En la crisis de la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero, de Guerrero, parece que el destino ya está escrito. Se trata de su remoción, por la vía de licencia por su propia voluntad, o bien, del ejercicio que apruebe el Senado luego de la solicitud del grupo parlamentario de Acción Nacional en la Cámara Alta para la desaparición de poderes en Guerrero.
Las reacciones derivadas del asesinato de un joven jugador de futbol del equipo Avispones y de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, le generaron un grave frente de crisis, nacional e internacional, que ya no existe solución política a este conflicto, más que sólo por la vía de la dimisión o remoción.
Derivado de lo anterior se encuentran vulneradas y muy debilitadas las estructuras de los campos político, social y de seguridad.
Del área política, esta crisis evidenció la permisibilidad y tolerancia de las actividades de los militantes y sus élites al interior de los partidos políticos. Esto muestra la necesidad de implementar la Comisión Nacional Anticorrupción, para evitar prácticas ajenas e ilegales a las del servicio público. Cuando en un principio el presidente del PRD, Carlos Navarrete, defendió al gobernador Aguirre, ahora ya no mete las manos al fuego por él. Es probable que en el cálculo político haya considerado que Guerrero sería una plaza perdida para su partido.
En la integración de la Comisión Anticorrupción, podría ser posible incorporar a la Auditoría Superior de la Federación, así como a las entidades de fiscalización de los Estados, dirigida por un académico, no por un político.
Esta crisis del área política trajo consigo la percepción ciudadana, de un silencioso pacto de impunidad que pudiera existir entre todos los partidos y su clase política para ocultarse de corruptelas de sus integrantes, y del cual, podría desprenderse la especulación de que el gobernador Aguirre deje la gubernatura, a cambio de inmunidad política para él y su familia, y probablemente alguna candidatura para su hijo.
En el campo de seguridad, vino a demostrar la fragilidad y corruptibilidad de las instituciones de seguridad en municipios y estados. Se señala que el director de seguridad del municipio de Iguala recibía hasta 600 mil pesos mensuales de la delincuencia, como podría suceder en algún otro municipio del país; por otra parte, se han encontrado más de 20 tumbas clandestinas con restos humanos que hasta este momento, ninguna de las osamentas pertenecen a los estudiantes desaparecidos, pero esto genera un nuevo frente de crisis por saber a quién pertenecen esos restos.
Por otra parte, vino a demostrar lo delicado en que se encuentra el sistema de procuración e impartición de justicia mexicano. El primero, todavía funcionando con un sistema inquisitorio, mientras que el segundo, con fallas en el debido proceso y bajo la sospecha por la corruptibilidad de algunos jueces o la aplicación política de la ley. El ejemplo más palpable: la liberación de Florence Cassez y de Rafael Caro Quintero.
Generó que organizaciones como la sección 22 de la CNTE de Oaxaca, se trasladaran a Guerrero para protestar por los desaparecidos; que organizaciones subversivas como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y otros, volvieran a la escena pública, mediante comunicados para apoyar a los normalistas.
Lo más grave, vino a demostrar la vulnerabilidad en el que nos encontramos los ciudadanos que estamos integrados al campo social, por la colusión de servidores públicos con la delincuencia, -de los tres niveles y en los tres órdenes de gobierno-, en nuestro perjuicio.
Demostró el decadente y miserable estado en el que se encuentran los derechos humanos en México, como si su actual presidente mereciera ser reelegido en el cargo, con múltiples y diversos frentes de crisis con organizaciones de derechos humanos, por la inacción en algunos casos, omisión en otros y tolerancia hacia la autoridad.
Ayotzinapa es la gota que derramó el vaso, pero todavía están pendientes de resolver los casos del asesinato del diputado Gabriel Gómez Michel y su ayudante, así como el del secretario general del PAN en Guerrero, los cien mil muertos de la guerra del ex presidente Calderón, secuestros, cobros de piso y demás.
“Cuando el destino nos alcance” no sólo es el nombre de una película; es una frase que engloba la justa retribución de la escuadra y el nivel, a la conducta que podríamos haber realizado en un pasado no muy lejano.
Es muy probable que en esta grave crisis que vive el estado de Guerrero, Ángel Aguirre haya sido alcanzado por su mismo destino, como quizás algún otro político pueda ser alcanzado por su destino.
Twitter: @racevesj