Recientemente, el Senador Monreal dio a conocer su iniciativa para una nueva Ley Federal de Cinematografía y Audiovisual. Esta se añade a varias anteriores que han despertado fuerte debate y también, hay que decirlo, preocupaciones.
El ángulo positivo es que, a través de distintas propuestas e iniciativas, se ha generado interés por los temas tecnológicos y digitales que están desaparecidos de muchas agendas públicas, pero que son trascendentes para el país.
La propuesta abarca a la industria cinematográfica en su evolución hacia el ecosistema digital, donde las plataformas de video bajo demanda como Netflix, Amazon Prime, Disney+, Claro Video, Blim TV y otras, se han convertido en una ventana cada vez más importante para las obras cinematográficas.
En esta nueva ley, las plataformas digitales tendrían que reservar el 15% de su catálogo para obras cinematográficas y audiovisuales nacionales, que no tengan antigüedad mayor de 25 años, calificando como “nacionales” a las producciones realizadas por personas mexicanas o controladas por mexicanos, de manera que las que realizan las plataformas extranjeras, aunque sean en el país, con temáticas de interés local o con talento nacional, no contarían para cubrir la cuota.
La producción de contenidos audiovisuales en español ha estado históricamente concentrada, siendo Grupo Televisa el principal productor de contenidos en habla hispana, no sólo en nuestro país, sino en el mundo.
Al mismo tiempo, la televisión abierta y la de paga -la ventana preferente de acceso a los contenidos audiovisuales en el hogar-, han estado concentradas también en las mismas manos.
Con la revolución del ecosistema digital, el acceso a contenidos audiovisuales desde el hogar se ha transformado radicalmente en los últimos años y más ahora con la pandemia, donde las plataformas digitales han ganado espacio.
Incluso las mismas plataformas han evolucionado. Ya no compiten, como en un inicio, con catálogos de películas y series viejas, sino que ahora ofrecen producciones propias de elevada calidad, que incluso son premiadas en festivales de cine en todo el mundo, no sin antes haber tenido que derribar resistencias de la comunidad tradicionalmente premiada que insistía en protegerse frente a la competencia.
Frente a esta transformación incipiente de un mercado que pudiera beneficiarse con mayor competencia, la obligación de que las plataformas digitales reserven 15% de su catálogo para producciones cinematográficas y audiovisuales “nacionales” reforzará la concentración y el poder de mercado que ya existe en la producción audiovisual en español, extendiéndolos a la nueva ventana de distribución que son las también llamadas OTT (over-the-top).
Lejos de apoyar la producción independiente, la cuota como está propuesta llevará a las plataformas a dedicar recursos financieros a la adquisición de derechos sobre los contenidos existentes de las televisoras establecidas, en vez de impulsar producciones alternativas en asociación con productoras y talento artístico local, lo que ya estaban haciendo.
Por otra parte, la iniciativa de ley señala como su principal objetivo el de impulsar el derecho a la cultura, el cual, al igual de los derechos de las audiencias, está fuertemente fincado en la diversidad de las manifestaciones artísticas y las experiencias culturales.
Para asegurar el derecho a la cultura es fundamental entender el proceso de convergencia tecnológica presente en los medios de comunicación. Las ciudadanas no debemos perder derechos por el simple hecho de adoptar nuevas tecnologías, menos aún en un entorno que exige la transición tecnológica para tener acceso a mejores niveles de bienestar.
Debido en buena parte a sus efectos negativos en la competencia, la iniciativa propuesta afectaría el derecho a acceder a la cultura en sus múltiples manifestaciones, incluyendo los derechos a la pluralidad y a la diversidad. La distribución de contenidos nacionales centrada en una oferta que ha estado históricamente concentrada y que, por lo tanto, expresa muy limitadas diferencias en enfoques creativos, perspectivas, riqueza lingüística, estilística, etc., limitaría seriamente la variedad de opciones a la que las audiencias tendrían acceso. No se debe reducir la diversidad cultural de México a la visión del contenido que han producido las principales televisoras en el país.
Tampoco hay que menospreciar una posible pérdida de diversidad del contenido extranjero, debido a que, al incorporar obligadamente el contenido definido como nacional, otras expresiones podrían verse desplazadas de los catálogos, con lo que estarían en mayor riesgo de desaparecer las que tienen menor atractivo comercial. Entre ellas, pudieran encontrarse tanto contenidos independientes de otros países, como expresiones culturales muy próximas a la mexicanidad, como son las de los países de habla hispana, las de otras lenguas originarias de América, las de la cultura chicana o las de grupos de origen mexicano situados en otros países.
Un reto que siempre han enfrentado el cine y las industrias culturales en general, es que las obras de calidad, innovadoras y desafiantes significan mayores riesgos comerciales para quienes las financian, por lo que el mercado no genera incentivos suficientes para su creación. Esta razón lleva justificadamente a plantear políticas públicas específicas para apoyar la producción artística de calidad.
Si bien la iniciativa propone acciones de fomento para la cinematografía nacional que consideran su relevancia artística, estas se dejan para un futuro incierto, mientras que la cuota que sí entraría en vigor inmediatamente no incorpora ningún mecanismo que fomente la calidad y pertinencia cultural de las obras. El riesgo de que esa segunda etapa nunca llegue, es grande.
Un punto que merece análisis aparte es el del marco institucional en un entorno convergente. La iniciativa supone que las plataformas digitales están tajantemente diferenciadas de las redes de telecomunicaciones, cuando no es así. Esta separación artificial creará tensiones y potenciales conflictos competenciales, además de la inconsistencia del marco regulatorio, a medida que se profundice la convergencia.
Finalmente, debe señalarse que el desarrollo tecnológico requiere generar estrategias regulatorias que respondan al nuevo entorno digital y no conformarse con la aplicación de medidas que se idearon para un mundo analógico que ya no existe como tal.
Por ejemplo, debido al gran tamaño de los catálogos de las plataformas, los algoritmos para clasificar, recomendar y buscar contenidos han adquirido un papel estratégico para hacerlos llegar a las audiencias. Muchos algoritmos fundan sus recomendaciones en la experiencia o gustos de las grandes audiencias o bien en las elecciones de una misma persona en el pasado, por lo que esta construcción interna genera sesgos que operan en contra de la visibilidad del contenido innovador o de nicho. De esta manera, ocupar un lugar en el catálogo de una plataforma no asegura que la audiencia pueda llegar a ver las obras. Para ello, habría que asegurar que los algoritmos de búsqueda, recomendación y clasificación impulsen la visibilidad y prominencia del contenido culturalmente relevante.
Una política de impulso a la industria audiovisual nacional enfocada en el acceso a la cultura debe ser innovadora para idear estrategias adaptadas al entorno digital, con plena conciencia del reto que significa regular hacia el presente y el futuro convergentes.