrán a solventar de manera total la opacidad y simulación en materia de transparencia y rendición de cuentas, sí serán esquemas que se sumarán a la labor fiscalizadora ciudadana buscando mejores resultados y autoridades en los distintos órdenes de gobierno. Será importante para la sociedad en general como ejercicio de participación democrática, el uso del derecho de acceso a la información pública y de manera crítica y responsable, dar lectura pausada y no lisa y llana sin el análisis a la estadística e información. Es necesario no encantarse, ni decantarse con lo llamativo de una portada, sin antes hacer la lectura del documento con las pausas necesarias y la acentuación debida para resaltar y observar en su caso lo que sea preciso señalar en beneficio del interés ciudadano y los derechos de las personas.