Opinión

(Cuarta) Transformación de chocolate

Sin logros de ninguna índole, la 4T exhibe desde dentro su verdadera naturaleza. | Adolfo Gómez Vives

  • 10/08/2020
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Transformar no implica mejorar. Algunas transformaciones producen resultados ambiguos; otras, francamente negativos. Que un proyecto político se autodenomine Cuarta Transformación, no significa que —por ese sólo hecho— alcance logros de alguna naturaleza. Sus soberbias pretensiones se nulifican ante la evidencia de la realidad.

La estrategia de comunicación de la 4T —basada en la confusión, el engaño y la violación sistemática del principio de legalidad— le sirve cada vez menos. Sus fracasos en economía, seguridad y salud son abrumadoramente evidentes. Por eso no es extraño que los propios integrantes de ese gobierno evidencien el embuste.

Así lo entendió, primero, Germán Martínez Cázares cuando renunció a la dirección general del IMSS, en mayo del año pasado. En su carta precisó que “ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano”. Hoy esa institución presenta la tasa más alta de mortalidad por covid-19.

Dos meses después de la renuncia de Germán Martínez, Carlos Urzúa dejaría la titularidad de la Secretaría de Hacienda. “Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública”, dijo. La 4T no pondera la cultura del esfuerzo, sino la lambisconería; allí están los casos de Rosario Piedra Ibarra e Isabel Arvide para probarlo.

Y aunque Víctor Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no ha renunciado —y es muy probable que no lo haga— su valoración de la 4T es demoledora: “la cuatroté como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos no existe; por el contrario, este gobierno de la cuatroté está lleno de contradicciones y éstas se expresan concretamente en luchas de poder al interior del gabinete”.

Sin embargo, hay otros —como el actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez— que se acomodan bien con la estafa. México Evalúa puso en evidencia el timo: Hacienda contabilizó 27 mil millones de pesos del Programa de Créditos a la Palabra, como inversión pública, cuando en el fondo se trata de subsidios. Si la maniobra pretendió exhibir la existencia de una economía sólida, los inversionistas hallarán pronto los hilitos negros del truco de carpa, con el consecuente daño a la de por sí mermada credibilidad en el gobierno federal.

Con más de 50 mil pérdidas de vidas humanas, como producto de un pésimo control de la pandemia, el titular del gobierno federal y el vocero López-Gatell olvidan que la protección de la salud es un mandato constitucional y que su inobservancia representa una clara violación a los derechos humanos de los gobernados, por más que se esfuercen en trasladar la responsabilidad a éstos.

Sin embargo, los embustes no se detienen en el Ejecutivo. Allí está la iniciativa presentada por el senador Martí Batres Guadarrama y otros, dadas a conocer por esta casa editorial, que pretende modificar el artículo 99 de la Constitución, a efecto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pueda atraer “de manera excepcional” la revisión de expedientes en conocimiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando sus resoluciones “pongan en riesgo los derechos político-electorales”.

El senador pretende soslayar lo establecido en el artículo 105 constitucional, respecto de que “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”. El engaño y la manipulación, como estrategia de un gobierno que se asume como moralmente superior.

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