A diferencia de los académicos, quienes están en posibilidad de atender los problemas sociales que desean estudiar, a los gobernantes les son impuestos, sin posibilidad de elegir los tiempos. El hombre de Estado será juzgado por la historia, sobre la base de que tan eficaz y sabiamente supo manejar los cambios inevitables de su sociedad y, sobre todo, de qué manera preservó la paz. Palabras de Henry Kissinger en su libro “Diplomacy”.
La crisis que vive México comprende dos facetas indisolubles: La institucional y la social. Los remedios para cada una de esas facetas esenciales, son distintos y requieren de medidas diversas. Cierto es que las instituciones en México, de todos los órdenes de Gobierno y de los tres poderes del Estado, se encuentran en un serio trance de carencia de legitimidad social y se hace urgente dotar de medidas eficaces, de aplicación inmediata, para recuperar su esencia. Algunas de esas medidas pueden derivar del Poder Legislativo y muchas otras de políticas públicas de parte del Poder Ejecutivo.
Por su parte, la crisis social, aquella que deriva de la falta de oportunidades, de la ausencia de equidad y justicia distributiva, que ha hecho que como ente colectivo carezcamos de valores comunes, la que ocasiona que miles de jóvenes decidan optar por un proyecto de vida efímero en la delincuencia organizada es, sin duda, de mucho más difícil solución. Pues para resolver la crisis social, se debe de partir de dos premisas básicas: la propia legitimación de las instituciones (que parte, también, de la solución de la corrupción institucional) y de políticas sociales cuyo objetivo sea, precisamente, articular soluciones reales y duraderas en la base de nuestra sociedad. Es decir, articular en democracia, un proyecto de país basado en valores y principios comunes, a través de la educación, de la reducción de la pobreza, de igualdad, equidad, desarrollo y acceso a oportunidades.
La crisis social por la que atraviesa México no es responsabilidad del presente Gobierno, lleva gestándose, por lo menos 4 décadas. Sin embargo, si corresponde al presente gobierno su solución. Es decir, se trata de un problema que el Presidente no eligió, sino que le fue impuesto. Las 10 propuestas que el Presidente ofreció el 27 de noviembre, se encuentran dirigidas a resolver la crisis institucional o jurídica, que no la social. Si bien algunas de las medidas son encomiables y, de articularse de manera correcta, podrían ser el inicio de soluciones institucionales, en buena medida, únicamente están dirigidas a la procuración e impartición de justicia.
En ese sentido, las reformas constitucionales para expedir una Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales; de redefinición de competencias en materia penal; y, policías estatales únicas. Así como las propuestas de reformas legales en materia de justicia y leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada son medidas que atienden exclusivamente de inseguridad y justicia penal. Sin embargo, como reformas constitucionales (parte de nuestra euforia constitucional) y legales, tardarán mucho tiempo, si acaso, en brindar resultados concretos y cotidianos.
Por lo que respecta al resto de las propuestas (el número de emergencia, la clave única de identidad y el operativo tierra caliente), son medidas que están dirigidas a la procuración e impartición de justicia. Es decir, sin considerar su verdadera eficacia, el Presidente ha elegido avocarse exclusivamente a resolver el grave problema por el que atraviesa el país, a partir de medidas que buscan resolver el conflicto institucional de inseguridad inmediato, dejando de lado el conflicto social.
El gran problema institucional es, sin duda, la corrupción. Su solución debe atravesar el total de las instituciones, pues en ello va la impunidad, la justiciabilidad de los delitos, ya que atenta de manera directa en contra del estado de derecho, la viabilidad de nuestra democracia y la gobernabilidad. El otro gran problema, más grave y delicado, es el social. Pues parte de la premisa que el Estado en su conjunto no ha cumplido con una de sus funciones esenciales, el bienestar social. Y en ello va la excesiva desigualdad social.
Lo que el presidente debió articular fueron dos bloques de propuestas diferentes, pero complementarias. Por un lado, la solución del conflicto esencialmente institucional, en donde la corrupción habría de ser el eje rector y, el otro, ausente en las 10 propuestas, consistente en medidas reales para emprender soluciones de fondo a la crisis social, en materia educativa, de acceso a servicios, de redistribución equitativa, acceso a oportunidades, entre otras. En esa medida y ante la gravedad de la situación por la que atraviesa el país, el Presidente debió modificar incluso el eje de su gobierno. Es decir, dio remedios para los síntomas y no para la enfermedad.
Como dice Ortega y Gasset “yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo”. Es cierto que el Presidente no es el responsable inmediato de la crisis social e institucional por la que a traviesa México y sin embargo, las circunstancias del país se lo impusieron. De lo que sí es responsable es de modificar las circunstancias que hagan posible la solución de nuestras crisis.