Las marchas, las encuestas, los comentarios editoriales y las redes coinciden en una inconformidad seria con respecto al estado de las cosas en el país. Se trata, por supuesto, de la justa exigencia de justicia en el caso Iguala, de la famosa casa, y de hechos como los de Tlatlaya.
Sin embargo, me parece que en el fondo lo que se expresa es el rechazo a un sistema político que no rinde cuentas, que no genera gobiernos eficaces, que no reduce las brechas de desigualdad, que no promueve el crecimiento económico y, que, sobre todo, no logra mejorar la seguridad de la ciudadanía.
Es evidente que las prioridades y las acciones del gobierno de la República y de las propias instituciones del Estado no corresponden a lo que la sociedad espera. Lo que falta de plantear por parte de la oposición también pasmada y de la sociedad civil poco articulada, es la agenda de cambio que debe exigirse a las autoridades. Me parece que son 10 los temas centrales.
1) Construir un estado de bienestar. Tenemos que pasar de una multitud de programas y acciones de gobierno a un sistema en el que se proporcionen y sean exigibles servicios mínimos aceptables y universales de alimentación, educación y salud, un seguro de desempleo, salario y pensión mínima, preparatoria universal y educación superior a todos los que tengan las capacidades necesarias. Eso requiere tiempo y una nueva discusión sobre fiscalidad, pero se pueden establecer objetivos muy precisos para alcanzar en todos estos temas y alinear todos los esfuerzos a este objetivo.
2) Que el sistema de procuración e impartición de justicia sea eficaz y deje de ser la mayor fuente de desigualdad social. Las propuestas son claras, que exista una verdadera defensoría de oficio, que exista investigación pericial competente, que se vigile la consistencia de los fallos, el patrimonio y los conflictos de intereses de los jueces, que se desarrolle la justicia y los sistemas de penas alternativas y que los agentes investigadores sean confiables y capaces.
3) Que el Estado tenga intervenciones eficaces para que la economía crezca. Buena parte de la inconformidad que vivimos tiene que ver con años de crecimiento promedio que apenas rebasa el poblacional. Lograrlo requiere repensar como hemos entendido que funciona la economía y establecer políticas industriales ambiciosas, acelerar el gasto en infraestructura, alinear la política monetaria con el objetivo de crecimiento, reducir los costos del sistema financiero y detonar el crédito, recuperar el dinamismo de la construcción inmobiliaria, combatir la competencia desleal que enfrentan productores nacionales, generar esquemas eficaces para que las empresas medianas absorban tecnología, maduren y se integren a las cadenas productivas de alto valor.
4) Que la prioridad sea la seguridad ciudadana. Eso implica repensar la política de drogas y poner en el centro de atención a las personas, a los usuarios, a los habitantes en las comunidades en donde las bandas operan e incluso a los campesinos y los que las transportan por presión de los criminales. Se trata de dejar de perseguir a consumidores y a la cadena más débil de narcotráfico, para enfocarse en lo sicarios, en los que trafican armas, los que extorsionan, secuestran y cobran piso. La inteligencia debe estar en identificar riesgos y prevenir sucesos como en los de Iguala, en identificar los modos de operación y reducir al máximo la peligrosidad de la bandas. Se requiere que en ningún caso se considere mejor afectar los derechos humanos de una persona en el nombre del combate al narco, urge un compromiso de investigar todo crimen cometido, así sea presuntamente de narcos contra narcos, de dar respuesta a los que buscan a sus desaparecidos.
5) Que el sistema político y de gobierno abra espacios de participación ciudadana efectiva. A pesar de los cambios constitucionales, las consultas ciudadanas sin legislación secundaria son imposibles, las candidaturas independientes tienen restricciones prácticamente imposibles de superar, los partidos aseguraron enormes cantidades de recursos y las dirigencias el control de las candidaturas e incluso de la posibilidad de reelección. Todo eso requiere ser reformado para abrir la participación política, además de establecer en todas las instancias de gobierno mecanismos de diálogo con la sociedad a la hora de hacer política pública, hacer del gobierno una institución que dialogue todo el tiempo con los actores sociales.
6) Que la corrupción y los privilegios dejen de ser la norma. Esta bien la propuesta de un sistema nacional anti corrupción, falta otra de un ombudsman que analice y apoye la demanda ciudadana, así como agencias que investiguen y detecten las áreas de riesgo. No existe razón por la que no conozcamos a detalle el patrimonio de los funcionarios públicos, sus negocios, sus intereses, sus financiadores. Existen mecanismos para transparentar los procesos de licitación, con expertos reales que valoren los procesos, con indicadores claros que prendan los focos rojos ante la posibilidad de irregularidades. Eso implica también que paguen impuestos las grandes empresas y que quienes corrompen desde el sector privado sean perseguidos y castigados.
7) Que el gobierno ofrezca soluciones eficaces y efectivas a los problemas públicos, con plantación, metas y evaluaciones precisas. Requerimos de instituciones de planeación que establezcan metas, que generen indicadores, que tengan bancos de proyectos socialmente rentables. Necesitamos que la evaluación que ya hacemos de las políticas efectivamente ayude a mejorar los programas, a eliminar a los que no son eficaces, ni progresivos. Tenemos que retomar la agenda del servicio profesional de carrera, del presupuesto basado en resultados, de los sistemas de contabilidad y fiscalización homogéneos.
8) Que se reconozca la magnitud del problema de la discriminación que existe en México por clase social, género, raza, preferencia sexual, condición física y edad, y se actúe en consecuencia. Eso implica educar desde edades muy tempranas en temas de sexualidad y roles de género, condenar con severidad la homofobia, establecer condiciones laborales en las que sea posible conciliar trabajo y familia, realizar políticas de acción afirmativa en favor de grupos estructuralmente desfavorecidos. Necesitamos establecer metas claras como hacer posible que miles de indígenas lleguen a la universidad, que se elimine la diferencia salarial entre hombres y mujeres, así como que los medios no reproduzcan los patrones de discriminación.
9) Que se diseñen y pongan en operación planes especiales de desarrollo para las regiones de mayor marginación del país. De no ser así, las políticas sociales ayudarán a contener la pobreza, pero no a reducir su magnitud. La raíz de pobreza está en que buena parte del país no podrá generar riqueza y desarrollo sin programas inteligentes de inversión en infraestructura, en capital humano, en energía, en el desarrollo de la agroindustria, sin que se facilite el crédito. La agenda de retomar el desarrollo regional como objetivo es indispensable para reducir la desigualdad.
10) Retomar temas dejados a un lado en las reformas estructurales. La reforma energética dejó enormes dudas con respecto a los abusos que podrían cometer las firmas que van a invertir en energía y las posibilidades reales de las agencias públicas para regularlas. Parecería que el único objetivo fue extraer materias primas y no contribuir a industrializar nuestra economía. La reforma en Telecom, por otro lado, no garantiza ni el acceso universal al internet, ni medios públicos de calidad y gran cobertura, ni un sistema de competencia que ampliará la oferta de información a la ciudadanía, algo fundamental para la democracia.