Los últimos acontecimientos y la polémica que se ha desatado en torno a las denuncias de acoso sexual en diversos ámbitos de la vida nacional (músicos, escritores, periodistas) a través del movimiento #MeToo causan desconcierto y confusión, por lo que es necesario tratar de reflexionar sobre ello con la mayor objetividad posible.
Debemos partir por reconocer una realidad que no se puede soslayar. En una cultura machista como en la que vivimos, las mujeres tienen que enfrentar -y padecer- cada día su condición de vulnerabilidad al ser percibidas como objeto para satisfacer los deseos de los hombres, lo que se agudiza cuando existe una relación de subordinación a partir de la cual una negativa puede poner en riesgo su estabilidad laboral o económica. Ostentar una posición que represente cierto poder parece que confiere un derecho sobre las mujeres atentando contra su dignidad como personas.
Aunque quizá muchas veces la línea pueda ser muy delgada, no debemos confundir con el simple coqueteo, el intento de seducción o las relaciones consentidas como se suele justificar. De lo que estamos hablando es de la cosificación de la mujer a la que se considera tan sólo un “trozo de carne”, ignorando sus cualidades personales e intelectuales y reduciéndola a mero instrumento de placer que se consigue a través de manipulación, engaños y amenazas veladas o explícitas.
Cuantas veces no nos hemos enterado de casos de violencia contra las mujeres en la calle, el transporte público, en oficinas o incluso en el seno familiar y en la mayoría de ellos se ha impuesto el silencio por vergüenza, por intimidación, por miedo a las represalias y al juicio mismo de la sociedad -que inexplicablemente suele ser lapidario para las víctimas y complaciente con los agresores-, además de la incompetencia e insensibilidad de los operadores del sistema de procuración e impartición de justicia que frecuentemente las revictimiza.
Para darnos una idea de la dimensión del miedo y la desconfianza hacia las autoridades, de cada 100 casos de agresión sexual sólo se denuncian 6 y apenas la tercera parte es consignada ante un juez de acuerdo a un informe presentado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
En este contexto, me parece que es de reconocer y apoyar el surgimiento de un movimiento que contribuye a visibilizar un problema que es real, y a empoderar a las mujeres para que compartan sus experiencias y denuncien. Pero las denuncias anónimas implican riesgos y tampoco podemos desconocer que pueden generar espacios propicios para difundir acusaciones falsas quizá producto del resentimiento y el deseo de venganza por cuestiones diversas.
No conocí al músico Armando Vega Gil y no cuento con elemento alguno para presumir su culpabilidad o inocencia, pero su suicidio debe servirnos de advertencia para tomar con cautela y allegarnos de la mayor información posible antes de pronunciarnos y participar en la condena social a través de las redes. Tan grave es aprovechar un hecho lamentable para tratar de justificar y minimizar un fenómeno social profundo y doloroso así como para desacreditar todo un movimiento, que alimentar este clima de linchamiento que puede terminar con la reputación y la vida de cualquiera sólo por el dicho de alguien, máxime cuando ni siquiera conocemos su identidad.