Actualmente vivimos los estertores de la incapacidad del gobierno de controlar la crisis económica y la violencia que ha alcanzado los peores niveles en años.
La inseguridad no solo se le escapó de las manos, sino que se agravó, y ahora intenta legitimar a toda prisa la presencia de los militares en la vida común en nuestro país.
Que los militares no se ensucien de ilegalidad
Esta Ley de Seguridad Interior, pretende que los militares no ensucien sus botas de ilegalidad al sustituir a los carcomidos cuerpos policiacos. Sin embargo, esos senadores, remedo de legisladores, han logrado todo lo contrario.
En una acción inaudita, a través de una ley común, un puñado de senadores ha derogado de facto artículos constitucionales que son la base en la conjunción de poderes para suspender garantías constitucionales de las personas.
El Senado de la República, ha desaparecido al aparato legislativo (El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente) para cederlo sin condiciones al Presidente y que, de manera discrecional, este pueda disponer de las fuerzas armadas.
No es exagerado afirmar que esta legislación abre las puertas para una dictadura sustentada en la fuerza militar.
Basta revisar el artículo 16 de la llamada Ley de Seguridad Interior:
En aquellos casos en que las amenazas (sic) a la Seguridad interior (sic) representen un grave peligro (sic) a la integridad de las personas (sic) o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno (sic), el presidente de la República (¡recontra sic!), de acuerdo a sus facultades, podrá ordenar acciones inmediatas (¡recontra contra sic!) a las dependencias y entidades de la administración pública federal, incluidas, las fuerzas federales y las fuerzas armadas
¿Quién determinará que existen amenazas a la Seguridad Interior? ¿Qué se considera “un grave peligro”? ¿Cuándo se violenta la integridad de las personas? ¿Qué actos representan un grave peligro para el funcionamiento de las instituciones? ¿Cuáles son las instituciones fundamentales de gobierno que al estar en peligro justifiquen la acción militar?
El artículo 29 Constitucional
Las respuestas a estas incógnitas las determinará una sola persona: el presidente de la república. Para esto, se pretende borrar el artículo 29 Constitucional para dar facultades extraordinarias al representante del poder ejecutivo y así las acciones presidenciales serán inatacables legalmente.
En esa llamada “ley de seguridad interior” no existe garantía de audiencia ya que permite la ejecución, inmediata y sin miramientos, del capricho presidencial por medio de la acción militar.
Resulta una burla que esa ley diga que se respetaran los derechos humanos si para su operación los anula sin miramiento alguno.
Se podrá justificar legalmente, como ahora se realiza por la vía de los hechos, romper puertas y allanar viviendas, bajo la existencia de “amenazas a la seguridad interior”.
En esta versión moderna de la Inquisición, se podrá perseguir, investigar y detener a cualquier ciudadano “sospechoso” de poner en riesgo a las instituciones gubernamentales.
¿Qué juez se podrá enfrentar a los cuerpos militares para decirles que violentan la Constitución? ¿Qué autoridad penal los sancionará si esta ley permite hacerla a un lado? ¿Qué prevalecerá la nueva institución llamada “seguridad interior” o los derechos humanos de las personas?
¿Cómo se podrá sancionar o investigar a los cuerpos militares que cometan abusos, si la información que se genere con motivo de la aplicación de esa ley de seguridad interna será considerada de Seguridad Nacional?
La verdadera amenaza es la propia ley
Toda información sobre acciones militares y de policías federales mandados por el presidente bajo la oscuridad de esta ley será secreta.
Los militares y el Presidente de la República podrán actuar sobre toda norma jurídica en nombre de “la seguridad interior”.
La verdadera amenaza a la seguridad interior es la propia ley a la que se le da ese nombre porque pasa por encima de los derechos humanos, porque desconoce toda estructura jurídica de la paz social y porque borra toda seguridad jurídica en favor de la población.
Cuando las botas de los militares se ensucian pisoteando la Constitución es porque la democracia se ha hecho pedazos.
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