Memorable aquella jugada del mundial del 98 en la que Cuauh, en medio de dos defensas coreanos, con el balón sujetado por ambas piernas dio el brinquito para burlarlos. Quedó también para la historia la “cuauhtemiña”, aquella jugada no ortodoxa, pícara, inesperada. Ahora, en un juego en el que por una parte el gobernador de Morelos decreta el mando único de la Policia y los regidores intervienen en la designación de funcionarios municipales, cuál defensas coreanos amenazan con dejarlo sin balón.
En el futbol como en la política importa el juego de cintura. La finta, el amague, el juego en corto tienen su encanto y pueden resolver una situación en el momento, pero no son los más efectivos para ganar mundiales. El gobierno, que no sólo es poder, se parece más a ganar un mundial que a lo fulgurante de una jugada. Para ganar un mundial es más el equipo que el crack, más la estrategia, el plan, que la ocurrencia. Al menos es más probable.
En el amague Cuauhtémoc, presidente municipal, inicialmente rechazó el mando único, luego del asesinato de la presidenta de Temixco y una entrevista con el Gobernador Graco, ríspida y sin acuerdos, éste unilateralmente el 3 de enero emitió el Decreto por el que asume el mando de la Policía de Cuernavaca. Finalmente Blanco parece aceptar el Decreto.
Cuernavaca es la muestra perfecta de la tragicomedia, un presidente municipal elegido, si quiere leerse así, por la capitalización del voto de castigo a los partidos tradicionales, una candidatura creada por operadores con historias sospechosas, un personaje famoso, echador, irreverente; un gobernador de izquierda de larga data política; un Estado respecto del cual la percepción de inseguridad y penetración del crimen organizado es creciente. Al interior del gobierno municipal, a pesar del fraccionamiento en el Ayuntamiento, sus integrantes actúan en una lógica golpista: la combinación para hacer una melé institucional.
En medio de esto, los decretos de mando único, incluido el de Cuernavaca, parecerían ser una decisión estatal para enfrentar la inseguridad a partir de una estrategia estructurada. Esto, a pesar del desacuerdo de los presidentes municipales a quienes originariamente les corresponde el mando de la policía.
El gobernador Graco Ramírez ha emitido diversas series de decretos asumiendo el mando de las policías municipales. La lectura de los decretos revela que han sido redactados a partir de un “machote” que se adapta a cada municipio. De los quince decretos publicados el 3 de enero, sólo hay cambios en dos párrafos.
Los decretos tienen como fundamento el artículo 115 constitucional que posibilita que en los casos de “fuerza mayor o alteración grave del orden público”, a juicio del gobernador del estado, la Policía acatará sus órdenes (fracción VII). Se trata de una facultad discrecional pero que debe ser, como todo acto de autoridad, fundada y motivada.
La motivación es de lo más llamativa: La fuerza mayor y grave alteración del orden público se justifica con las mismas palabras para cada uno de los municipios. En todos sucede lo mismo y se dan las mismas justificaciones.
La exposición de motivos de los decretos tiene la función de justificar la medida. La fuerza mayor y la alteración grave del orden público para tomar una medida extraordinaria en la que no se trata de órdenes específicas sino de la facultad de mando. Asimismo, la justificación en su conjunto posibilita conocer que las razones que ahí se expresen son elementos valiosos tales como el diagnóstico que lleva a tomar tal solución y cómo se concibe la política pública para enfrentarla.
Así, la Exposición de Motivos justifica la decisión considerando:
A) La seguridad pública como derecho fundamental y el estado de necesidad
Luego de iniciar la Exposición de Motivos afirmando que la seguridad pública es un derecho y condición de ejercicio de otros derechos, deriva en que cuando la estabilidad del re´gimen se encuentre seriamente amenazada, la Norma Fundamental autoriza una “mayor injerencia del Estado en los derechos que esta misma consagra a favor de los ciudadanos” con la expresa limitacio´n de que se trate de medidas razonables que sean tomadas con cara´cter temporal, como es la emergencia cuyos efectos esta´n llamados a atemperar.
El argumento es llamativo pues al establecer una relación entre lo extraordinario de la decisión y mayor una injerencia en los derechos de los ciudadanos, el discurso es contradictorio pues por una parte justifica la medida en la protección de los derechos y por otra tiene un dejo autoritario que no corresponde al propósito de proteger tales derechos.
B) El aumento de la incidencia delictiva.
En los decretos se encuentra el mismo párrafo:
“En especial, del municipio de [...], Morelos, he recibido constantes informes por parte de la Comisio´n Estatal de Seguridad Pu´blica en el sentido de que la incidencia delictiva se ha incrementado de manera desproporcionada y ma´s, en lo relativo a delincuencia organizada, lo que sucede provocando asombro y terror en la poblacio´n ante una oleada de impunidad que azota a los poblados de la zona”.
En cada decreto solamente se sustituye el nombre del municipio. Así, lo mismo en Cuernavaca que en Ayala, la situación se da “en especial”, que el incremento de manera “desproporcionada”. En algunos municipios como Huitzilac, se agrega información en la que se indica que la incidencia delictiva aumento más del 500% en homicidio doloso (de 2 a 13) y en 17% en robo de autos sin violencia (de 18 a 21) entre 2013 y 2015. En Jantetelco, la incidencia disminuyó en homicidios dolosos y aumentó en robo de vehículos con y sin violencia (de 4 a 8 y de 1 a 6). En Ocuituco el decreto señala que el robo de vehículo sin violencia aumentó en más de 100% (de 2 a 4 de 2014 a 2015, aunque en 2013 hubo 5 robos ) y que con violencia aumentó el 33% ( 3 en 2014 y 4 en 2015). En Temixco, se dice que aumentaron el homicidio doloso y el robo con violencia; sin embargo los datos en ambos casos muestran una disminución (41 Homicidios en 2013, 24 en 2014 y 31 en 2015; 73 robos en 2013, 39 en 2014 y 52 en 2015).
En Cuernavaca, a diferencia de otros municipios no se aportan datos, quedándose solo en la afirmación de que hay un aumento en la incidencia.
Los datos son diversos y la interpretación de los mismos no es uniforme. En algunos casos el argumento del aumento en la incidencia se toma de un año a otro, en otros se toma la diferencia de dos años.
C) El homicidio de Gisela Raquel Mota, alcaldesa de Temixco
En los decretos de enero, se incorpora como justificación el asesinato de la alcaldesa de Temixco:
Dice el decreto que “la expedicio´n del presente instrumento tiene como motivo toral de justificacio´n, como una notoria causa de fuerza mayor y alteracio´n grave del orden pu´blico, la amenaza que el lamentable atentado en contra de la vida de la alcaldesa Gisela Raquel Mota Ocampo, representa para la seguridad y salvaguarda de los ediles y dema´s servidores pu´blicos municipales del estado de Morelos”.
D) El clamor popular
Los decretos refieren diversas formas de peticiones provenientes de la sociedad, sea individuales, o masiva:
“Si a ello se suma que existe un clamor que ha llegado en reiteradas ocasiones a Casa Morelos, demandando del que suscribe, titular del Poder Ejecutivo, se responda con acciones contundentes, que den resultados evidentes y permitan regresar la paz social a la ciudadani´a, en un ejemplar ejercicio y cumplimiento de la tarea constitucional de preservar el orden pu´blico; sentidos reclamos de personas cuyas identidades deben permanecer inco´gnitas a fin de preservar su integridad fi´sica y evitar que corran peligro en todo momento.”
E) Desplazamiento forzado
Motiva el Decreto, el desplazamiento forzado que se da en el municipio (la razón aplica para todos), pues las personas se ven sometidas a abandonar forzosamente vivienda y trabajo, siendo una de las causas la violencia de actores armados,”tanto estatales como ilegales”, dice expresamente. El mando único tendría como propósito crear las condiciones para el retorno de los desplazados.
D) Desconfianza en las policías municipales
En todos los casos el gobernador señala como un hecho que actualmente en su gran mayori´a los cuerpos de seguridad pu´blica municipal no han cumplido cabalmente con las obligaciones fundamentales inherentes al cargo, al no haber sido sometidos a la evaluacio´n correspondiente de control de confianza. Asimismo, que segu´n datos de la Encuesta Nacional de Victimizacio´n y Percepcio´n sobre Seguridad Pu´blica 2014, realizada por el INEGI, el nivel de confianza que la sociedad morelense manifiesta respecto de sus policías municipales de tránsito y preventiva es de 28.3 % y 27.8 %, por debajo de la nacional que es de 33.5 % y 37.5 %, respectivamente.El decreto no particulariza la información correspondiente a cada municipio.
Sin duda, la acción del gobernador es el intento de respuesta institucional frente a la inseguridad. Sin embargo, una medida extraordinaria como relevar del mando a los presidentes municipales debería tener una motivación cuidadosa y reforzada. Si bien las razones invocadas en los decretos pudieran perfilar los problemas, al generalizarse a todos los municipios colocándolos en un mismo saco, impide conocer las causas específicas que se dan en cada uno de ellos.
Que se diga que las mismas razones aplican a todos los municipios puede ser también un serio motivo de impugnación si tales decretos se combaten ante la Corte.
En lo que viene, el juego de la política será el determinante. Que los municipios no impugnen los decretos medirá las capacidades del gobierno estatal para lograr su adhesión o de la disposición de aquellos para deshacerse de una función siempre problemática. En cambio, si los municipios decidieran defender sus atribuciones la controversia constitucional sería la vía para hacerlo.
Por el momento, la calidad del juego es todavía llanero.