El Siglo XIX mexicano fue de luchas constantes, confrontaciones de unos con otros, guerras, carencias, pobreza económica, indefiniciones políticas; centralismo o federalismo; conservadores o liberales; monarquía o República; gobiernos prematuros o débiles contra gobiernos abusos y traidores; entreguistas monárquicos contra republicanos... todo ese espacio por definirse y que costó la vida a muchos para construir una Nación: La Nación Mexicana.
Pero de una cosa si estaba segura la gran mayoría: el gobierno mexicano debería ser laico y las cuestiones religiosas deberían estar en su espacio natural y sólo ahí: los recintos religiosos. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios... Sobre todo porque durante años el clero fervoroso se había servido con la cuchara grande del ‘poder y el dinero, las tierras y beneficios...’
Laico transcurrió la mayor parte de los siglos XIX y XX. Esto así, porque los
mexicanos nos ungimos de ese laicismo político, sin mengua de las creencias religiosas de cada uno. Distintas religiones conviven en el espacio nacional y distintas formas de entenderse en ellas son parte de la cultura íntima y colectiva. Predomina aún la religión Católica-Apostólica-Romana. ¿Cuánto tiempo más?
Todavía hace poco los políticos mexicanos se cuidaban de no hacer alusiones a sus creencias religiosas en público. A la menor intención de alguno, se le recordaba el laicismo mexicano y las razones del por qué. Así que tampoco acudían a ceremonias públicas religiosas ni mezclaban lo clerical con lo político en sus discursos, aunque por debajo del agua había alguna que otra componenda entre clerecía y gobierno en turno.
En 1991 tomó posesión como gobernador de Guanajuato Carlos Medina Plascencia. Era del partido conservador mexicano, el Partido Acción Nacional. Y fue el uno de los primeros en acudir a una ceremonia religiosa ya ungido como gobernador: el escándalo fue mayúsculo, pero él no se inmutó porque privilegiaba sus creencias religiosas a sus deberes constitucionales.
Pero como que ya estaba sembrada la semilla y de pronto algunos políticos, sobre todo de la derecha mexicana (PAN) se hacían los aparecidos en ceremonias católicas: ya bodas, bautizos, confirmaciones... Y esto se transmutó a los egresados de las filas de la Revolución institucionalizada.
Cuando no iban a misa a los templos, hacían que los curas vinieran y les hicieran la misa a domicilio o hasta en el recinto oficial. Pero todos, chitón.
Carlos Salinas de Gortari en 1992 restablece las relaciones diplomáticas con el Vaticano, rotas desde 1904 después de que el presidente Benito Juárez, el paladín del laicismo mexicano, confiscó propiedades eclesiásticas entre 1856 y 1861. Los alegatos y el litigio duraron todos esos años.
[El Presidente Juárez había disuelto las órdenes religiosas y ordenó la separación de la iglesia y el estado, creando México como un país laico.]
Algunos de los poderes de la Iglesia Católica fueron reinstalados luego por Porfirio Díaz. En 1926, el presidente Plutarco Elías Calles, promulgó la Ley Calles, que erradicó todos los bienes personales del clero, cerró iglesias que no estaban registradas en el estado y prohibió a los clérigos ocupar un cargo público. La ley era impopular, y ocurrió la Guerra Cristera (1926-1929). En 1974, el presidente Luis Echeverría Álvarez fue el primer jefe del Estado mexicano en visitar la Santa Sede.
Y así el largo y sinuoso camino en México entre lo religioso y lo pagano; lo clérigo con el poder político. Los mexicanos cuidadosos de su laicismo juarista, a pesar de todos esos vaivenes y deslices, siguen viéndose como un país en el que “cada chango en su mecate”: Iglesia y creencias religiosas en los templos; y en las oficinas de gobierno eso: el gobierno.
Todo esto viene al caso porque el 26 de octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en Sonora, frente a representantes de pueblos Mayo, Guarijío y Yaqui: “¿Por qué sacrificaron a Jesucristo? ¿Por qué lo espiaban? Por defender a los humildes, por defender a los pobres. Esa es la historia real. Entonces, que nadie se alarme cuando se mencione la palabra cristianismo. Cristianismo es humanismo... Todas las religiones tienen ese propósito: el humanismo, el amor al prójimo. Esa es la justicia social, a eso se le puede llamar solidaridad, se le puede llamar fraternidad, se le puede llamar de distintas maneras, pero es ser realmente fraterno con los demás...”
A modo de púlpito, el presidente hizo estas reflexiones en las que hace pasar de creencia religiosa al hecho político: la religión como fundamento de la función pública y su labor social.
Cada uno de los mexicanos tiene derecho a profesar la religión que mejor le vaya a su fe espiritual. Es parte de los derechos y, sobre todo, de las libertades consagradas en la Constitución mexicana.
Y es cierto que el presidente de México está en su derecho de profesar la religión “Cristiana”, como ya es sabido y como se percibe en su discurso político, en el que hace frecuentes alusiones a la Biblia y menciona frases de ella a las que le da sentido político...
Y en esa parte ocurre una especie de contradicción entre su espíritu juarista. No hay que olvidar que una de las Transformaciones, la segunda, es precisamente la Reforma, una Reforma que adquiere sentido en el derecho, en su sentido liberal y, sobre todo, laica.
Y ahí está, también, aquella encomienda juarista que ya retiró el presidente López Obrador de su catálogo de frases célebres: “Al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie”. Luego diría: “Si me preguntan qué es primero, yo diría que primero es la justicia, y luego la ley”. ¿Y entonces?
Si la Segunda Transformación es uno de los pilares de su ideario político; y si a ésta le quita la esencia, entonces ¿qué queda de esa transformación? –ahora transformada–.
Ser Cristiano está en todo su derecho. Pero eso: hacer de su filosofía más íntima y moral un mandamiento de gobierno es muy distinto. La Constitución es eso: nos da sentido y genera el estado político, el de gobierno, el de República y la moral social y ética que nos constituyen y en el que se sustenta todo hecho de gobierno y participación democrática. ¿Será vigente aun?