La crisis migratoria es uno de los grandes desafíos que enfrenta la humanidad en diversas regiones del mundo, hasta llegar a constituir verdaderas crisis humanitarias. Las implicaciones y la complejidad de esta problemática, toca lo más profundo del ser humano y compromete la vida y la seguridad de familias y comunidades enteras, por lo que debe ser atendido como asunto de primera prioridad y con el concurso de la comunidad internacional, pues no se resolverá por lo que haga cada país de manera aislada.
A propósito de las caravanas migratorias que tocan nuestra frontera sur, escuché con atención la declaración del presidente López Obrador, en su conferencia mañanera del pasado martes 7 de septiembre, refiriéndose a los migrantes, a la delincuencia organizada y a los operativos del gobierno federal en esa zona. Por la importancia del tema y por tratarse de la posición del jefe de estado mexicano, su mensaje debe ser analizado desde una perspectiva ética, legal y política, a fin de asegurar la legitimidad y la legalidad de las acciones que están en curso.
El presidente dijo que “Tenemos que cuidar a los migrantes, aunque resulte paradójico, si nosotros permitimos que transiten al norte del país, para cruzar la frontera, estamos corriendo riesgos, muchos riesgos, acabamos de rescatar un grupo muy grande de migrantes en el norte que estaban prácticamente secuestrados, no queremos, no deseamos una desgracia. En el sur no hay la delincuencia organizada que se tiene lamentablemente en el norte, aunque también acabamos de rescatar en Tenosique, a migrantes que tenían secuestrados”.
Atendiendo al mensaje las preguntas surgen de inmediato: ¿Qué significa “cuidar” a los migrantes? ¿Qué dicen nuestras leyes sobre permitir el tránsito de los migrantes por nuestro país? ¿Quién corre los riesgos, los migrantes o el gobierno, y cuáles son estos? ¿Qué acciones se están llevando a cabo en contra de la delincuencia organizada?
La opinión de expertos internacionales, organismos especializados y defensores de derechos humanos, así como los acuerdos de convencionalidad con organismos internacionales nos refieren a la obligación irrestricta del derecho pro persona y de la dignidad humana, por encima de la denominada razón de Estado.
El Papa Francisco refiere que son cuatro las posiciones que los gobiernos deben adoptar respecto a los migrantes: acoger, proteger, promover e integrar. La embajadora Martha Bárcena propone una revisión en tres etapas: primero reconocer la problemática y definir si es un problema de seguridad nacional o a la identidad o bien un fenómeno económico social; la segunda depende de la respuesta a la primera etapa, si es un problema de seguridad nacional la respuesta será coercitiva; si es un fenómeno económico social la respuesta será proteger e integrar a los migrantes. La tercera fase es distinguir si es una problemática real o inducida por razones políticas y en consecuencia se permite o no el libre tránsito o el cierre de fronteras.
A juzgar por las acciones y las declaraciones ofíciales, no se ha hecho un reconocimiento adecuado de la realidad migratoria, de tal forma que la posición y las acciones del gobierno son reactivas y voluntaristas; y parecen estar supeditadas a acuerdos velados con los Estados Unidos para contener a cualquier precio las caravanas migrantes, convirtiendo al país en un muro policiaco y militar con los excesos de trato “brutal y inhumano” como lo reconoció el propio padre Alejandro Solalinde, quien siendo adicto al gobierno, ha agregado la versión del complot, al señalar en diversas declaraciones, que se están utilizando las caravanas de migrantes por el sistema norteamericano, que no surgen de manera espontánea, y que se usan para golpear al gobierno de López Obrador.
Por todo lo anterior y para evitar visiones parciales y reduccionistas, resulta de la mayor importancia el anuncio que ha hecho el gobierno federal, al dar a conocer que en los próximos días se realizará una reunión de diálogo alto nivel entre Estados Unidos y México, la cual no funcionaba desde 2016, para abordar del tema migratorio e iniciar una nueva etapa, porque históricamente solo se ha llevado a cabo la contención del flujo migratorio.
Ante un desafío descomunal como es la migración forzada de nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños, lo menos que podemos esperar es que se cumpla el ordenamiento y el espíritu de las leyes mexicanas en la materia… regular el tránsito y la estancia de extranjeros, en el marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional y de preservación de la soberanía y la seguridad nacional. En ese orden, para empezar.