El pasado lunes se cumplieron los primeros 100 días de la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, por lo que, aprovechando el término del denominado periodo de gracia dio cuenta de lo que se ha hecho hasta el momento en un evento en Palacio Nacional, el cual por cierto no se caracterizó por ser muy distinto a los que nos tenían acostumbrados presidentes anteriores, salvo que al parecer en esta ocasión no se convocó a dirigentes y legisladores de partidos de oposición.
Aún es poco tiempo como para pretender evaluar al gobierno y exigirle resultados, pero quizá sí nos permita visualizar lo que podemos esperar para los próximos años. Sin duda uno de los puntos a destacar es la popularidad del presidente que, lejos de sufrir desgaste, se ha incrementado en estos meses. De acuerdo a prácticamente todas las encuestas sus niveles de aprobación rondan el 80%, lo que por un lado se explica dada la simpatía personal que despierta López Obrador al ser percibido como alguien cercano, honesto, pero también por su gran habilidad para comunicar, manejar los símbolos y romper con las formas tradicionales de hacer política.
No es fortuito que entre las medidas mejor evaluadas se encuentren la reducción de sueldos a altos funcionarios, la eliminación de seguros privados de gastos médicos y sobre todo el que se hayan quitado las pensiones a ex presidentes o la intención de vender el avión presidencial, pues aunque en realidad su impacto en las finanzas públicas es muy limitado, para mucha gente representa una suerte de reivindicación frente a los que se han considerado como privilegios de la llamada burocracia dorada.
También en materia de combate a la corrupción, seguridad o respecto a la situación económica, las respuestas de los entrevistados son en su mayoría favorables así como sus expectativas para el futuro próximo. Es incuestionable que en este momento, el presidente se ha impuesto en el terreno de la persuasión a partir de decisiones y anuncios efectistas. Sin embargo, hay varios indicadores que nos recuerdan que no necesariamente la percepción coincide con la realidad.
En materia económica por ejemplo, aunque se han registrado variables positivas en cuanto a la inflación, tipo de cambio y el índice de confianza del consumidor, en otros rubros los datos distan de ser alentadores. De acuerdo a analistas, el consumo en tiendas departamentales y de autoservicio disminuyó en términos reales 1.9%, durante diciembre la inversión fija bruta se contrajo 6.4%, la tasa anual de crecimiento de empleo de enero y febrero es la más baja desde 2014, y se estima que entre diciembre y enero salieron capitales por más de 6 mil millones de dólares. En el mismo sentido, el Banco de México ha reducido significativamente la expectativa de crecimiento para 2019 al igual que el Fondo Monetario Internacional, mientras que las calificadoras han modificado la perspectiva de estable a negativa.
En lo que se refiere a los índices delictivos se registra un incremento del 9% entre enero y febrero según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y, en algunos casos como el de secuestro, creció 67.3% si comparamos el primer bimestre de 2018 con el de 2019 de acuerdo a la organización “Alto al Secuestro”. Tampoco hay mucha claridad en cuanto al porcentaje de homicidios dolosos, pues se han presentado discrepancias respecto a la metodología utilizada, pero lo cierto es que no se advierte un cambio sustantivo como tampoco en los niveles de violencia y los ejemplos más recientes los tenemos en la masacre de un bar en Guanajuato o los recientes “levantones” de 44 pasajeros en carreteras de Tamaulipas. Si hablamos de corrupción, abundan los señalamientos pero que no se traducen en procedimientos administrativos o judiciales, y en cambio parece que se trata de mera manipulación política. Es cierto que no se puede cambiar la realidad de un país en unos pocos meses, pero también lo es que más allá de las percepciones, el gobierno está obligado a entregar resultados concretos.