Salir con un hombre de apariencia extranjera tras una noche de antro en Cholula, Puebla, casi dos horas antes de haber abordado el automóvil de Cabify para ir casa y que los amigos con quienes había salido no hayan reportado el hecho, son los argumentos que podrían poner en entredicho la versión conocida, hasta hace muy pocos días, sobre el asesinato de Mara Fernanda Castilla de 19 años.

La atención de los medios de comunicación y, por ende, de la opinión pública, está enfocada en las últimas dos horas de vida de Mara; un punto de debate tras la publicación de algunos videos en los que se muestra que ella abandonó el “The Bronx” pasadas las tres de mañana, a diferencia de lo que la Fiscalía General de Justicia de Puebla había dicho en un principio: que había salido alrededor de las cinco de la mañana para solicitar el servicio de Cabify; entonces había sido llevada a un motel, donde fue violada y asesinada por el operador de la unidad aquel 8 de septiembre.

Mara fue asesinada tras haber sufrido violencia sexual y se sumó a los 86 feminicidios registrados en territorio poblano por el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos entre enero y el 3 de octubre de este 2017. Situación que ha derivado en la solicitud de emisión de la alerta de género en la entidad, pues su caso, como el de Iraiz, paradójicamente conductora de Uber, asesinada al interior de su auto mientras realizaba un servicio el 24 de septiembre pasado en el municipio de Tecuanipan; o el de la integrante de la policía municipal de Zacatlán, Giselin López, cuyo cuerpo fue hallado en el cruce de la carretera Tlaxco – Tejocotal y que contaba con seis meses de embarazo; han mostrado el peligro de ser mujer en esa entidad.

La aprobación de la solicitud de alerta de género aún no ha sido concretada, pero la situación no es exclusiva de Puebla, en 12 entidades de la República se han decretado las alertas: Colima, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Nayarit; en  otras, como en Ciudad de México, la sociedad civil pugna por que se decrete pues a nivel nacional se ha calculado que entre cinco y siete mujeres son ultimadas cada día por el hecho de ser mujeres.

La recién presentada Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 reveló que de las 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país, se estima que el 66.1 por ciento han padecido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en los espacios escolares, laborales, comunitarios, familiares o en sus relaciones de pareja.

La misma encuesta reveló que el espacio público, comprendido como la calle, el parque y el transporte, fue el segundo ámbito donde se ubicaron los mayores índices de violencia contra las mujeres.  38.7 por ciento de las participantes en la investigación refirieron que fueron víctimas de actos de violencia por parte de desconocidos en dichos lugares, siendo la más frecuente la violencia sexual, ya sea por intimidación, acoso, abuso o violación sexual.

Un paliativo ha sido la tipificación del feminicidio. La mayoría de los códigos penales estatales lo contemplan. El de Puebla establece que “… comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, es decir, por odio o aversión a las mujeres; por celos extremos respecto a la víctima; existan datos que establezcan en la víctima lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, violencia sexual, actos de necrofilia, tormentos o tratos crueles, inhumanos o degradantes; existan antecedentes o datos de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar o cualquier otro del sujeto activo en contra de la víctima; haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza”.

Pero la medida no ha sido suficiente pues las investigaciones ministeriales no son llevadas a cabo con perspectiva de género, situación que merma los resultados de las mismas como lo mostró el debate para otorgar la sentencia de Mariana Lima, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo contenido estableció la necesidad de conocer los entornos socioculturales de la víctima que propiciaron las agresiones, además de la ampliación de peritajes por llevar cabo, a fin de evitar situaciones como las vividas por Mariana, quien falleció a manos de su esposo pero el acto se calificó como suicidio.

El caso mismo de Mara no es la excepción. Al aprehenderse y procesarse al principal sospechoso  solo se le culpó por feminicidio, olvidándose de que hubo una violación sexual de por medio.

La hora en que salió Mara del antro, por quien fue acompañada, donde se dirigió antes de haber abordado el Cabify, entre otros, son datos relevantes para la investigación, más lo trascendente es hacerle justicia; saber la verdad sobre lo ocurrido, entender el contexto social que permitió los sucesos, las omisiones de políticas públicas, líneas de acción e interés de las autoridades en el tema de violencia contra las mujeres y que no se sumen más nombres a la lista de mujeres, niñas y adolescentes que han sido abusadas sexualmente, violadas, agredidas verbalmente, menoscabadas, humilladas, para finalmente ser asesinadas tras haber utilizado un medio de transporte público o concesionado que, pensaron, las conduciría a un lugar para continuar con sus vidas.

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Leonardo Bastida Aguilar

Tejedor de historias y cronista de las realidades en diversos medios de comunicación. Etnohistoriador de formación, apasionado por el cine, la literatura y las buenas charlas, se ha enfocado a investigar y documentar vulneraciones a derechos humanos por cuestiones de género, diversidad sexual, VIH/sida, entre otras causales.

Por investigaciones periodísticas sobre tecnología mexicana aplicada al tratamiento del VIH y la ruta seguida por las mujeres del Estado de México para lograr la declaratoria de la alerta de género, ha obtenido los premios nacional de periodismo, otorgado por el Club de Periodistas y el José Pagés Llergo.

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