En múltiples ocasiones se ha llamado la atención sobre la preocupante situación de vulnerabilidad que enfrentan niñas, niños y adolescentes en nuestro país (pobreza, desnutrición, orfandad, violencia sexual, familiar, reclutamiento forzado) y que se ha agudizado como consecuencia de la pandemia. Sin embargo, este gobierno no se ha distinguido por su interés y compromiso con la agenda de la niñez, y por el contrario ha dado muestras de gran insensibilidad como con la desaparición de las estancias infantiles o la disminución de recursos para la atención de la primera infancia. También ha sido indiferente ante temas de la mayor gravedad como la investigación y denuncias presentadas por la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia (ODI) que descubrió una red de violencia sexual contra niñas y niños hasta de 3 años en escuelas públicas y privadas, y ni siquiera ha atendido cuestiones básicas como el desabasto de medicamentos oncológicos, la escasez de vacunas del cuadro básico (sarampión, poliomielitis, tuberculosis, difteria, tétanos), o la negativa para vacunar contra covid-19 a menores de 12 años combatiendo incluso las demandas de amparo que han interpuesto sus familias.
Ahora, en esta lógica de desmantelamiento institucional, el gobierno de López Obrador está planteando una reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes así como a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, con la intención de que las actuales funciones del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) las asuma el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), lo que prácticamente implicaría la desaparición del SIPINNA y el regreso a una visión meramente asistencialista que es contrario al enfoque de derechos de la niñez.
Aunque no es algo que sorprenda pues hace algunos meses el presidente ya había advertido sobre esta posibilidad, y en los hechos se había abandonado al SIPINNA quien lleva más de 8 meses sin que se haya nombrado a su titular después de la renuncia de Ricardo Bucio como secretario ejecutivo, y en estos tres años el presidente López Obrador nunca asistió a sus sesiones a pesar de encabezar el Sistema, no por ello deja de preocupar el grave retroceso que esto significaría.
Para poner en contexto, en 2014 especialistas y organizaciones de la sociedad civil presionaron para que la iniciativa preferente de Ley General para la Protección de la Infancia enviada al Senado por Peña Nieto fuera discutida en un esquema de parlamento abierto, y lograron que se modificara sustancialmente para que precisamente de una concepción asistencialista, se avanzara a un modelo garantista que reconociera a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos.
Ante esta pretensión gubernamental, activistas y organizaciones sociales han manifestado con mucha nitidez que “El SIPINNA es la instancia encargada de velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes en México, así como de coordinar las acciones de política pública nacional encaminadas a la garantía, protección, promoción y respeto de sus derechos. Se creó como un mecanismo eficaz para incorporar de pleno derecho a niñas, niños y adolescentes a la acción del Estado mexicano (a nivel, federal, estatal y municipal) en la perspectiva contraria a la idea de que una sola institución basta para hacerse cargo de 1/3 de la población. Incorporarles de pleno derecho es el gran logro de la legislación actual; llevar el tema a una institución asistencial que no tiene facultades para coordinar al Estado mexicano, es eliminarlos de nueva cuenta del mapa de la acción de Estado”.
También han recordado que, como candidato, López Obrador suscribió los compromisos a favor de la niñez comprometiéndose al fortalecimiento del SIPINNA, en tanto que Juan Martín Pérez, ex director ejecutivo de la REDIM y actual coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, advirtió que pasar sus responsabilidades al DIF es un despropósito pues ni siquiera ha podido resolver sus propias obligaciones, por lo que probablemente sólo acumularía incumplimientos. Lamentablemente, tal parece que la única opinión que cuenta es la del presidente, y por lo que se ha visto es inamovible.