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De Informe de gobierno a problema de Estado

Aquí no funciona la contención de daños

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Escrito en OPINIÓN el

En el marco de la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, que abarca a ambas Cámaras, el Ejecutivo Federal por conducto del Secretario de Gobernación, presentará el informe de la administración a su cargo, correspondiente al tercer año de Gobierno.

El informe contiene las acciones derivadas del Plan Nacional de Desarrollo, como documento rector y generador de políticas públicas, que se auxilia de los Programas Sectoriales de cada Secretaría de Estado, que articulan estas las políticas que son impulsadas con el Presupuesto de Egresos.

Pasada la expectativa política a la cuestionada elección del Estado de México, lo costoso del próximo Proceso Electoral Federal, con crisis políticas en el ánimo político, como consecuencia del deliberado retraso en el tema anticorrupción, las deficiencias y actos de corrupción en la Secretaría de Comunicación y Transportes con el tema del Paso Express en Cuernavaca, los señalamientos de soborno que hizo un funcionario de Odebrecht al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, la probable e inmoral ratificación del Procurador General de la República como Fiscal General de la República y quedando pendiente las expectativas por nombramientos de nuevos titulares en Secretarías de Estado y posiblemente en áreas sustantivas de la administración pública federal, temas que no permitan percibir el impacto de las once reformas estructurales, sobre todo en lo que concierne a la reforma energética, en cuyo análisis se colocaron altas expectativas para la captación de ingresos y estar en mejores condiciones en la paridad peso -  dólar así como el precio del barril de petróleo.

No creo que haya algún servidor público en el Gobierno Federal que tenga deseos que le vaya mal al país y que no ponga sus mejores esfuerzos en producir mejores resultados, sobre todo en política económica y social, que es donde es posible medir su impacto con los documentos rectores arriba citados.

En 2015 el Índice Democrático de los Gobiernos en América Latina que presenta el rotativo The Economist Intelligence Unit (Calidad democrática de los gobiernos en América Latina. PeriódicoEl País. 28 de agosto de 2015) colocó a México en el séptimo lugar de un total de veinte, en el que señala algunas vulnerabilidades en libertades políticas y civiles.

No obstante, el anexo estadístico que presenta el Informe de Gobierno pudiera verse opacada por los escándalos que trascienden y es necesario colocarlos en un plano de crítico, con el objeto de dimensionar el problema.

Trasciende cuando se trata de libertades políticas y civiles a que se refiere el informe de The Economist, persisten casos que comprometen seriamente la violación de derechos humanos en México, involucrando en complicidad en la autoridad del Ministerio Público para no investigar.

Va más allá cuando en países de primer mundo, -a los que aspiramos en los discursos políticos-, nos tienen en un concepto de salvajes, por el grado de crueldad y sanguinario con el que se cometen delitos del alto impacto, sin que el Estado retome las riendas de la seguridad en el país. Aquí no funcionan la contención de daños.

Molesta cuando no hay un ejercicio de autocrítica y de reconocimiento a un proceder a todas luces incorrecto o inmoral, como por ejemplo, la licitación del tren México – Querétaro, la Casa Blanca y Malinalco, la fuga del Chapo, la exoneración del PVEM, los audios de OHL, el reporte CONEVAL y los dos millones de personas en pobreza, la impopular designación de Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte, corrupción en PEMEX y CFE, los Congresos de Puebla, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Baja California que aprobaron leyes antibronco que violan libertades políticas y civiles, la ausencia de acción de la PGR para investigar casos de alto impacto, las exenciones fiscales a grandes empresas, etcétera. @racevesj