Infundir temor entre la población es recurso propio de gobiernos dictatoriales. Mientras que la democracia es espacio permanente de diálogo y consenso, la represión y las amenazas a los gobernados son símbolos inequívocos de autoritarismo.
La represión armada contra mujeres manifestantes en Cancún, Quintana Roo, constituye una agresiva “invitación” al inmovilismo, pero también una clara amenaza al derecho a la vida; vulnera la integridad física y la libertad de expresión de quienes exigen justicia ante la violencia feminicida. No es la primera vez que ocurre. La Ciudad de México ya ha sido escenario de actos violentos por parte de sus policías, que visten como granaderos y actúan como tales, por más que Claudia Sheinbaum haya decretado su desaparición.
Y aunque la libertad de expresión es derecho humano reconocido por la Constitución federal y por diversos tratados internacionales en la materia, Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, piensa que la crítica de medios y columnistas tiene como objetivo “socavar al régimen político actual de la federación, a su presidente de la República y al estado de cosas que se viven”, por lo que lejos de exhibir las pruebas que eventualmente pudieran desmentirlos, pretende imponerles límites.
La libertad de expresión es amenazada lo mismo por ilícitos cometidos por policías y elementos de la militarizada Guardia Nacional que por los dichos del mandatario poblano, devenido a pugilista defensor de Andrés Manuel López Obrador.
Al propio presidente de la República también le molesta sobremanera la crítica a su gobierno. Máxime si esta proviene de investigaciones periodísticas sólidas, que demuestran actos de corrupción de su administración. Recurre a la facilidad del argumento ad hominem para descalificar a quien lo desnuda.
Por eso cuestiona y exhibe a las personas físicas y morales donantes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, asociación civil que forma parte de sus “adversarios” contra quienes endereza toda clase de epítetos y descalificaciones.
A Mexicanos contra la Corrupción le exige “transparencia”, como si se tratara de un ente público obligado a rendir cuentas de sus actos. Candil de la calle, da a conocer la identidad de sus donantes y cuestiona sus derechos de reunión y asociación, reconocidos y protegidos por el artículo 9o constitucional. Desde luego, nada dice del origen de las donaciones ilegales para su campaña política, gestionadas y recibidas por su hermano Pío López Obrador.
Utiliza la ilegal filtración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativa a la identidad de las empresas donantes, para cuestionar el trabajo de la asociación civil donataria. Guarda silencio respecto de la documentación y divulgación de múltiples hechos de corrupción cometidos por gobernadores priistas como Arturo Montiel, Tomás Yarrington, César Duarte, Javier Duarte y Rodrigo Medina, pero se exalta ante la difusión del elevado porcentaje de asignaciones directas por parte de su gobierno, que equivale al 79.8% en lo que va de 2020 o el pago de 5 mil millones de pesos a empresas dedicadas al mecanismo de subcontratación laboral que tanto critica.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad también ha dado a conocer que el pago para la impresión del medio propagandístico denominado Regeneración —fundado por Jesús Ramírez Cuevas, actual vocero de la presidencia de la República— utilizó a una empresa denominada Benefak S.A. de C.V., definida como “fantasma” por el propio Sistema de Administración Tributaria (SAT).
El triunfo de López Obrador y la mayoría de Morena en el Congreso van perdiendo legitimidad por resultados y opacándose a gran velocidad frente a la evidencia de actos de corrupción, pero también por las amenazas y la represión, que develan el perfil autoritario y dictatorial de su gobierno y de las administraciones locales emanadas de Morena. “Por sus actos los conoceréis”.