¿De qué se trata?

Es claro que la consulta sobre el esquema aeroportuario para la Ciudad de México estuvo al margen de la ley y fue una farsa. Es verdad que ningún dato relacionado con ella podrá ser corroborado por alguien independiente, que careció de neutralidad, de controles y garantías, que su alcance fue ridículamente limitado y que no puede ser considerada formalmente como vinculante. Pero eso, es obvio, lo sabe quién la convocó.

Los impactos de la decisión

Es cierto que la decisión anunciada responde al interés y a la voluntad del futuro gobernante y no a la de la ciudadanía y que para tomarla no se reparó en consideraciones técnicas o ambientales, costos económicos, complicaciones jurídicas, impactos en mercados o que suponga un distanciamiento con importantes grupos empresariales, que se verán perjudicados. Desde luego que podrá operarse con limitaciones el modelo que se adopta, a la manera de otras grandes ciudades que cuentan con múltiples aeropuertos, pero ello no quita que se generó un relevante costo de  oportunidad.

Es elemental reconocer que detrás del ejercicio está la constatación de la viabilidad de poner en operación e imponer resultados de mecanismos irregulares, equívocos, oscuros, de consulta a la población, que reemplazan una auténtica democracia participativa en aras de una potencial práctica plebiscitaria que sirva solamente para justificar al gobernante.

Es muy factible que detrás de la decisión también estén presentes elementos de una tensa relación entre el gobierno entrante y las instituciones castrenses, sujetas a relevos en el mando y cambios en sus condiciones de actuación.

Las razones de la decisión

Pero no habría que confundirse: la decisión sobre el aeropuerto no es un hecho técnico, jurídico, económico o social, sino político. Es una demostración de fuerza, una prueba de que el poder no se comparte, de que quien lo detenta debe ejercerlo a cabalidad y es libre de imponer a los demás su lógica y su voluntad.

Lo que vimos es la constatación de que en los tiempos por venir se pondrá en marcha sin cortapisas un ejercicio de imposición de un nuevo orden, de construcción de un nuevo régimen, legitimado por las urnas, pero que no buscará consensar con instancias autónomas ni representaciones sociales, sino que procederá a su desmantelamiento y al control de la totalidad de los espacios de poder en la sociedad, rumbo a la consolidación de su rectorado y, eventualmente, su perpetuación en el poder. De eso se trata.

El dilema del aeropuerto

@ricartur59 | @OpinionLSR | @lasillarota



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