Opinión

¿Cumplirá AMLO sus promesas en seguridad?

Los mexicanos veremos un año de alta violencia. | Francisco Rivas

  • 06/05/2020
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Faltan cinco meses para que se cumpla el plazo fatal que el presidente dio sobre la disminución de la violencia en el país. Una promesa, que en este momento se antoja difícil de cumplir.

El presidente López una y otra vez ha aventurado fechas fatales poco realistas acerca de la disminución de delitos y violencia.

En campaña aseguraba que ésta se lograría desde el inicio de su administración, por el simple hecho que él era presidente; obviamente -porque era imposible lograr algo así- esto no sucedió.

La promesa se repitió en enero, febrero y marzo de 2019. Sobra decir que el primer trimestre del año pasado el homicidio doloso creció un 3.5% respecto al mismo periodo de 2018.

En abril 2019 con la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Seguridad y el Plan Nacional de Seguridad, López prometió que el retorno a la paz sería en octubre 2019.

En octubre, López y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Durazo, salieron a anunciar que el gobierno federal había revertido la tendencia en este delito, por ende, a partir de ese mes empezarían los homicidios a bajar.

Lamentablemente en octubre la ola de homicidios y errores en capturas llevó al presidente a dar marcha atrás y pedir un año más.

2019 cerró como el peor año de la historia en homicidio doloso, feminicidio, robo a negocio, trata de personas y narcomenudeo; segundo peor en extorsión; quinto peor en secuestro y robo con violencia y octavo peor en robo a transeúnte.

Dada la leve disminución de homicidios del primer bimestre 2020, comparado contra el mismo periodo de 2019, López y Durazo salieron triunfalmente a declarar el cumplimiento de su promesa.

Lamentablemente su análisis fue aventurado, marzo fue el segundo mes más violento de la historia del país y el más violento desde el inicio de su administración.

Por su parte la SSPC aportó información acerca del promedio diario de homicidios de abril -aún en una época donde la pandemia por covid-19 nos mantiene a la mayor parte de personas resguardados en casa- es equivalente al promedio de marzo, por lo que deberemos esperar los datos oficiales para saber si abril se posiciona como el segundo o el tercer peor mes en materia de homicidios de la historia de México.

Lo más probable es que López incumpla de nuevo su promesa, por varios factores: el actual comportamiento de este delito, la crisis económica interna, erosión institucional y factores internacionales.

Para poder revertir el comportamiento al alza de cualquier delito se requiere un plan claro, metas específicas, insumos suficientes y planes de contingencia.

Ni en los documentos oficiales ni en el discurso queda claro qué significa reducir la violencia y cómo lo van a hacer.

Si la violencia seguía creciendo antes de la grave crisis económica y de desempleo que estamos viviendo, la historia de nuestro país nos enseña que este tipo de fenómenos exacerba el crecimiento de los delitos violentos.

La administración de López efectuó el mayor recorte presupuestal para policías, prevención del delito y procuración de justicia de los últimos 20 años, esto ha traído como consecuencia mayor dificultad de operación para las instituciones de seguridad y justicia.

Además, ante una menor recaudación de impuestos; ante el aumento en costos de la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y ante la compra extraordinaria de estadios de beisbol, el gobierno federal se quedó sin dinero para enfrentar los gastos no previstos para atender la pandemia.

Por ello, autorizó a los gobiernos locales a desviar los fondos de prevención del delito y formación policial para comprar los insumos médicos necesarios.

En conjunto con los ya acotados recursos para la seguridad, las transformación institucional -la desaparición de Policía Federal, la transformación del CISEN en CNI, de la PGR en FGR- y el desvío de recursos, en los próximos meses es poco probable que la operación de las instituciones de seguridad y justicia logre prevenir delitos, detener a delincuentes, procesarlos y obtener sentencias condenatorias que reduzcan la impunidad.

La crisis económica internacional impulsará flujos migratorios de los países menos desarrollados a los más desarrollados, lo que generará un espacio de oportunidad para que la delincuencia organizada controle en México el tráfico y la trata de personas.

Durante las crisis económicas tiende a crecer el consumo y demanda de estupefacientes.

La actual intervención militar de los Estados Unidos en el sur del continente podría resultar -como ya sucedió en pasado- en el fortalecimiento de los cárteles mexicanos.

Nos esperan meses complicados por delante y parece que el gobierno federal no está consciente de ello, sin instituciones sólidas, con una economía colapsada, un mercado laboral deprimido, factores internacionales que fortalecen a los criminales, los mexicanos veremos un año de alta violencia y una promesa más que incumple López.