Cada vez se ha vuelto más frecuente que en cuanto surge una situación o problema social que genera preocupación, miedo o inconformidad en la población, los legisladores e incluso el mismo gobierno pretenden dar respuesta a través de la presentación de iniciativas para garantizar derechos, imponer prohibiciones o incrementar sanciones -lo cual aplica prácticamente a cualquier materia pero es más frecuente en asuntos de orden penal- sin contar con un diagnóstico serio, analizar las causas, revisar mejores prácticas o tomar en cuenta la opinión de los especialistas así como los efectos que pudieran provocar.
Está comprobado que en la mayoría de los casos, el populismo legislativo en poco o nada contribuye a atender de manera eficaz la problemática en cuestión, sobre todo si la aprobación de nuevas disposiciones jurídicas no se acompañan de una adecuada implementación (políticas y programas públicos, personal capacitado, recursos presupuestales etc.) y en muchas ocasiones terminan convirtiéndose en letra muerta. Pero en algunos otros también puede producir efectos contrarios como es el caso del secuestro, que al aumentar las penas llegando a equipararse a las del homicidio doloso, se crearon incentivos para que los secuestradores optaran por asesinar a sus víctimas ya que las consecuencias eran similares y con ello se reducía el riesgo de que posteriormente los identificaran.
Lamentablemente la tentación de recurrir a “soluciones” simplistas para mostrar empatía, reaccionar con prontitud mediante acciones efectistas y tratar de calmar la irritación social es demasiado común, y ejemplos de ello sobran en esta ya no tan nueva administración del presidente López Obrador. Recordemos que a pocos meses de que inició la LXIV Legislatura, se aprobó una reforma al artículo 19 constitucional para ampliar significativamente el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa incorporando el abuso sexual infantil, desaparición forzada, robo de hidrocarburos (huachicoleo), corrupción, uso electoral de programas sociales, robo a casa-habitación o a transporte. Aunque se presentó como un gran triunfo, lo cierto es que después de un año no se ha registrado disminución de los índices delictivos, y en cambio se vulneró el principio de presunción de inocencia -ya que el proceso se lleva a cabo en prisión sin mediar sentencia- representando un claro ejemplo de populismo penal.
Recientemente, ante el creciente problema que representa la extorsión, y sobre todo a partir de que familiares de algunos personajes públicos y trabajadores del Senado fueron víctimas mediante llamadas telefónicas -inexplicablemente una buena parte se realiza desde las cárceles a pesar de que supuestamente los internos no tienen permitido contar con celular y hay equipos de bloqueo-, el senador Martí Batres anunció que presentará una iniciativa para que se considere delito grave y amerite prisión preventiva oficiosa. De seguir en ésta lógica, todo aquel que sea denunciado por la comisión de cualquier delito será enviado a un reclusorio en lo que las autoridades investigan y determinan sobre su responsabilidad, con todo lo que implica desde el punto de vista personal e institucional.
Sin embargo, el paquete de iniciativas para reformar el sistema de justicia penal que se filtró antes de su fallida presentación, y cuya paternidad nadie reconoce pero que al parecer fueron elaboradas por la Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República constituirían, en caso de ser aprobadas, serían una regresión brutal que nos haría recordar los tiempos del general Arturo Durazo y la DIPD por lo que es necesario encender las alertas.
Tan sólo para darnos una idea de sus alcances, proponen la desaparición de los jueces de control, que se permitan las intervenciones telefónicas para temas fiscales y electorales (abriendo espacios discrecionales para el espionaje político), se fortalece la figura del arraigo hasta por 40 días para cualquier delito, otorgar validez a las pruebas obtenidas ilegalmente como bajo tortura, nombramiento de jueces y magistrados por el Senado (politizando los nombramientos), tipificar como delitos las noticias falsas o las declaraciones que desprestigien a las instituciones (atentando contra la libertad de expresión). Es decir, todo indica que la Presidencia de la República y la Fiscalía General buscan medidas desesperadas supuestamente para enfrentar la grave crisis de inseguridad y violencia que los ha rebasado terminando de sepultar con ello al sistema de justicia penal creado en 2008, y que en realidad son propias de un régimen autoritario.