Todo Estado que presume de contar con un sistema democrático como el nuestro, sabe que la estructura que lo sostiene son principalmente dos factores: la participación de la sociedad y la fortaleza de sus instituciones.
En este sentido, quiero resaltar una medición realizada por la empresa Consulta Mitofsky publicada en 2020 que recogió la confianza de la población en 19 instituciones del país otorgándoles tres parámetros de confianza en una escala de 0 que fue la mínima ponderación y 10 como la máxima.
Destaca que entre las instituciones que se ubican en un parámetro de confianza alta se encuentran el Ejército y las Universidades con un puntaje de 8.0 y 7.7 puntos respectivamente, en tanto, las instituciones que se encuentran en el sótano de la clasificación, con un puntaje entre 5.9 y 5.3 es el Senado, los sindicatos, la Cámara de Diputadas y Diputados y, finalmente los partidos políticos.
Con una evaluación aprobatoria pero considerada media están con una calificación entre 6.8 y 6.0 las instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y el Instituto Nacional Electoral (INE).
En este último caso quiero detenerme por varias circunstancias. El INE es, sin lugar a dudas, un pilar fundamental de nuestra democracia toda vez que, es la institución encargada de la planeación, organización y desarrollo de los procesos electorales federales y, en coordinación con los institutos electorales locales, de las elecciones locales.
Gracias al trabajo del INE, el país ha fluido hacia elecciones pacíficas y el poder público se ha transferido de manera certera y segura, garantizando con ello la estabilidad política del país. Por ello, no resulta extraño la confianza que la población ha depositado a una institución como el INE.
Previa a la elección de junio pasado el 61 por ciento de los y las mexicanas indicaron tener mucha o algo de confianza en el INE, cifra mayor a un 57% que se había registrado en abril de este año, de acuerdo con una publicación del Diario El Financiero (26 de mayo).
En el mismo sentido, el diario Reforma publicó un estudio de opinión en abril de este año en donde indico que en tanto que el 68% manifestaba un óptimo grado de confianza en el INE, el presidente de México acreditaba 10 puntos menos en el nivel de confianza.
Ahora bien, estas mediciones fueron realizadas antes de la jornada electiva por lo que la autoridad electoral tuvo que experimentar ante la población, si refrendaba o no dicho nivel de confianza. El resultado fue latente: no solo refrendó la confianza que le tiene la población sino la incrementó. De acuerdo con el Diario El Financiero la confianza en el INE alcanzó un 71%, lo que se traduce que los comicios del pasado 6 de junio, independientemente de ganadores y vencidos dejaron una muy buena impresión en la ciudadanía.
En esta misma medición el 79% de la población califico muy bien o bien la forma en que se llevaron las elecciones y, en particular el 69% calificó favorablemente el trabajo del INE en dicho proceso electoral.
Este nivel de confianza fue resaltado por las consejeras y consejeros de dicha institución democrática en el 31 aniversario del IFE-INE de octubre pasado, en donde resaltaron la capacidad organizativa del INE para la transición pacífica del poder en condiciones de competencia electoral, con base en las reglas establecidas por el Legislativo, la Constitución y las leyes correspondientes.
Es por ello, que una institución como el INE debemos cuidarla y protegerla ante los embates de los diferentes actores políticos. Su edificación no fue fácil si recordamos la historia política electoral del país.