El robo de combustible a PEMEX y el derrame de sulfato de cobre en el caudal del río Sonora, podrían constituir por separado cada uno, una lesión al patrimonio público, por el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento o deterioro de los bienes o recursos públicos del Estado, que debe tener una sanción ejemplar a quien resulte responsable.
En el caso del combustible, el mismo director de la paraestatal, Emilio Lozoya, aseguró ayer ante diputados, que sólo de enero a agosto en este año se han robado gasolina, por un monto de 15,300 millones de pesos (mdp), que equivale a 7.5 millones de barriles del crudo.
Es una grave afirmación y que se encuadra en la falta de transparencia que señalan diputados de oposición, al que Lozoya dijo que PEMEX denuncia y coadyuva con las autoridades, pero no es un ministerio público.
Esta cantidad se agrega al cercano billón de pesos en que se encuentran los pasivos laborales de la paraestatal, por supuesto como una pérdida más a la principal fuente de ingresos públicos y cuya merma seguimos pagando usted o yo.
Esa molestia que causa no es contrarrestada con medidas más precisas en contra de la rampante corrupción en la paraestatal ni en los excesos de la dirigencia de su sindicato y que hemos visto cómo para ellos o sus hijos, la vida transcurre entre Manhattan, Campos Elíseos, Ciudad de México o algún destino exótico en Asia, con cargo a las cuotas sindicales o al erario público, por supuesto.
Sobre el derrame de sulfato en Sonora por parte de una empresa minera perteneciente al Grupo México, en un principio el Gobierno de Sonora mantuvo una tibia actitud frente a tal acontecimiento y cuyas consecuencias son de impacto en el sector primario de la economía, en la ecología y por supuesto, en la salud y sobrevivencia de personas y animales.
Como recordará, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), había señalado la probabilidad de multar a la minera con 40 mdp, cuando el Grupo al que pertenece, propiedad del empresario Germán Larrea, había reportado ganancias el año pasado por 1,400 millones de dólares, es decir, era quitarle un pelo al gato, coloquialmente dicho.
Luego, el Gobierno de Sonora adquirió un frente de crisis, cuando el gobernador construyó una presa, al parecer de manera ilegal, lo que le dio la pauta al Gobierno Federal a intervenir, cuando sus Delegados fueron desconocidos por el gobernador Guillermo Padrés.
Así que, de tener frente de crisis político, ahora en Sonora adquirieron uno social, luego de que de manera irregular el Gobierno de Sonora arrestó al indígena yaqui, Mario Luna, acusado presuntamente de secuestro, quien se opuso en 2010 a la construcción del acueducto “independencia” cuando la Suprema Corte de Justicia otorgó el derecho a la comunidad indígena yaqui.
No sólo eso, sino que ahora parece que el Gobierno de Sonora ha enfilado sus baterías a culpar a Grupo México, a quien acusa de un vertimiento deliberado en el río en Sonora y Bacanuchi, mientras que dicha empresa dice que el tema está politizado.
Y como si fuera un rompimiento conyugal, Germán Larrea se separa de su relación económica con grupo Televisa.
Lo delicado de este tema es que la mina en cuestión es el segundo productor de cobre en el país. No es fácil tomar una decisión para el gobierno, toda vez que es muy seguro que se esté valorando el daño provocado a la ecología y las personas, contrastándolo con el impacto económico en la región y en el país.
Estos temas y los que salen a colación son denunciados por el grado de corrupción que es transparentado, mostrando la vulnerabilidad de los procesos y sistemas de las instituciones, pudiendo haberse evitado con controles adecuados y con estrictos estándares de transparencia y vigilancia.
Esta misma vigilancia es la que no concuerda. Mire usted. Mientras el gobierno sólo puede ser auditado una vez al año, mediante el mecanismo instituido por la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación, usted como contribuyente es auditado cuantas veces sea necesario y requerido por la autoridad fiscal.
Lo anterior es injusto, toda vez que por razones políticas casi siempre es que trasciende la corrupción en dependencias del gobierno y no como un acto como consecuencia de la prevención que podría generar la transparencia, en los controles y estándares de la anticorrupción, medida a la que se resiste el gobierno en implementar mediante la postergada Comisión Nacional Anticorrupción.