Uno de los temas más complejos de la pasada elección, en relación con los gastos erogados por los partidos políticos, fueron los recursos destinados el día de la jornada electoral a los representantes partidistas en las casillas.
La elección de Coahuila marcó un antes y un después tanto en la revisión de los recursos que los partidos, coaliciones, candidatos y candidatas erogan en sus campañas electorales, como en las omisiones detectadas por la autoridad electoral, que pueden ser causa de nulidad de una elección si con estos gastos se rebasa el 5 por ciento del tope de gasto de campaña determinado para una elección.
Con la finalidad de evitar errores y omisiones en cuanto al reporte de los representantes generales y de casilla acreditados por partidos, coaliciones y candidaturas independientes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó este mes unos lineamientos que obligan a los partidos a registrar en el Sistema de Registro de Representantes a cada una de las personas que vayan a realizar estas labores, así como a informar si las actividades que llevarán a cabo serán de forma gratuita o bien, a reportar y acreditar en el sistema el monto de los apoyos económicos que se otorguen a cada representante acreditado.
El sistema generará una constancia de no remuneración cuando el representante no perciba ningún apoyo económico, que deberán imprimir los partidos políticos, recabar la firma de cada representante y cargarla en el sistema, con la finalidad de que la autoridad electoral tenga el control de los representantes acreditados que estuvieron presentes en las Mesas Directivas de Casilla el día de la Jornada Electoral, de conformidad con los datos asentados en los reportes de asistencia elaborados por los Capacitadores Asistentes Electorales y, además, verificar cuáles recibieron un apoyo económico que deba reportarse en los informes de gastos de campaña del proceso electoral y corroboran que los sujetos obligados reportaron de manera correcta estos gastos que computan para el tope de gastos de campaña.
La equidad en las contiendas electorales es el bien jurídico más importante que debe tutelarse en una contienda electoral. Los institutos políticos y las personas que ocupen una candidatura deben reportar cada uno de los recursos, en dinero o en especie, que reciban y destinen a sus campañas electorales así como cada una de las erogaciones que realicen. La importancia de mantener condiciones equitativas en los procesos electorales ha ido creciendo con el paso de los años y de contiendas electorales cada vez más reñidas y, en la reforma política electoral de 2014, fue constitucionalizado el principio de nulidad de una elección por rebase del tope de gastos de campaña.
Cada elección representa un reto diferente para las autoridades electorales. Ninguna elección es parecida a otra y por tanto, los esfuerzos de las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia electoral se centran en perfeccionar criterios y reglamentos que les permitan garantizar que las elecciones cumplen con los principios constitucionales y que la persona que obtenga el triunfo en una elección, lo haga cumpliendo con el marco constitucional, legal y reglamentario para ello. El correcto reporte del origen y destino de todos los recursos utilizados en una campaña electoral, es la parte medular de cualquier proceso electoral.
Puebla: la elección en marcha