Esa es la repregunta que debería responder el Informe de Finanzas Públicas que presenta la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión. En realidad se trata de un documento generalmente ignorado, utilizado sólo por especialistas y con poco impacto en la prensa mexicana que tiene dificultades para procesar ese tipo de información. Como tampoco contamos con una oficina de presupuesto propiamente dicha, capaz de monitorear los ingresos y los gastos públicos durante el ejercicio y opinar de manera oficial sobre los informes de finanzas públicas, la información proporcionada varía en calidad y desglose de un informe a otro.
Es verdad que el nivel de información de finanzas públicas en México es aceptable a estándares internacionales, pero también existen fallas serias que impiden conocer a detalle el manejo financiero de los dineros del país. Del último informe trimestral del año pasado, que permite conocer todo lo que sucedió en 2015, se saben cosas como que en realidad el gasto público no fue recortado, el gasto corriente creció en casi 6%, pero la inversión física cayó en más de 8% y la deuda se incrementó en 4.3 puntos de PIB.
Somos un país que se endeuda a un ritmo preocupante, que reduce la inversión y que no reduce el gasto público no prioritario. Lo anterior es ya un factor que contribuye a generar desconfianza en el país y que se refleja en la inestabilidad cambiaria.
La deuda pública del país supera la mitad del valor de toda la economía. Eso no es muy diferente a los niveles de endeudamiento que tienen países como España, Italia o Irlanda antes de tener que rescatar a sus instituciones financieras al final de la década pasada. De hecho el costo financiero total de México, es decir intereses y comisiones no es muy distinta a toda la deuda gubernamental excluyendo la de PEMEX. Eso es un poco como comenzar a pagar los intereses de una tarjeta con el crédito de la misma.
México se endeudó en momentos de altos precios de petróleo y, por tanto, ahora que han bajado tiene mucho menos margen para tomar deuda. El 2016 será el cuarto año consecutivo en el que el déficit público supere los tres puntos del PIB. La deuda mexicana no está relacionada con proyectos específicos de inversión, por lo que se puede, y de hecho se hizo, destinar a inversión pública de bajo impacto.
Los 15 puntos del producto que creció la deuda durante el sexenio actual no sirvieron para financiar un sólo proyecto de obra pública de gran envergadura. Por tanto, la deuda ni impulsó el crecimiento económico, ni la competitividad del país. Como señalamos en el párrafo anterior, el año pasado, cuando más deuda se tomó, el gasto en inversión directa se desplomó.
El endeudamiento también tiene serios problemas de opacidad y de registro. Uno es el hecho que instrumentos como la bursatilización de fondos de infraestructura para escuelas no se registran como deuda. La otra es que no se cumple lo establecido en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para solamente excluir de la contabilidad del déficit la deuda de PEMEX, cuando también se excluye la de CFE y unos proyectos de alto impacto, de los que no se informa en el reporte trimestral de finanzas.
Lo anterior cobra relevancia debido a que se prevé que este tipo de instrumentos que obtienen recursos vía la bursatilización de ingresos futuros sea la manera de capitalizar a PEMEX en los próximos años, lo que implica que los compromisos por esta vía crecerán. El gobierno juega con distintas variables para cumplir la meta de déficit, por ejemplo, en diciembre dejó que PEMEX se quedara con el 95% de los ingresos petroleros, por lo que a pesar de que los ingresos por petróleo cayeron en 30% los de PEMEX sólo en 3%, por lo que se alcanzó la meta de balance aprobada por el Congreso. Ahora eso no ayudó a fortalecer la empresa, ya que el gasto en inversión cayó en 17.1% y el corriente creció en 13.8 por ciento.
Es decir, la contabilidad pública comienza a ser creativa. Incluso los mercados ya advierten de los mayores riesgos de la deuda mexicana. Los llamados Credit Default Swaps (CDS), que miden los puntos porcentuales que paga la deuda de un país por encima de un riesgo cero, pasaron de 154 puntos a 218 en dos meses.
El gobierno, además de endeudarse, financia buena parte de su gasto con los llamados aprovechamientos, que son disponibilidades financieras, ingresos que se generan por una sola ocasión o desincorporación de activos de instituciones públicas. En este rubro la falta de información es particularmente grave. Se tenían programados ingresos por alrededor de 175 mmdp y se alcanzaron más de 400 mmdp. Alrededor de 130 mmdp del incremento se explica por la cobertura petrolera y el remanente de operación del Banco de México, pero de más de 100 mmdp no se conoce su origen.
Otros datos llaman también la atención, por ejemplo que el gasto en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México pasó de un autorizado de alrededor de 3 mmdp a más de 20 mmdp. Lo anterior contrasta con la reducción de los proyectos de infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en más de 16 mmdp. Es decir, el gasto carretero y portuario se recortó para financiar el controvertido proyecto del nuevo Aeropuerto del Valle de México.
Otro tema preocupante es que 108 mmdp adicionales se destinaron en 2016 para apoyar a PEMEX y CFE en su pasivo laboral, lo que ilustra la magnitud de los requerimientos de ese tipo de ambas empresas.
Lo que se requiere es ofrecer certeza en el manejo de las finanzas públicas. Es urgente detener la tendencia a esconder o dificultar el registro de pasivos. El gobierno también requiere realizar un recorte al gasto no prioritario, fue algo a lo que se comprometió y no hizo el año pasado. El recorte no puede consistir en recortar de manera masiva puestos laborales o programas y servicios públicos.
Tampoco la inversión pública, que es ya la más baja en décadas. Eso generaría enormes costos a la población y afectaría el crecimiento de la economía. Lo que es posible es reducir los sueldos de la alta burocracia, privilegios como el seguro médico y otros gastos como arrendamientos, vehículos, publicidad, etcétera.
Eso también incluye revisar los procesos de licitación para reducir costos. Esto también tendría que incluir recortes a los recursos de partidos, congresos y órganos autónomos. Se quiere también tomar medidas como eliminar la posibilidad de eludir el pago de impuestos por medio de instrumentos como las transferencias a paraísos fiscales o los espacios que quedan para diferir impuestos. Tenemos que encontrar la manera de gravar más a los sectores más acaudalados de la población el famoso uno por ciento.