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La cuestión catalana

Cataluña y Madrid deberán asumir los costos políticos, jurídicos, sociales y económicos que el movimiento de independencia ha implicado

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Escrito en OPINIÓN el

Desde el 20 de septiembre de este año, en punto de las 22 horas y por 15 minutos consecutivos, las calles de Barcelona se llenan con los sonidos provocados por la “cacerolada”. Esta es la forma que tomó la protesta por las detenciones y los registros realizados por la Guardia Civil relacionados con el referéndum para la independencia de Cataluña previsto para el 1 de octubre. Al terminar la caceroladas, a modo de respuesta se alcanzan a escuchar a la distancia uno que otro “Viva España”.

Esta demostración pacífica y ruidosa, se complementa con manifestaciones a favor y en contra de la independencia de Cataluña, no sólo en Barcelona, sino también en ciudades catalanas y en algunas de España. Los que están a favor del referéndum lo hacen en su la mayoría en defensa del derecho a decidir de los catalanes y entre ellos, muchos, apoyan la independencia; los contrarios quieren mantener una España unida, pese a sus diferencias culturales. Sin duda, ambos grupos tienen sus razones, pero no hay que pasar por alto que, idealmente, cualquier postura debe fundamentarse en información veraz y en un marco jurídico mutuamente reconocido, tal como lo requiere cualquier ejercicio democrático serio.

En este sentido, la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional, ha señalado que la organización actual del referéndum de secesión de Cataluña no está alineado al marco jurídico de España y no garantiza los principios democráticos que permitan expresar la voluntad del pueblo catalán, el cual debería ser representado por una amplia mayoría para asegurar la legitimidad de los resultados. Asimismo, se pide el consenso entre partidos, una convocatoria con tiempo suficiente de anticipación y que la campaña garantice la igualdad de oportunidades.

Ante la falta de apoyos internacionales, los soberanistas catalanes argumentan que la negativa de Madrid a la realización del referéndum es antidemocrática. Sin embargo, la democracia no es solo votar; es permitir que el ejercicio del voto cuente con garantías jurídicas y políticas, para que los resultados sean reconocidos por todas las fuerzas involucradas. El resultado del 1-O será consecuencia de una serie de acontecimientos anunciados previamente pues desde la óptica independentista, sin importar el número de votantes, el destino de los catalanes, de España y de Europa se decidirá por mayoría simple.

El 2 de octubre, sin embargo, será el día para iniciar el diálogo que hasta ahora ha sido evitado. Cataluña y Madrid deberán asumir los costos políticos, jurídicos, sociales y económicos que el movimiento de independencia ha implicado.

@alifur1 | @OpinionLSR@lasillarota