Opinión

Crisis migratoria: México, a prueba

La gravedad de la crisis migratoria en México impone la obligación al Estado mexicano de establecer mecanismos institucionales eficaces. | Susana Pedroza*

  • 27/01/2020
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La crisis migratoria que se ha presentado especialmente de países centroamericanos como Honduras, El Salvador y Guatemala, ha significado para México un verdadero desafío que, como lo he sostenido en otras publicaciones, ponen a prueba las capacidades institucionales del Estado mexicano, para brindar atención a cientos de miles de personas migrantes en contexto de migración.

México cuenta con un sistema de no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, integrado por los 32 organismos estatales de derechos humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como con un incipiente Sistema Nacional de Atención a Víctimas integrado, entre otros, por las Comisiones de Atención a Víctimas locales o estatales y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Lo anterior, por un lado, se trata nada más ni nada menos de los principales instrumentos del Estado mexicano mediante los cuales se busca garantizar la observancia y el respeto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio nacional y, por otro lado, en caso contrario, reparar la violación a estos derechos como lo establece el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, la gravedad de la crisis migratoria en México impone la obligación al Estado mexicano de establecer mecanismos institucionales eficaces, no para contener el flujo migratorio, el cual en sí mismo se ve casi imposible en el corto o mediano plazo, sino para responder a las necesidades más apremiantes que presenta este grupo de personas reconocido por la legislación como un grupo vulnerable que merece una atención diferencial y especializada. Recordemos también que esto incluye a niñas, niños y adolescentes migrantes que conforme a los principios internacionales de derechos humanos se debe garantizar el interés superior de la niñez.

Hace unos días, el 20 de enero, vimos a través de los medios de comunicación que, en la localidad de Tapachula, Chiapas, en el río Suchiate, cientos de personas migrantes centroamericanas cruzaban a territorio mexicano por dicho río, donde la Guardia Nacional mexicana, en un intento fallido por impedirlo, terminó participando en un enfrentamiento a golpes, pedradas, patadas y demás contra los migrantes. Esto no hace más que mostrar precisamente las capacidades o las incapacidades institucionales del Estado mexicano, para resolver el tema migratorio.

La mala fortuna experimentada por las personas migrantes que se ven obligadas a salir de sus lugares de origen, por necesidades económicas o como consecuencia de la violencia, marginación y pobreza, se ve agravada cuando en su camino hacia Estados Unidos de Norteamérica suelen ser víctimas del delito o de violaciones a sus derechos humanos.

El grupo de personas migrantes, un grupo en especial situación de vulnerabilidad, padece durante su andar hacia EU actos de discriminación, secuestro, violencia sexual, trata de personas, etcétera, cuyos hechos son de una alta incidencia, generalmente provocados por circunstancias tales como las acontecidas en el río Suchiate, donde los migrantes con el afán de lograr continuar su camino lo intentan a toda costa, para evadir los puntos de control, la revisión migratoria, así como a las autoridades encargadas de la seguridad pública como la Guardia Nacional, entre otras.

El contexto migratorio siempre presenta escenarios en los que se advierten fundamentalmente carencias económicas y sociales, pero también debilidades o incapacidades institucionales. Esto agrava la situación puesto que se pasa a un tema de índole humanitario en que el Estado mexicano se encuentra obligado internacionalmente a brindar todas las garantías de seguridad, asistencia, alimentación y demás, a las personas migrantes mientras se encuentren en el país.

Factores que inciden u ocasionan hechos de violencia contra los grupos de personas migrantes, los encontramos enraizados en las propias estructuras institucionales, es decir, parte de la debilidad de las instituciones públicas como el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional radica en la falta de conocimiento en materia de derechos humanos y de atención a víctimas.

De ahí la importancia de pasar del planteamiento retórico de la defensa y protección de los derechos humanos, a la ejecución de políticas públicas que tiendan a establecer puentes entre las legítimas aspiraciones de los migrantes, y los deberes de protección y seguridad que el Estado mexicano tiene frente a ellos.

Recordemos que la libertad de tránsito siendo un derecho humano universalmente reconocido al ser humano establece, a su vez, obligaciones o responsabilidades mancomunadas, es decir, quizá el problema no radica en dejar pasar a los cientos de miles de personas centroamericanas en contexto de migración internacional, sino en la aceptación y el reconocimiento de éstas, que el registro y control migratorio les otorga, no un tipo de salvoconducto sólo para llegar a la frontera norte del país, sino garantías de seguridad para contar con los servicios y atención mínima indispensable para su subsistencia como: seguridad, salud, alimentos y alojamiento.

Una perspectiva de derechos humanos en el ejercicio de las actividades públicas, combinada con recursos económicos suficientes y políticas públicas que incentiven las tareas de promoción y de prevención de violaciones a estos derechos, probablemente evitarían que hechos como los acontecidos hace unos días en el río Suchiate, en la frontera de Tapachula, Chiapas, se repitan.

*Susana Pedroza de la Llave

Investigadora titular “B” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; coordinadora general de la División de Estudios de Posgrado y del CIJUREP de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, e investigadora nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

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