La tentación de abusar del poder y oprimir a la población son la constante autoritaria de todos o casi todos los gobiernos de la historia del mundo.
En México no somos la excepción y contamos con abundantes ejemplos de graves violaciones a derechos humanos por parte del Estado. Desde las desapariciones forzadas hasta las ejecuciones extrajudiciales, pasando por detenciones arbitrarias, torturas, feminicidios, crímenes de odio por homo y transfobia… la lista es larga, terrible y vergonzosa.
Generalmente, queda la sospecha, pero existen algunos acontecimientos sobre los que no existe duda alguna. Hay una especie de sentimiento colectivo, de consenso social, respaldado en investigaciones históricas, documentación de casos, etc., donde resulta innegable la participación del Estado en crímenes o violaciones de derechos humanos. Puede haber también un señalamiento de parte de algún organismo protector de estos derechos, que haga mucho más evidente la responsabilidad del Estado.
Entre los crímenes inobjetables en México, digamos emblemáticos, podemos mencionar los siguientes: Tlatelolco, Guerra Sucia, El Halconazo, Acteal, Aguas Blancas, los feminicidios de Ciudad Juárez, los 72 migrantes de San Fernando, la matanza de Villas de Salvárcar, el incendio de la Guardería ABC, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Frente a estos hechos incontrovertibles, los actos de reconocimiento de responsabilidad del Estado conforman un proceso de reparación coherente e integral que incorpora diversas medidas y se orienta a dar satisfacción y dignificar a las víctimas, promoviendo un reconocimiento pu´blico de responsabilidad, ya sea por haber ocasionado directamente las violaciones o por no haber protegido debidamente a las vi´ctimas.
En lo que va de la presente administración federal, se han realizado importantes actos de reconocimiento y disculpa pública que serían impensables en otros tiempos. Tal es el caso de las disculpas presentadas a nombre del Estado mexicano a la periodista Lydia Cacho; a los padres de Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del TEC de Monterrey ejecutados por el ejército mexicano en un tiroteo; a Martha Camacho, víctima de secuestro y tortura en el periodo de la guerra sucia; y, muy recientemente, a las familias víctimas de la matanza de 45 indígenas tzotziles en la localidad de Acteal, en Chiapas.
En las entidades federativas, destacan las disculpas públicas ofrecidas por los gobernadores de Veracruz y Guanajuato. El primero, por la detención arbitraria, desaparición, tortura y ejecución de cinco jóvenes (una menor de edad entre ellos); el segundo, por la omisión de las autoridades estatales para prevenir y atender los abusos cometidos contra niñas y niños al interior de la Casa Hogar “La ciudad de los niños”, en Salamanca.
Reconocer y pedir perdón por las violaciones de derechos humanos del pasado puede considerarse la puerta de entrada para otra relación de las víctimas con el Estado, basada en la recuperación del respeto y la dignidad de las personas afectadas, y el restablecimiento de una cierta confianza. Este reconocimiento, para ser un acto de satisfacción hacia las víctimas, debe señalar, frente a ellas y el resto de la sociedad, que no tuvieron la culpa de lo ocurrido.
Sin embargo, estos actos, para ser efectivos, reparadores y transformadores, deben ir acompañados de otras acciones, como cambios de políticas públicas en materia de seguridad, campañas de atención a víctimas, ceremonias de conmemoración, leyes de amnistía y, sobre todo, el esclarecimiento de la verdad para arribar así, finalmente, a la justicia.
Lamentablemente, en casi todos estos casos, la buena intención de las autoridades queda opacada por la falta de resultados para conocer la verdad de los hechos y obtener justicia para las víctimas. Sin estos dos elementos, no puede haber reparación.
Por ello, es indispensable fortalecer comisiones de derechos humanos y fiscalías profesionales, verdaderamente autónomas, y crear un mecanismo de comisión de la verdad, con acompañamiento internacional, que dé cuenta y registre las graves vejaciones cometidas contra la dignidad y la vida humana. Sólo así, con un proceso efectivo de justicia transicional, México podrá transitar hacia una paz verdadera y duradera.
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