La protección de la persona, la seguridad y el desarrollo social, son el fundamento esencial de cualquier sistema jurídico. Son en el fondo, el bien jurídico tutelado que permea todo ordenamiento legal y cuyo sustento radica en garantizar al ser humano condiciones mínimas de existencia. Se podría incluso partir de las teorías de Rousseau o Hobbes, en donde en un acto de autodeterminación, el hombre cede parte de su autonomía o soberanía individual, para la creación de un ente artificial, bajo la condición que éste lo proteja. De ahí que el monopolio de la fuerza lo detente el Estado.
Es por ello que, entre otras cosas, el artículo 17 de la Constitución establece que “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”. La justificación de esta prohibición resulta elemental. La procuración e impartición de justicia, así como las funciones de seguridad pública, deben de ser únicamente ostentados por el Estado; lo contrario nos llevaría a una situación silvestre y anárquica. Además de conservar la paz pública, el interés social y cierto grado de armonía, el Estado es quien tiene la obligación primaria de garantizar y respetar los derechos humanos y el debido proceso. Para ello se articulan leyes penales y procesales las que, supuestamente, brindan certeza a los ciudadanos sobre los extremos de sus conductas. Es decir, que sí y que no; hasta dónde.
El Estado débil que nos rige, tiene la responsabilidad de hacer valer la ley. Existen ocasiones en que las autoridades optan por dejar hacer o dejar pasar, ante la inminencia de algún conflicto social o político. Es decir, deciden por un mal menor. Sin embargo, ello no exime de responsabilidad a la autoridad y, sobre todo, no absuelve a los responsables de delitos o actos ilícitos.
¿Qué debe hacer el Estado si alguien amenaza con cometer un delito o hacerse justicia por su propia mano? Ya no se diga por la comisión de un ilícito y la respuesta es evidente. Existe un delito que se denomina “incitación a la violencia”. Esto viene a cuento porque hace algunos días, un grupo denominado “Comisión Permanente de Transporte Individual del Distrito Federal (CPT)”, vandalizó varios vehículos y a sus pasajeros en el Distrito Federal (Colonias Roma, Condesa y Santa Fe). Su justificación radica en que el objeto de las lesiones corporales y daño en propiedad ajena, fueron conductores y vehículos de la plataforma tecnológica denominada Uber.
Este grupo CPT se adjudicó de manera directa los actos de violencia y subió en su página de Facebook “este es el inicio de las medidas que tomaremos en contra de la piratería en todos (sic) sus modalidades, si bien es clara nuestra postura en contra de la violencia, también es claro que ya estamos cansados de que las leyes sean solo letra muerta y solo se apliquen contra los más vulnerables…”. Y adjuntan unas fotografías de vehículos golpeados y vidrios destrozados. La justicia en propia mano en todo su esplendor. Casi como el Tribunal de la Acordada o el Código de Hammurabi. Si algo no me parece, no hay porque acudir ante las autoridades que no responden, habrá que tomar cartas en el asunto y resolverlo de la mejor y más eficaz forma posible, la violencia.
Y el Ministerio Público del Distrito Federal y la Policía, calmos y serenos observando desde el palco de espectadores como un grupo de personas, hacen de la violencia un medio “legítimo” para hacer cumplir sus exigencias. Aun incluso, cuando un ciudadano víctima de los ataques, presentara una denuncia por el delito de lesiones. Ya no sólo son los actos delictivos que sucedieron, sino el reconocimiento de su autoría y la amenaza pública, de que la violencia apenas comienza. Y la autoridad impasible.
El servicio de Uber (objeto del delito, las amenazas y la violencia incitada), radica en esencia en un transporte privado de pasajeros, en vehículos particulares. Se trata de una alternativa de transporte no sustituto de taxis tradicionales, de mayor calidad, seguridad y eficiencia que complementa el transporte del Distrito Federal, bajo el derecho a la movilidad y, sin lugar a dudas, aporta un elemento nuevo a la multimodalidad que se busca en la ciudad. Lo que la CPT pretende hacer, es eliminar a un servicio privado y novedoso, que hoy los ciudadanos tenemos gracias a los avances tecnológicos.
Pero en todo esto, lo que sorprende es el pasmo institucional de las autoridades del Distrito Federal, sobre todo la policía y el Ministerio Público. Que no hace sino hacerlos cómplices de los delitos. Que ante la evidencia de un crimen, el reconocimiento de su autoría y, sobre todo, frente a la amenaza de que estos hechos continuarán, no haga nada al respecto. La que pierde es la sociedad.
No se trata sólo de un servicio que aporta en términos reales a la ciudad, el que quiere ser eliminado a través de actos de violencia. Sino que los ciudadanos, tenemos la certeza que si un delito se comete en nuestro perjuicio, no tenemos autoridad que nos proteja; que cualquier persona que quiera hacerse justicia por su propia mano, lo puede hacer con impunidad. Y esa, es la primera y más importante obligación del Estado.