Opinión

De Baja California y lo que nos es tolerable

¿Qué necesitamos que pase en México para salir a defender nuestros derechos? | María Fernanda Salazar

  • 26/07/2019
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Queda claro que la opinión pública puede influir, cuando presiona en torno a un tema, en las decisiones del poder, pero es absolutamente insuficiente si ésta sólo se expresa en redes sociales o columnas de opinión, cuando estas decisiones tienen el consenso del poder.

Esta semana, vimos caer al gobernador de Puerto Rico por temas de presunta corrupción y el uso de lenguaje sexista y machista que fue evidenciado por la publicación de varias conversaciones. Estos hechos resultaron intolerables para la sociedad puertoriqueña, que salió masivamente a la calle con la solidaridad de figuras importantes.

Esta misma semana, en Baja California se está consumando (falta su publicación) una reforma que altera el pacto democrático de nuestra República. Se trata de una modificación que contó con el muy extraño consenso de las y los legisladores del estado y los ayuntamientos, a pesar de no ser todos del mismo partido. Esta reforma, modifica el periodo de gobierno del gobernador ya electo, pasando de 2 años (periodo por el que fue votado) a 6 años.

Si bien el procedimiento de la reforma fue aparentemente legal, el fondo de la misma implica romper el principio de certeza que está en la base de las elecciones democráticas, de los derechos políticos y los principios establecidos en los artículos 1, 41 y 116 constitucional (por mencionar algunos). Las implicaciones de esta reforma, de ser avalada por la Suprema Corte de Justicia, podrían ser catastróficas para nuestro país, pues nada podría evitar que otros estados alteren los periodos de elección, ni que esto mismo suceda en el nivel federal. Toda autoridad tiene el incentivo de ampliar los términos del poder que ejerce, ya sea por tiempo, por facultades o por ambas. Hacerlo, puede cumplir con procedimientos constitucionales y legales, pero al mismo tiempo contravenir la constitución y violar nuestros derechos.

La pregunta es, ¿cuál es el límite de la sociedad mexicana?

De la falta de respuesta se reitera la enorme importancia de que los mecanismos de control constitucional entren en acción una vez que la reforma se publique. En el caso de la Corte, cuya función principal es la interpretación de la Constitución y la protección más amplia de los derechos humanos, cuando se trata de derechos humanos como los derechos políticos, esta intervención puede llevar a declarar inconstitucional lo hecho por el Congreso de Baja California. Si bien esto sería lo correcto, también hay implicaciones políticas, pues tenemos un presidente que desconoce el rol de las supremas cortes en el mundo y las obligaciones que han ido adquiriendo en el marco de la protección de derechos humanos.

Hace poco, el presidente de la República señaló a la Suprema Corte de estar legislando (en el marco de la ley de remuneraciones) y amenazó con una reforma que lo impidiera. Llama la atención que en ciertos casos que afectan sus políticas, el presidente sí está dispuesto a intervenir en el legislativo para frenar el trabajo de la Corte y, sin embargo, en el caso de Baja California no está dispuesto a ejercer su propia facultad para impugnar la reforma y proteger los derechos de la ciudadanía bajacaliforniana. Si, como el dice, los tiempos no son los de antes, su acción debería ser en sentido contrario: permitiría que la Corte ejerza su función en los temas que le competen y protegería los derechos ciudadanos ejerciendo sus facultades.

Más allá de lo que suceda -esperando que se corrija y deslegitime esta acción desde el ámbito institucional- la pregunta que sigue en el aire es: ¿qué necesitamos que pase en México para salir a defender nuestros derechos? No se trata de manifestarse en contra de un gobernador o gobernadora, ni de un presidente, se trata de la definición de lo que queremos ser como país y construir las bases de lo que como mexicanas y mexicanos nos es intolerable, más allá del discurso.